22 alcaldes destituidos en Nicaragua en 2024: la purga sandinista al margen de ley

Al menos 22 alcaldes fueron destituidos en Nicaragua en 2024, todos parte de los 153 ediles sandinistas impuestos por el Consejo Supremo Electoral (CSE) para el período edilicio 2023-2027, tras el fraude electoral de noviembre de 2022, que selló el asalto definitivo al poder local bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La purga de alcaldes en Nicaragua es una operación atribuida a Rosario Murillo, quien lidera una estrategia para colocar en al frente de las alcaldías a fichas de su confianza que le garanticen un control aún mayor sobre el poder local y así consolidar su dominio en todos los niveles. 

De manera oficial no hay información. La mayoría de los alcaldes dejan sus cargos en secreto, mientras en los pasillos de las oficinas municipales se difunde que como motivo del despido la presunción de actos de corrupción. No obstante ninguno de ellos ha enfrentado un proceso de rendición de cuentas ante la justicia, como procedería para un caso de abuso de recursos públicos.  Tampoco se conocen informes sobre supuestas investigaciones por las que fueron cesados al margen del proceso establecido en la Ley de Municipios.

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La dictadura también recurre a la renuncia obligada para apartar a los alcaldes de descarte, como ocurrió recientemente con Everth López Aguirre, alcalde del municipio de El Rosario en Carazo y conocido como uno de los líderes fieles al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Entre los alcaldes destituidos están Rigoberto Obando Flores, del municipio de El Castillo, Río San Juan; Rosario Caldera, alcaldesa de Granada; la profesora Lesbia Treminio, alcaldesa de Ciudad Darío, Matagalpa; y el alcalde de Ciudad Sandino, Reynaldo Flores Genet.

Antes de eso, lo que el régimen venía haciendo era utilizar a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y miembros de la Policía Orteguista, para tomar el control de las municipalidades señaladas por actos de corrupción.

Independientemente del método, se trata de destituciones al margen de la legalidad, lo que implica una “supresión de hecho” del marco legal que rige a los gobiernos municipales, indicó a DESPACHO 505 un experto en temas municipales que pidió anonimato por razones de seguridad.

“Lo que se ha venido practicando es que las destituciones se dan y no se conoce, no hay información, solo lo que se dice, que se presume sucedió, y alguna fuente dijo, pero no hay nada comprobado ni hay información oficial”, indicó el experto.

Los abusos de la dictadura

La dictadura no debería de destituir a ningún alcalde o alcaldesa porque exista una presunción de algún delito, porque la Ley 40, Ley de Municipios que rige a los municipalidades, establece en el artículo 24 que la destitución debe consumarse hasta que exista una condena o sentencia firme en contra del sospechoso o imputado, señala un experto en municipalismo.

El alcalde o alcaldesa pierde la condición cuando le condenan “mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo por delito que merezca pena más que correccional por un término igual o mayor al resto de su período”, detalla el Artículo 24 de la Ley 40, que además menciona todas las causales para la destitución de esos funcionarios.

De acuerdo con el especialista, otro abuso del régimen es que muchas veces está sustituyendo a los alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes o vicealcaldesas destituidos con personas que ni siquiera son concejales.

El Artículo 24 de la Ley de Municipios establece que los alcaldes deben ser sustituidos por los vicealcaldes y los vicealcaldes por los concejales.

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“El marco legal municipal está suprimido de hecho. El debido proceso para la destitución de un alcalde está establecido en la ley y solo puede ser destituido por varias causales que están definidas en la ley. En este caso, cuando hay un delito, que en este caso se señala que hay corrupción, debe ser suspendido temporalmente, mientras enfrenta la justicia y una vez condenado es destituido definitivamente. Y la ley dice que debe ser sustituido por el vicealcalde”, afirma el experto.

El especialista asegura que el marco legal municipal está siendo cambiado “de hecho” (de facto), porque “no se ha cambiado, no se ha dicho que esté derogado. O no se ha dicho que hay otra forma de gobierno local”.

“Se está haciendo lo que decide el que manda, al capricho del que manda, decide cuándo, cómo, dónde, todo”, concluye.

Son corruptos "no autorizados"

Para el opositor Moisés Hassan, quien fue alcalde de Managua en los años ochenta del siglo pasado, los alcaldes y alcaldesas destituidos en los últimos dos años es porque "pertenecen al grupo de corruptos no autorizados cuyas fechorías dañan los intereses de otros corruptos sí autorizados".

Investigaciones periodísticas han revelado que el régimen Ortega-Murillo ha estructurado una trama de corrupción dedicada a ser testaferros para la adquisición de propiedades en zonas exclusivas, ejecución de millonarios proyectos con fondos públicos, entre otras. 

Hassan, considera que la destitución de los alcaldes obedece en muchos casos a que no cuentan con la venia del dictador para cometer actos de corrupción.

Otros han sido destituidos también porque "no pocos de ellos profirieron algunos comentarios, en confianza o por descuido, que transmitidos por algún miserable soplón, llegaron a oídos de los mafiosos" Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las purgas del 2024

Desde enero a diciembre de 2024, la dictadura destituyó a 26 funcionarios municipales, entre alcaldes y vicealcades, siendo octubre el mes más oscuro con 5 bajas forzadas, seguido de septiembre con 4. Abajo la lista de la purga 2024 construida en base a archivos de DESPACHO 505.

