La Iglesia católica en Nicaragua: tres obispos desterrados y cuatro diócesis con mando a distancia

El destierro de monseñor Carlos Herrera deja acéfala a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), con un cardenal a la espera de jubilarse y cuatro diócesis sin obispo en terreno. Es un panorama que complica aún más la ya debilitada estructura de gobierno de la Iglesia católica en el país que sigue sufriendo la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

El obispo de Jinotega es el tercer jerarca católico desterrado por la dictadura en el último año. Su “delito” fue cuestionar el bullicio provocado por la Alcaldía durante una misa y llamar “sacrílego” al alcalde orteguista.  

En enero de este año fue expulsado el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez tras pasar 17 meses encarcelado. También fue desterrado el obispo de Siuna, monseñor Isidoro Mora, quien había sido detenido en diciembre por mencionar al obispo Álvarez en una misa. En abril de 2019, había salido del país el Obispo Auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez a petición del Papa porque supuestamente había un plan para asesinarle. 

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De esta forma, la Conferencia Episcopal de Nicaragua queda con cuatro obispos y un cardenal dentro del territorio. Monseñor Jorge Solórzano, obispo de la Diócesis de Granada; monseñor Marcial Guzmán, obispo de la Diócesis de Juigalpa; monseñor Francisco José Tijerino, obispo de la Diócesis de Bluefields; y monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de la Diócesis de León. También está el cardenal Leopoldo Brenes como Arzobispo de Managua a la espera de su retiro tras haber enviado su carta de renuncia al papa Francisco en marzo de este año cuando cumplió 75 años, según lo establece el derecho canónico.

Cuatro diócesis y 51 municipios sin obispo 

La persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia ha venido en aumento desde abril de 2018 por las críticas a la represión y las violaciones de derechos humanos que cometen. La Iglesia se había caracterizado por años por denunciar las acciones del gobierno o evidenciar los graves problemas del país. La Conferencia Episcopal lleva dos años sin publicar una carta pastoral.  

Han sufrido de todo: encarcelamiento de obispo, acusaciones de lavado de dinero, bloqueo de cuentas bancarias, cierre de medios de comunicación, cancelación de organizaciones sociales de ayuda a la comunidad, cierre de colegios, destierro de religiosas, asedio y hostigamiento policial hasta profanaciones de templos. 

La salida forzada de tres obispos en ejercicio complica aún más la labor pastoral y gobierno eclesiástico en Nicaragua. 

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Cada obispo tiene a su cargo el gobierno y cuidado de una Iglesia local, organizadas territorialmente como diócesis. El obispo, por ejemplo, es el que administra legítimamente el sacramento de la confirmación.

La Diócesis de Matagalpa, la Diócesis de Estelí (que también comprende los departamentos de Nueva Segovia y Madriz), la Dieciséis de Siuna (que abarca el Caribe Norte y los municipios de Paiwas, Desembocadura de Río Grande y La Cruz de Río Grande en el Caribe Sur) y la Diócesis de Jinotega están sin obispo en terreno y sus titularres ejercen desde su destierro el mando a distancia.

Esto representa ocho territorios y 51 municipios de Nicaragua sin autoridad eclesiástica presente. 

Desde 2022, 74 religiosos han sido detenidos y sufrido torturas, 63 han sido desterrados y 35 desnacionalizados. Con esos datos, la dictadura ha expulsado al 25 por ciento de los sacerdotes del país, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. 

De momento, ni la Conferencia Episcopal de Nicaragua ni la Santa Sede se han referido al destierro del obispo Carlos Herrera.