La dictadura ha destituido al margen de la ley a al menos 23 alcaldes en menos de dos años

Al menos 23 alcaldes han sido destituidos en Nicaragua por órdenes del régimen Ortega-Murillo, desde enero del 2023. Todos ellos fueron designados por el Consejo Supremo Electoral (CSE), en el mayor fraude electoral ejecutado por el dictador Daniel Ortega.

Entre los alcaldes destituidos están Rigoberto Obando Flores, del municipio de El Castillo, Río San Juan; Rosario Caldera, alcaldesa de Granada; la profesora Lesbia Treminio, alcaldesa de Ciudad Darío, Matagalpa; y el alcalde de Ciudad Sandino, Reynaldo Flores Genet.

Todos los alcaldes destituidos fueron cesados bajo la presunción de actos de corrupción, pero ninguno de ellos ha sido enjuiciados, ni se ha sentado en el banquillo de los acusados. Últimamente, la dictadura ha usado un nuevo método para eliminar alcaldes, pues ahora los obliga a "renunciar", como ocurrió recientemente con Everth López Aguirre, alcalde del municipio de El Rosario en Carazo y conocido como uno de los líderes fieles al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Antes de eso, lo que el régimen venía haciendo era utilizar a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y miembros de la Policía Orteguista, para tomar el control de las municipalidades señaladas por actos de corrupción.

Sea como fuere, se trata de destituciones al margen de las leyes del país, lo que implica una “supresión de hecho” del marco legal que rige a los gobiernos municipales, indicó a DESPACHO 505 un experto en temas municipales que pidió anonimato por razones de seguridad.

El especialista señala que, aunque se ha hablado de que los alcaldes o alcaldesas han sido destituidos por supuestos actos de corrupción, no hay información oficial al respecto, ni evidencia que contradigan esa afirmación.

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“Lo que se ha venido practicando es que las destituciones se dan y no se conoce, no hay información, solo lo que se dice, que se presume sucedió, y alguna fuente dijo, pero no hay nada comprobado ni hay información oficial”, indicó la fuente.

Las dos últimas destituciones fueron a leales al régimen Ortega-Murillo, y muchos de ellos, como es el caso del alcalde de El Castillo ejercía su tercer período consecutivo con la venia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Obando Flores permanecía en la alcaldía desde el 2013 despues que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló la reeleccion continua en las alcaldías. Acevedo, por su parte, ejercía su tercer mandato. Fue electo alcalde en las cuestionadas elecciones municipales de noviembre del 2008 y regresó a la silla edilicia en el 2018. Fue reelecto en la farsa electoral del 2022.

Los 23 funcionarios municipales destituidos eran parte de los 153 alcaldes y alcaldesas que el dictador nicaragüense impuso, a través del CSE en el 2022, para el período edilicio 2023-2027.

Los abusos de la dictadura

La dictadura no debería de destituir a ningún alcalde o alcaldesa porque exista una presunción de algún delito, porque la ley 40, la que rige a los municipios, establece en el artículo 24 que la destitución debe consumarse hasta que exista una condena o sentencia firme en contra del sospechoso o imputado, señala un experto en municipalismo.

El alcalde o alcaldesa pierde la condición cuando le condenan “mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo por delito que merezca pena más que correccional por un término igual o mayor al resto de su período”, reza la mencionada clausula, en las que se mencionan todas las causales para la destitución de esos funcionarios.

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Otro abuso de la dictadura, añade el especialista, es que está sustituyendo a los alcaldes o alcaldesas destituidos con personas que ni siquiera son concejales o bien concejales, pero la ley 40, en el mismo artículo 24, dice que debe ser por el vicealcalde o vicealcaldesa.

“El marco legal municipal está suprimido de hecho. El debido proceso para la destitución de un alcalde está establecido en la ley y solo puede ser destituido por varias causales que están definidas en la ley. En este caso, cuando hay un delito, que en este caso se señala que hay corrupción, debe ser suspendido temporalmente, mientras enfrenta la justicia y una vez condenado es destituido definitivamente. Y la ley dice que debe ser sustituido por el vicealcalde”, comenta el experto.

El especialista asegura que el marco legal municipal está siendo cambiado “de hecho” (de facto), porque “no se ha cambiado, no se ha dicho que esté derogado. O no se ha dicho que hay otra forma de gobierno local”.
“Se está haciendo lo que decide el que manda, al capricho del que manda, decide cuándo, cómo, dónde, todo”, concluye.

Son corruptos "no autorizados"

Para el opositor Moisés Hassan, quien fue alcalde de Managua en los años ochenta del siglo pasado, los alcaldes y alcaldesas destituidos lo han sido porque "pertenecen al grupo de corruptos no autorizados cuyas fechorías dañan los intereses de otros corruptos sí autorizados".

Investigaciones periodísticas han revalado que el régimen Ortega-Murillo ha estructurado una trama de corrupción dedicada a ser testaferros para la adquisición de propiedades en zonas exclusivas, ejecución de millonarios proyectos con fondos públicos, entre otras. 

Hassan, considera que la destitución de los alcaldes obedece en muchos casos a que no cuentan con la venia del dictador para cometer actos de corrupción.

Otros han sido destituidos también porque "no pocos de ellos profirieron algunos comentarios, en confianza o por descuido, que transmitidos por algún miserable soplón, llegaron a oídos de los mafiosos" Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Corrupción y nepotismo

Las destituciones de los ediles sandinistas iniciaron en enero del 2023. Ese año cesó a seis alcaldes. Los motivos estuvieron relacionados a actos de corrupción. Ninguno de ellos fue investigado por la Fiscalía, tampoco hubo informes de la Contraloría General de la República (CGR).

