Analistas: "Ortega busca proteger a Dante Mossi"

La investigación contra el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, que sigue su curso en una corte federal de Estados Unidos, traerá repercusiones “profundas” para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, valoran analistas.

Mossi, llamado “el banquero de los dictadores”, enfrenta una demanda civil interpuesta por el mismo organismo financiero regional que dirgió en el Tribunal de Distrito de Columbia en los Estados Unidos por "incumplir el deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato y violación a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)".

Esto llevó a una reacción de rechazo por parte la dictadura el pasado viernes que a través de una carta dirigida a la nueva presidenta del BCIE, Ana Gisela Sánchez Moroto, informa que “el Gobierno de Nicaragua no respalda y se distancia de esta demanda”.

El politólogo Félix Maradiaga explica que esta demanda tendrá repercusiones “profundas” para el régimen de Ortega, porque una investigación exhaustiva “podría desvelar redes de corrupción y conexiones internacionales que han sido fundamentales para el sostenimiento de su dictadura”.

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Además, podría desencadenar nuevas sanciones y aumentar la presión internacional sobre el régimen, debilitando aún más su posición tanto dentro como fuera de Nicaragua.

“El caso podría sentar un precedente legal que anime a otras entidades y gobiernos a emprender acciones similares contra funcionarios vinculados con el régimen de Ortega, generando un efecto dominó que socave aún más su capacidad de operar impunemente en el ámbito internacional”, agrega Maradiaga.

Por su parte, la exguerrillera Dora Maria Tellez, está expectante a lo que prosiga en esta demanda. “Habrá que ver qué tipo de documentación aporta el proceso contra Mossi y si eso involucra a funcionarios o gobiernos como es el caso de Nicaragua”, señala.

Demanda es “absurda”

La dictadura catalogó de “absurda” la decisión del BCIE de presentar una demanda en los tribunales estadounidenses y  aseguró que en Centroamérica existen los instrumentos jurídicos necesarios para resolver cualquier problema, Dicho eso, según el regimen, Sánchez Moroto no tenía por qué acudir ante un tribunal norteamericano.

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Sin embargo, el politólogo Maradiaga apunta que el elevar la demanda ante las autoridades estadounidenses se da porque “hay un reconocimiento de que en Centroamérica este tipo de casos podría no recibir la imparcialidad política necesaria”.

“Los tribunales en Estados Unidos tienen amplia experiencia en casos complejos de corrupción y violaciones de leyes internacionales. Esto asegura que el caso sea manejado con la seriedad y el rigor que merece, algo que no se garantiza en otras jurisdicciones. En resumen, se trata de asegurar que la justicia se aplique de manera justa y efectiva, protegiendo los intereses del banco en un entorno confiable y respetado a nivel mundial”, sostiene Maradiaga.

Dora Maria Tellez expone que esta carta enviada por el régimen a la presidenta del BCIE “no tiene mayor valor” en el funcionamiento de la dirección ejecutiva de la entiendad, que está obligada a proceder en caso de daños al patrimonio o afectación a las normas de la institución. La exguerrillera sostiene que los Ortega Murillo reaccionan de esa forma “para pagar su deuda con Mossi”.

A su criterio, la demanda fue interpuesta en Estados Unidos porque ahí “estará fuera de la influencia de quienes pueden pretender protegerlo y dejarlo al margen de la ley”.

Régimen quiere “encubrir” a Mossi

Por su parte, el analista político y economista nicaragüense José Dávila Membreño señala que el régimen “quieren encubrir todas las anomalías que cometió” Mossi, y que si la demanda se hubiera hecho en una instancia centroamericana  habrían maniobrado para saliera "bien librado".

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Dávila dice que es “correcto” el proceder de Gisela Sánchez al interponer una demanda contra Mossi, quien “claramente favoreció al régimen”, y que la carta enviada por el dictador Ortega es solo un “disparate” en sus relaciones internacionales.

“Tenía preferencia por él, inclusive nunca aclaró si hubo préstamos para equipo policial, se miraba una preferencia para el Gobierno de Nicaragua al hacer propaganda con la infraestructura, dando entender que era un avance positivo cuando era un préstamo donde había una preferencia para él”, sostiene el también exdiplomático nicaragüense.

Maradiaga concuerda con lo planteado por Dávila y agrega que Mossi “favoreció de manera desproporcionada al régimen nicaragüense, incluso en momentos en que la comunidad internacional condenaba a Ortega por graves violaciones a los derechos humanos”.

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Las razones por las que el régimen protege a Mossi

“El daño que Mossi ha infligido al BCIE es incalculable, y es evidente que el régimen de Ortega tiene un interés profundo en protegerlo. La razón es clara: una investigación de esta magnitud en un tribunal internacional obligaría a revelar información sensible y podría desencadenar una serie de investigaciones similares sobre otros funcionarios internacionales que mantienen vínculos con la dictadura de Ortega. Por eso, el régimen no solo trata de proteger a Mossi, sino también de recuperar parte de la influencia que está perdiendo en Centroamérica”, afirma el politólogo.

Maradiaga señala que con la derrota del régimen al pretender imponer a Valdrack Jaentschke en la Secretaría del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y ahora, con la acción legal contra Dante Mossi, “queda aún más claro que la influencia de Ortega en la región está más debilitada que nunca” y que su sueño de abrirle las puertas de Centroamérica a las autocracias de China y Rusia “enfrentan una resistencia creciente”.

“Esta situación con el BCIE no solo podría afectar la relación entre Nicaragua y los demás países centroamericanos, sino que también refleja un rechazo más amplio y decidido a la influencia autoritaria de Ortega en la región. Centroamérica parece estar tomando un rumbo firme hacia la defensa de la democracia, alejándose del modelo represivo que Ortega busca imponer”, concluye el politólogo.