Ortega endurece la Ley de Ciberdelitos: criminaliza las redes sociales y la aplicará a opositores en el exilio

La Asamblea Nacional, controlada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó de manera urgente varias reformas a la Ley special de Ciberdelitos (Ley 1042) en las que se aumentan las penas para algunos delitos, añaden las figuras de colaboradores necesarios y cómplices, al mismo tiempo criminaliza el uso de redes sociales y las aplicaciones móviles.

En la modificación al artículo 1, en el que inicialmente no se incluía a las redes sociales y las aplicaciones móviles, ahora sí la justicia orteguista penalizará acciones cometidas en estas vías. Además, en los cambios al artículo 2, Ortega establece que la Ley de Ciberdelitos  será aplicable para personas que cometan delitos fuera del territorio nicaragüense, lo cual no estaba contemplado.

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Aumenta las penas

En el artículo 8, aumenta las penas para el delito de interferencia del sistema informático o dato, pues quienes sean declarados culpable por el mismo ahora deberán pagar condenas de entre siete a 15 años de cárcel y pagar entre 600 y mil días multas, cuando antes las penas eran de cuatro a seis años de prisión y de 300 a 500 días multa.

Las enmiendas al artículo 9, referido al delito de alteración, daño a la integridad y disponibilidad de datos, son las mismas que en el artículo 8.

Mientras que en el artículo 10, que versa sobre el delito de daños a sistemas informáticos, si se determina que la persona lo cometió por imprudencia, la reforma le agrega años de cárcel, pues ahora el castigo será de de seis meses a un año y entre 200 a 500 días multa, cuando antes no había prisión, sino solo una pena de entre 200 a 500 días multa.

Si el delito no es cometido por imprudencia, se añaden años de cárcel y también monto de multa, pues ahora se castigará con entre siete a 15 años de cárcel y entre 600 y mil días multas, cuando antes las penas eran de cuatro a seis años de cárcel y entre 300 y 600 días multa.

En el artículo 11, que aborda el delito de posesión de equipos o prestación de servicios para vulnerar la seguridad informática, la dictadura agregó que este también se puede cometer utilizando la firma electrónica, elemento que no estaba contemplado inicialmente, sino solo programas informáticos, contraseñas y códigos de acceso.

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Incluyen cooperadores necesarios y cómplices

Por otra parte, en el que se trata el delito de fraude informático, la dictadura incluyó entre los sujetos de castigo a los cooperadores necesarios y a los cómplices, figuras que antes no estaban.

Igual ocurre en el artículo 15, sobre el delito de hurto por medios informáticos, mientras que en el artículo 30, se agregan años de cárcel, pero también se incluye a los colaboradores necesarios y a los cómplices.

Una ley para silenciar críticas

La Ley especial de ciberdelitos fue creada por la dictadura en octubre de 2020 y, junto a otras normas, como la ley de agentes extranjeros, sirvieron “para perseguir a periodistas, a las oenegés y atacar las libertades públicas en Nicaragua”, denunció en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El organismo interamericano pidió a la dictadura, sin éxito, que dejara sin esas leyes y que restableciera las garantías democráticas en el país.

La CIDH señaló en ese año que la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros “agravaron la crisis” de derechos humanos en Nicaragua porque institucionalizaron el cierre de los espacios cívicos que ya se venían denunciando desde abril de 2018, cuando estallaron unas protestas por unas impopulares reformas a la seguridad social y que fueron silenciadas a la fuerza por el Ejecutivo que preside el sandinista Daniel Ortega.

La denuncia también observó que la ley de ciberdelitos “establece tipos y ámbitos de aplicación abiertos, dando discrecionalidad a las autoridades para sancionar penalmente la libertad de expresión”.