ONU: "Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial"

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua ( advirtió este martes sobre la preocupante concentración del poder en manos de  Daniel Ortega y Rosario Murillo que ha dejado a los ciudadanos en la total indefensión, pues "no tienen a quién recurrir en busca de justicia y rendición de cuentas".

"Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial", denunció el presidente del grupo, Jan-Michael Simon durante la presentación de una actualización del informe sobre la crisis en Nicaragua ante el Consejo de DErechos Humanos de Naciones Unidoas.

"Al presente, hemos identificado al menos 66 personas en los niveles medio y superior del aparato organizado de poder bajo el mando de los dos gobernantes de Nicaragua. Este aparato sigue facilitando, coordinando y ejecutando graves violaciones y abusos de derechos humanos", denunció Simon.

Simon enfatizó que las "continuas violaciones están dejando sectores enteros de la población (nicaragüense) en un estado de indefensión". Se mantienen las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, o la instrumentalización del derecho penal para eliminar oposición, así como la toma forzosa de las universidades por parte del Estado.

Recientemente, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo reformó los códigos Penal y Procesal Penal para poder enjuiciar en ausencia a los exiliados y confiscarlos y le otorgó más poderes a la Policía para espiar a los opositores dentro Nicaragua.

El Grupo de la ONU también se refirió a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que sufren "continuas violaciones graves de los derechos de libre autodeterminación y de derechos territoriales". "Sus líderes y activistas son perseguidos sistemáticamente por el Estado por defender sus derechos", añadió Simon.

Recientemente, la dictadura liberó a 135 prisioneros políticos, pero entre los mismos no estaban 10 indígenas mayangnas que están presos solo por ser guardabosques en las reservas naturales del Caribe, ni los líderes miskitos Brooklyn Rivera y Nancy Elízabeth Henriquez.

Lea también: Estados Unidos pide al régimen “liberar a todos los presos políticos” en Nicaragua

La dictadura inntensifica la persecución

Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que en Nicaragua la situación de las garantías fundamentales “ha seguido deteriorándose gravemente” y que el régimen Ortega - Murillo “ha ampliado e intensificado progresivamente” la persecución de los opositores o de quienes son percibidos como voces disidentes.

“Seguimos profundamente preocupados por el constante y generalizado retroceso de la situación de derechos humanos en Nicaragua”, señaló el director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina, Christian Salazar Volkmann, durante la presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Salazar Volkmann detalló que hasta julio este año 2024, 141 personas, entre ellas 116 hombres y 25 mujeres, seguían siendo víctimas de detenciones arbitrarias, según informes de la sociedad civil.

El informe anual indica que existe un “esfuerzo sistemático” por desmantelar las organizaciones de la sociedad civil, en particular las que defienden los derechos de las mujeres, lo que exacerba la represión de las voces disidentes y la restricción del espacio cívico.

Amenazas a familiares y destierro forzado

De la misma forma, Salazar advirtió que el hostigamiento se ha extendido a los familiares de los detenidos, a quienes se les prohíbe hablar sobre los casos, bajo amenazas de perder el derecho a visitas o de encarcelar a otros familiares.

“Instamos al gobierno a que libere de inmediato a todas las personas que aún están privadas arbitrariamente de su libertad y a que garantice la protección de sus derechos y de sus familias contra toda persecución”, dijo Salazar.

Entre junio de 2023 y junio de este año, período que cubre el informe, al menos 62 nicaragüenses fueron impedidos de regresar al país. “Este destierro forzado tiene un impacto devastador, ya que les deja en una situación de apatridia de facto, lejos de sus familias y sin protección de sus derechos, profundizando su vulnerabilidad”, añadió el director.

Lea también: ONU reprocha a los régimen de Venezuela y Nicaragua por los ataques a libertad de expresión y reunión

Restricción del espacio cívico

Además, durante el período que cubre el informe, la dictadura Ortega Murillo canceló “arbitrariamente” la personalidad jurídica a 303 organizaciones de la sociedad civil. En agosto de este año fueron canceladas 1500. Así, el total de organizaciones disueltas desde 2018 asciende a más de 5,000.

Salazar señaló que ese “desmantelamiento progresivo del tejido social del país deja a miles de personas sin acceso a servicios esenciales y a muchas más sin empleo, lo que afecta sus medios de vida, y exacerba la crisis social y económica en Nicaragua”.

Persecución religiosa

Por útimo, el director también advirtió del cierre de un total de 1,103 organizaciones religiosas desde 2018, lo que formaría parte de una “persecución religiosa”.

También hubo detenciones arbitrarias de religiosos, procesos judiciales sin garantías, secuestros de sacerdotes en sus parroquias, expulsiones del país y confiscaciones de bienes, indicó Salazar.