El régimen reclama al BCIE por la demanda contra Dante Mossi: "Es absurda"

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo protestó ante la nueva presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Ana Gisela Sánchez Moroto, por la demanda que el organismo financiero regional presentó en una corte federal de los Estados Unidos en contra de su expresidente Dante Mossi.

Este viernes, Murillo leyó una carta dirigida a Sánchez Moroto en la que reclama que no fueron consultados sobre la demanda y la misma tampoco fue consensuada con los gobiernos centroamericanos. Además, Murillo dijo que en Centroamérica existen los instrumentos jurídicos necesarios para resolver cualquier problema y Sánchez Moroto no tenía por qué acudir ante un tribunal norteamericano.

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La demanda

El Banco Centroamericano de Integración Económica informó este jueves que presentó una demanda contra el expresidente  Mossi por incumplir "el deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato y violación a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)".

El organismo finaciero regional señaló que la demanda civil fue interpuesta en el Tribunal de Distrito de Columbia en los Estados Unidos, por considerar que el expresidente del BCIE y aliado de Daniel Ortega, faltó al compromiso de estándares de integridad y ética.

Murillo habla de manipulación política

"Consideramos que el BCIE debería enfocarse en el financiamiento a países, evitando acciones mediáticas en detrimento de su propia imagen, acciones que puedan ser sujetas de manipulación política", continúo Murillo.

"Está claro en esta carta que tomamos distancia, que no respaldamos una demanda que consideramos absurda, porque tenemos nuestra propia institucionalidad en la región, deben ser consultados y consensuados, nosotros no somos parte de esa demanda que va en detrimento del propio BCIE", finalizó la codictadora de Nicaragua.

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Mientras fue presidente del BCIE, Mossi siempre benefició a la dictadura nicaragüenses con jugosos préstamos, aun cuando Ortega y Murillo fueron acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos desde las protestas de 2018.