Amnistía Internacional urge medidas coordinadas contra el régimen Ortega-Murillo

Amnistía Internacional (AI), urgió este viernes a la comunidad internacional adopotar medidas coordinadas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para frenar los crímenes que a diario se comenten en Nicaragua y la impunidad.

 La directora de Amnistía Internacional, Ana Piquer, advirtió que las acciones de la dictadura Ortega-Murillo es un mal precedente para la región, porque puede servir de incentivo para otros Estados para seguir la receta represiva impementada por Ortega-Murillo en Nicaragua.

"La falta de una respuesta decidida, coordinada y sistemática por parte de la comunidad internacional ante los crímenes que sigue cometiendo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha creado un precedente peligroso en la región, cuya impunidad y falta de rendición de cuentas sirve de incentivo para las autoridades de otros Estados que en las Américas quieren seguir su receta represiva", indicó Piquer.

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El organismo reiteró que "las acciones estatales contra cualquier forma de ejercicio del espacio cívico y de los derechos humanos en el país es parte del esfuerzo continuo por silenciar a cualquier actor social percibido como crítico por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo".

Recordó que en las últimas semana la dictadura nicaragüense ha intensificado "el uso de diversas tácticas represivas, tales como la cancelación de organizaciones sociales y la criminalización de voces disidentes, quienes luego de varios meses, incluso años de prisión, enfrentan la expulsión y la privación arbitraria de su nacionalidad".

Piquer dijo que los ataques contra los defensores de derechos humanos, activistas, líderes religiosos y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua "es un nuevo golpe contra la libertad de expresión, asociación y religión, que no sólo tiene repercusiones en Nicaragua".

Medidas represivas de la dictadura

Amnistía Internacional destacó que en las últimas semanas, el régimen sandinista ha adoptado una serie de medidas represivas en Nicaragua como la cancelación de un bloque de 1.500 oenegés, la reforma de leyes como la de Ciberdelitos (Ley 1042) y la Ley Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz (Ley No. 1055).

"Sin embargo, estas normas no parecen dirigirse a la persecución efectiva de delitos como el lavado de activos. Más bien, se prevé que el gobierno las utilizará para seguir criminalizando la libertad de asociación y expresión, como lo ha hecho previamente con la instrumentalización de otros cuerpos normativos", apuntó Piquer.

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Agregó que el destierro de los 135 presos políticos hacia Guatemala, este 5 de septiembre, no es más que la implementación de "la táctica de intercambiar la cárcel por el exilio (de las) personas que fueron expulsadas de Nicaragua y privadas arbitrariamente de su nacionalidad, forzándolas al desarraigo y a la disrupción de sus de sus proyectos de vida".

“Daniel Ortega está utilizando todos los recursos a su disposición para continuar ejerciendo el control absoluto de todos los espacios sociales, suprimiendo cualquier voz disidente y criminalizando la defensa de los derechos humanos, bajo la mirada tibia de la comunidad internacional”, indicó Piquer.