La Corte IDH dictará sentencia en el caso contra el Gran Canal de Daniel Ortega

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dará a conocer el próximo 18 de noviembre su sentencia sobre la demanda interpuesta por los pueblos Rama y Kriol de Nicaragua contra las leyes 800 y 840, aprobadas bajo el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para impulsar la construcción del Gran Canal Interocéanico, el mayor de sus fracasos.

La Ley 800, Ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad de el Gran Canal Interoceánico de Nicaragualeyes, constituyó el marco legal del proyecto canalero con capital chino. En tanto, la Ley 840, Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a EL Canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas, fue creada para otorgar concesiones del proyecto canalero en tierras indígenas y de afrodescendientes.

Los demandantes exigieron ante Corte IDH la derogación de ambas normas. El alto tribunal analizó el caso y deliberó su sentencia durante el 165 Período Ordinario de Sesiones, realizado entre el 7 y el 22 de marzo de este año 2024.

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La dictadura Ortega Murillo ya derogó la Ley 840, el pasado 8 de mayo de 2024, luego de conocerse, a través de medios de comunicación de China, que la empresa Xinwei Group, dirigida por Wang Jing, fue declarada en quiebra, casi tres años después de que, en junio de 2021, su cotización en la Bolsa de Valores de Shanghai fuera suspendida debido a “movimientos financieros irregulares”. Es decir, le quitaron la concesión canalera a su socio chino ante las sospechas de que era un estafador.

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Abusos de los Ortega Murillo

En su demanda, los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense alegan que ninguna de las dos leyes creada para sustentar el proyecto canalero fueron consultadas por las autoridades nacionales con el Gobierno Territorio Rama y Kriol (GTR-K) ni con la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields (CNCIB), a pesar que un 52 por ciento de la ruta del proyecto  atravesaría sus territorios.

Los afectados alegan que la dictadura cooptó al presidente del gobierno rama y kriol y lo hizo firmar, sin obtener el consentimiento previo de las comunidades, un supuesto convenio que le otorgaba ilegalmente el arrendamiento perpetuo sobre 263 kilómetros cuadrados de tierra indígena a la Autoridad del proyecto canalero.

Asimismo, atribuyen a la dictadura Ortega Murillo otros abusos como imponer un gobierno paralelo al legalmente constituido por la comunidad negra, creole e indígena de Bluefields, abortar el proceso de titulación de su territorio tradicional y, violentando el debido proceso legal, entregó al gobierno paralelo solo siete por ciento de la tierra, dejando fuera al 93 por ciento de la tierra reclamada originalmente por la comunidad negra, creole e indígena de Bluefields.

En el caso de la derogación de la ley 840, activistas ambientalistas y líderes opositores advirtieron en su momento que con la maniobra el dictador Ortega estaría buscando sacar más provecho económico a la obra canalera y entregarle la concesión a otro inversionista.