La Unión Europea renueva sanciones contra el régimen de Nicaragua

El Consejo de la Unión Europea renovó este martes las sanciones impuestas contra 21 funcionarios y tres instituciones del régimen de Nicaragua desde 2019. El deshonroso listado lo encabeza la número dos tras el poder Rosario Murillo y alcanza a instituciones clave en el esquema represivo como la Policía, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).

La extensión de las medidas restrictivas, que son sometidas a revisión anualmente, fue decidida por el Consejo tras constatar un "deterioro de la situación política y social", según un comunicado emitido en Bruselas.

En el caso de Nicaragua, el alto órgano europeo tomó en consideración que persiste una continua violación de derechos humanos y la represión ejercida por la dictadura que lidera el líder sandinista Daniel Ortega. En su pronunciamiento, los Veintisieta insiste en el llamado a que se restablezcan las libertades fundamentales en Nicaragua, la liberación de todos los presos políticos restantes y el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos.

"La UE también enfatiza la necesidad de poner fin a las restricciones al espacio cívico y respetar el derecho a disidir", añade.

Sancionados por un año más

Las sanciones reanudadas este 8 de octubre estarán vigentes hasta el 15 de octubre de 2025. Como consecuencia, los sancionados enfrentan congelación de activos y se prohíbe a ciudadanos y empresas de la UE disponer de fondos a su favor. Además, se impone una prohibición de viaje, impidiéndoles entrar o transitar por territorio europeo.

Además de Rosario Murillo, entre los sancionados están sus hijos Camila, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la destituida presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; la fiscal general de la República, Ana Julia Guido; Bayardo Arce, asesor económico régimen y los jefes de la Policía, Fidel Domínguez y Juan Valle Valle.

Las sanciones en cuestión alcanzan a los magistrados del Poder Electoral Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, así como sobre Nahima Díaz, hija del jede de la Policía Francisco Díaz; y del titular de la Superintendencia de Bancos Luis Ángel Montenegro.

Rosario Murillo: "Instigadora de nuevas represiones"

El entidad de la Unión Europea señaló a todos estos funcionarios e instituciones nicaragüenses como responsables de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis sociopolítica todavía sin resolver.

Sobre Rosario Murillo que ostenta los cargos de vicepresidenta, primera dama, vocera y líder de la Juventud Sandinista, la resolución de los Veintisiete dice que Daniel Ortega la presenta como la "copresidenta" de facto y, como tal, "comparte la mitad del poder con él".  

El Consejo destaca que el propio Ortega, en febrero de 2023 reveló que Murillo "es la instigadora de nuevas represiones" ya que en televisión pública dijo que fue quien ideó y coordinó el destierro y despojo de la ciudadanía de 222 presos políticos, un mecanismo represivo que desde entonces lo ha continuado aplicando contra figuras incómodas al régimen, siendo las más recientes víctimas 135 presioneros políticos expulsados a Guatemala en una operación coordinada con el gobierno de los Estados Unidos.

"Ella desempeñó un papel fundamental en el fomento y la justificación de la represión de las manifestaciones de la oposición por parte de la Policía Nacional de Nicaragua en 2018. En junio de 2021, amenazó públicamente a la oposición nicaragüense y desacreditó a los periodistas independientes. Esas amenazas se han repetido desde entonces", dice el texto.

Murillo es selañalada como "responsable de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, y de socaver la democracia en Nicaragua".

En su resolución, la Unión Europea reitera su compromiso con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos y remarca que la crisis política en Nicaragua debe resolverse mediante un diálogo genuino entre el gobierno y la oposición.