La OIT investigará las violaciones a los derechos laborales y empresariales perpetradas por la dictadura

El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidió enviar una misión tripartita de alto nivel a Nicaragua para que evalúe las quejas que existen en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones de los derechos de los trabajadores y los empresarios o empleadores por razones políticas.

La decisión se tomó luego de que la dictadura Ortega Murillo se negó a cumplir con solicitudes de la OIT sobre detener los abusos contra empleados y empresarios, incluidos encarcelamientos, así como restituir derechos como restaurar personerías jurídicas del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y otros gremios empresariales que han sido cancelados.

El opositor Juan Sebastián Chamorro explicó que la decisión de la OIT es semejante a la que han tomado organismos internacionales de derechos humanos en contra de la dictadura por crímenes de lesa humanidad, pero los Ortega Murillo desde diciembre de 2018 no dejan entrar al país a ninguna delegación de dichos organismos.

"Vamos a ver si el régimen acepta la entrada de esta comisión (de la OIT)", advirtió Chamorro. La misión tripartita, sea que la dictadura la deje entrar al país o no, deberá presentar, en marzo de 2025, durante la 353 reunión del Consejo de Administración, un informe completo para que con base en el mismo se adopten nuevas medidas de acuerdo a los reglamentos en contra de los Ortega Murillo.

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Las violaciones laborales de los Ortega Murillo

Los abusos denunciados por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) se refieren principalmente a que, desde abril de 2018, el régimen Ortega Murillo ha creado un "persistente clima de intimidación y acoso de las organizaciones de trabajadores y de empleadores independientes".

Además, los Ortega Murillo también han convertido en prisioneros políticos a dirigentes empresariales, como fueron los casos de José Adán Aguerri y Michael Healy, expresidente y presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), organismo que también fue cancelado junto a otras agrupaciones empresariales.

El "clima de violencia, inseguridad e intimidación que prevalece en el país (es) propicio para actos de discriminación en el empleo y la ocupación basados en la opinión política", lamenta una resolución tomada por el Consejo de Administración el pasado primero de noviembre.

La queja incluye abusos del régimen contra los empresarios incluso por motivos de género. Ténicamente, el caso se maneja como incumplimientos de parte de Nicaragua de cuatro convenios internacionales: el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, número 87; el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, número 98; el Convenio sobre la discriminación al empleo y la ocupación), número 111, que incluye la discriminación por razones políticas y el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), número 144.

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El régimen no responde

El marzo de 2024, el Consejo de Administración revisó un informe de su Mesa sobre las quejas contra la dictadura, en su 350.ª reunión, y determinó instar al régimen a subsanar las violaciones cometidas a los cuatro convenios señalados y que aceptase la asistencia técnica de la OIT.

Además, decidieron pedirle información detallada sobre las quejas y aplazó hasta la 352.ª reunión el tomar una decisión, así como también el director general también planteó la posibilidad de conversar para iniciar un diálogo con el fin de brindar asistencia técnica a los mandantes tripartitos de Nicaragua, es decir, apoyar a los sindicatos, los empresarios y al gobierno nicaragüense.

El 5 de abril de 2024 informaron la decisión a la dictadura y luego también contactaron con la ministra del Trabajo, Alba Luz Torres Briones y el 9 de agosto le propusieron una reunión virtual para buscar la manera de apoyar al régimen.

Sin embargo, el régimen no respondió a ninguno de los contactos y solicitudes. En su resolución del pasado primero de noviembre, el Consejo de Administración depolró "la ausencia de un compromiso significativo del gobierno (régimen Ortega Murillo), así como el hecho de que este no haya respondido a ninguna de las comunicaciones de la Oficina y no haya facilitado la información solicitada por el Consejo de Administración".