Denuncian el secuestro policial del periodista de Canal 23 Elsbeth D'Anda

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión registró "con preocupación" el secuestro policiasl del periodista Elsbeth D'Anda, director del programa La Cobertura que se transmite en el Canal 23, ocurrida el pasado 27 de octubre a las 3:15 de la tarde.

La detención fue reportada por el organismo Abogados Defensores del Pueblo en una nota en la que asegura que el periodista no está relacionado con ningún caso de drogas, a como dejó entrever la dictadura, sino que el rapto se originó porque en su programa habló sobre el alto precio de la canasta básica en Nicaragua y la carestía de la vida en tiempos de navidad.

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La detención ilegal de D'Anda también fue denunciada fue el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), mediante un post en la red social X este jueves 14 de noviembre.

"El gobierno de Nicaragua debe libertar inmediatamente a Elsbeth D'Anda, periodista de Canal 23, detenido el 27 de octubre tras informar en su programa sobre el aumento del precio de la canasta básica. Es inaceptable encarcelar a periodistas solo por hacer su trabajo. Silenciar al mensajero no silenciará el mensaje", reclamó el CPJ.

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El secuestro

El pasado domingo 27 de noviembre, cerca de las 3:15 de la tarde, cinco patrullas con 20 agentes rodearon el perímetro de la casa del comunicador.  Oficiales redujeron, lo esposaron, lo metieron a un vehículo civil y se lo llevaron a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), a la cárcel de tortura conocida como el nuevo Chipote, denunció el abogado José Antonio López, del organismo Abogados Defensores del Pueblo.

Los policías allanaron la casa de D'Anda y se le llevaron todas las herramientas de trabajo, incluida una computadora, una tablet y el teléfono celular.

Los familiares pidieron a los uniformados que mostraran orden de allanamiento, pero no lo hicieron.

La dictadura Ortega Murillo ha obligado a salir del país a al menos 278 periodistas desde 2018. Actualmente, ningún medio indepentiente opera dentro de Nicaragua debido a la criminalización de la labor periodística que impera, según un informe divulgado en octubre por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).