22 de enero. Reynaldo Flores Genet, alcalde de Ciudad Sandino. El edil de Ciudad Sandino era considerado un leal aliado de Daniel Ortega, y este era su segundo periodo como alcalde. Es primo hermano de Alejandro Genet, actual rector de la Universidad Casimiro Sotelo, que usurpa las instalaciones de la confiscada Universidad Centroamericana (UCA).

18 de marzo. Erwing de Castilla Urbina, alcalde de Juigalpa. Hermano del exministro de Educación, Miguel de Castilla, ejercía su tercer periodo como alcalde de ese municipio. Fue obligado a renunciar.

2 abril. Vilma Casanova Fuertes, alcaldesa deRivas. El primero de abril Casanova Fuerte recibió una llamada de funcionarios del Instituto de Fomento Municipal (Inifom) en el que le informaban que por órdenes de Fidel Moreno quedaba fuera de la municipalidad. El régimen no se pronunció sobre los motivos de la baja de la funcionaria sandinista.

13 de mayo. Victoria García Boudier, alcaldesa del municipio de Rosita. Fue obligada a renunciar al cargo sin que se conocieran más detalles.

18 de mayo. Karla Yaoska Espinoza Peña, alcaldesa de Boaco. Estuvo en el cargo en dos periodos consecutivos y fue sustituida en su tercer mandato. Es esposa de José Manuel Fuertes Toledo, secretario político departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de ese departamento quien se mantuvo al margen de su destitución.

2 de julio. Eddy Enrique Gutiérrez Zavala, alcalde de Jalapa, Nueva Segovia. Fue señalado de actos de corrupción con el dinero de los contribuyentes y supuestamente fue trasladado a las celdas de El Chipote, pero no se ha conocido ninguna causa en su contra.

15 de julio. Otilio Duarte Herrera alcalde de Siuna y comisionado mayor en retiro. Fue separado del cargo por malversar casi 85 millones de córdobas, según una denuncia del organismo Urnas Abiertas.

2 de agosto. Clarissa Vivas Castellón, alcaldesa de Nindirí, Masaya. Permanecía en el cargo desde el 2009 e iba en busca de completar su cuarto período consecutivo.

19 de agosto. Luis Averruz López, alcalde del municipio de Murra, en el departamento de Nueva Segovia.

11 de septiembre. Erling José Valdivia García, alcalde de Mulukukú.

12 de septiembre. Rose Marie Cunningham, alcaldesa de Waspam.

20 de septiembre. Xiomara Barahona Galarza, alcaldesa de Moyogalpa. Ocupaba la silla edilicia desde finales de julio del 2023, tras la destitución del alcalde Abiud Saballos.

28 de septiembre. María Prodelina Bobb, Alcaldesa de Prinzapolka (RACCN). Fue apresada el sábado 28 de diciembre sin que se conozca su paradero.

3 de octubre. Rigoberto Antonio Obando Flores, Alcalde de El Castillo (Río San Juan).

9 de octubre. Rosario Caldera López, alcaldesa de Granada.

25 de octubre. Everth López Aguirre, alcalde El Rosario (Carazo).

1 de noviembre. Carmen Medina Obando, alcaldesa de Santa María de Pantasma (Jinotega).

23 de noviembre. Hada Lila Incer Serrano, alcaldesa de Teustepe (Boaco)

26 de noviembre. Javier Gadea Zeledón, alcalde de San José de Bocay (Jinotega)

30 de noviembre. Francis Lucila Tórrez Blandón, alcaldesa de El Tuma-La Dalia (Matagalpa)

10 de diciembre. Flora María Mendoza Irías, alcaldesa de San Juan de Limay (Estelí)

15 de diciembre. Juana del Carmen Canales Velásquez, alcaldesa de San Juan de Limay (Estelí), destituida el de 2024. 
 

Los destituidos de 2023

La destitución de alcaldes comenzó en 2023 con la salida forzada de Jaime Aráuz Centeno del municipio de El Tuma-La Dalia, en Matagalpa, quien había ejercido 5 mandatos en diferentes períodos dentro del partido sandinista. Fue obligado a renunciar a su puesto, 9 días después de haber sido juramentado.

Dos meses después, la purga municipal alcanzó al exalcalde de Granada, Pedro Pablo Vargas, quien fue forzado a renunciar por supuestas diferencias con el secretario político del Frente Sandinista en Granada. Vargas sólo se sostuvo en el cargo durante 2 meses.

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Le siguió Ramón Enrique López Gómez del municipio de La Conquista Carazo, en el mes de abril.

El primero de junio del 2023, le tocó el turno a la exalcaldesa de Ciudad Darío, Matagalpa, la profesora Lesbia Treminio, desfiló en la lista de los cesados, supuestamente por cometer nepotismo y actos de corrupción.

La Policía y el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), señalaron a Treminio de malversar 40 millones de córdobas y de mantener en cargos públicos a miembros de su familia, entre ellos su hijo Félix Treminio. En esa ocasión actuaron miembros de la Policía Económica y el Inifom.

Otros cesados fueron Aura Lila Blass de La Concepción, en el mes de julio, Abiud Saballos Arcia, alcalde de Moyogalpa (Isla de Ometepe, Rivas), destituido el 3 de agosto, y José Ángel Morales del municipio de Tola, el 13 de agosto.

En total, el 2023 cerró con siete alcaldes sandinistas impuestos en la farsa electoral defenestrados por la vía política.