Costa Rica, Ecuador y República Dominicana rechazan despojo de nacionalidad y bienes a 135 presos políticos

Las tres naciones latinoamericanas catalogaron de “arbitraria e ilegal” las medidas contra los 135 presos políticos desterrados a Guatemala.

Costa Rica, Ecuador y República Dominicana “deploran” la desnacionalización de los 135 nicaragüenses
Llegada de los 135 presos políticos a Guatemala.
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Despacho 505
  • Managua, Nicaragua
  • septiembre 13, 2024
  • 11:07 AM

Los gobiernos de Costa Rica, Ecuador y República Dominicana deploraron la decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de quitar la nacionalidad nicaragüense y confiscar sus bienes a los 135 presos políticos que fueron desterrados a Guatemala el pasado 5 de septiembre.

En un comunicado conjunto, las tres naciones latinoamericanas integrantes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, catalogaron de “arbitraria e ilegal” la acción de la dictadura nicaragüense contra este nuevo grupo de excarcelados.

“Enfatizamos que, de acuerdo con el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la nacionalidad y nadie debe ser privado arbitrariamente de esta”, declaran.

LEA: El régimen quita nacionalidad y confisca a los 135 presos políticos desterrados

Los tres países hicieron un llamado a la dictadura nicaragüense a que “restablezca los derechos de sus ciudadanos”.

Estas declaración llega una semana después del destierro y luego de tres días de que se conociera mediante una nota de prensa de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, que los 135 excarcelados fueron despojados de su nacionalidad y bienes.

La decisión del régimen, que no ha sido la primera, ha causado el repudio de la comunidad internacional y de distintos organismos defensores de derechos humanos que han alegado sobre la ilegalidad del despojo de nacionalidad y bienes.

La situación también causa mucha preocupación en el grupo de los 135 desterrados, pues hay casos en los que el único bien que tienen a su nombre es la vivienda donde habitan sus familias y tienen miedo que estas sean desalojadas, según expresaron a DESPACHO 505.

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