El primero en encabezar la lista fue el exalcalde Jaime Aráuz Centeno, del municipio de El Tuma-La Dalia, quien había ejercido 5 mandatos en diferentes períodos dentro del partido sandinista. En ese enero del 2023 fue obligado a renunciar a su puesto, 9 días después de haber sido juramentado.

Dos meses después, la escoba alcanzó al exalcalde de Granada, Pedro Pablo Vargas, quien fue forzado a renunciar por supuestas diferencias con el secretario político del Frente Sandinista en Granada. Vargas sólo se sostuvo en el cargo durante 2 meses.

El primero de junio del 2023, la exalcaldesa de Ciudad Darío, Matagalpa, profesora Lesbia Treminio, desfiló en la lista de los cesados, supuestamente por cometer nepotismo y actos de corrupcion. La Policía y el Instituto Nicaraguense de Fomento Municipal (Inifom), señalaron a Treminio de malversar 40 millones de córdobas y de mantener en cargos públicos a miembros de su familia, entre ellos su hijo Félix Treminio. En esa ocasión actuaron miembros de la Policía Económica y el Inifom.

En julio del 2023 también cayó en desgracia la exalcaldesa del municipio de La Concepción, Masaya, Aura Lila Blas, supuestamente por cometer actos de corrupción al malversár 7 millones de córdobas. Blas fue sustituida por Walter Torres, quien era su vicealcalde.

A finales de julio, el turno le correspondió al exalcalde de Moyogalpa, Isla de Ometepe, Abiud Saballos. La escoba del régimen Ortega-Murillo cerró el 2023 purgando al exalcalde de Tola, Rivas, José Ángel Morales, quien llevaba 15 años y 7 meses en la silla edilicia y se enrumbaba a su cuarto período consecutivo.

Las purgas del 2024

Las purgas en el 2024 arrancaron el 22 de enero con la caída del alcalde de Ciudad Sandino, Managua, Reynaldo Flores Genet. Flores Genet es primo hermano de Alejandro Genet, actual rector de la Universidad Casimiro Sotelo, que funciona en las instalaciones de la confiscada Universidad Centroamericana (UCA); el edil de Ciudad Sandino era considerado un leal aliado de Daniel Ortega, y este era su segundo periodo como alcalde.

Dos meses después, el 18 de marzo, pasaban la guiotina al alcalde de Juigalpa, profesor Erwing de Castilla Urbina, hermano del exministro de Educación, Miguel de Castilla. Fuentes cercanas al profesor De Castilla, revelaron que fue obligado a renunciar sin aclarar los motivos. Este era su tercer periodo como alcalde de ese municipio.

El mes de abril inició con la destitución de la alcaldesa de la ciudad de Rivas,Vilma Casanova Fuertes. El primero de abril Casanova Fuerte recibió una llamada de funcionarios del Instituto de Fomento Municipal (Inifom) en el que le informaban que por órdenes de Fidel Moreno quedaba fuera de la municipalidad. El régimen no se pronunció sobre los motivos de la baja de la funcionaria sandinista.

Cuarenta y tres días después, el 13 de mayo, la alcaldesa del municipio de Rosita, profesora Victoria García Boudier, fue obligada a renunciar al cargo, aparentemente por órdenes de las vocera gubernamental y sancionada Rosario Murillo. De los motivos de su renuncia no se sabe nada.

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Casi en la misma fecha fue defenestrada de su cargo Karla Yaoska Espinoza Peña, alcaldesa del municipio de Boaco y esposa de José Manuel Fuertes Toledo, secretario político departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de ese departamento. La ex funcionaria permaneció en el cargo en dos periodos consecutivos y fue sustituida en su tercer mandato. Su esposo, el secretario político, se mantuvo al margen de su destitución a pesar de que llegó al gobierno municipal por su influencia.

El siguente alcalde separado de su cargo fue Enrique Gutiérrez Zavala, edil de Jalapa, Nueva Segovia. El exalcalde fue acusado el 2 de julio de haber cometido actos e corrupción con el erario público y supuestamente fue trasladado a las celdas del Chipote.

Posteriormente, destituyeron el lunes 15 de julio, al comisionado mayor en retiro, Otilio Duarte Herrera alcalde de Siuna, supuestamente por malversar casi 85 millones de córdobas, según una denuncia del organismo Urnas Abiertas y citado por Confidencial.

La lista continuó creciendo el 2 de agosto con la destitución de la alcaldesa, Clarissa Vivas Castellón, del municipio de Nindirí, Masaya, quien permanecía en el cargo desde el 2009 e iba en busca de completar su cuarto período consecutivo.

En ese mes también fue destituido Luis Averruz López, alcalde del municipio de Murra, en el departamento de Nueva Segovia.

El 11 de septiembre, la sacudida de Murillo alcanzó al exalcalde de Mulukukú, Erling José Valdivia García.

Al día siguiente también fue defenestrada de su cargo como alcaldesa de Waspam, Rose Marie Cunningham.

Una semana después, la escoba regresó a la alcaldía de Moyogalpa, para destituir a la alcaldesa Xiomara Barahona Galarza, quien pasó a ocupar ese cargo a finales de julio del 2023, tras la destitución del alcalde Abiud Saballos.

A estos 18 alcaldes y alcaldesas se unieron los ahora exalcaldes del municipio de El Castillo y Nandaime.