Ortega se muestra "paranoico" al pretender controlar las remesas en Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llegado a un nivel paranoia que ahora busca extremar el control y la vigilancia sobre las remesas que los nicaragüenses envían a sus familias en territorio nacional y que presentan más del 15% del Producto Interno Bruto (PIB). El temor del régimen es que esos flujos de dinero financiean supuestos actos terroristas.

Para este fin el régimen a ordenado reformar la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977) y la Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF) (Ley 976). 

El abogado Danny Ramírez-Ayerdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), considera la medida del régimen tiene que ver con una nueva etapa del “Estado policial” en el que el régimen Ortega-Murillo ha sumergido a Nicaragua, y en la que quiere convertir cualquier acto de los nicaragüenses en un delito.

Ramírez-Ayerdiz dice que el régimen está “paranoico” creyendo que “hay gente que envía dinero para el financiamiento de actividades que ellos consideran terroristas” y es por ello que tienen en la mira a quienes envían y reciben remesas. “Todo acto de los nicaragüenses que parezca sospechoso va a ser un delito y va a ser castigado”, agrega.

A la exguerrillera Dora María Téllez estas medidas del régimen no le parecen nuevas, pues desde hace un tiempo ya habían establecido ciertos lineamientos para quienes envían  o reciben remesas.

LEA: La dictadura extrema la vigilancia sobre emisores y receptores de remesas con reformas a la Ley de Lavado y la UAF

“Ya actualmente es obligatorio documentar el nombre y número de cédula de las personas receptoras y hay un monto por encima del cual las empresas deben reportar a la UAF”, expone Téllez.

Opositores siguen en la mira

Pese a que ya había ciertas regulaciones, con las reformas a estas leyes, la dictadura busca “intensificar” la vigilancia y el control sobre las finanzas de la población, especialmente de aquellos que puedan estar vinculados a la oposición o a cualquier forma de disidencia, según el politólogo Félix Maradiaga.

“La intención es clara: ampliar la vigilancia y el control, especialmente sobre las personas cercanas a los opositores, para que no puedan recibir apoyo económico. Es un mecanismo para sofocar cualquier apoyo financiero que pueda fortalecer la resistencia cívica y limitar la capacidad de los opositores para operar desde el exilio”, explica Maradiaga.

Pero el control y la vigilancia no es lo único que el régimen busca, el abogado Danny Ramírez-Ayerdiz señala que hay un elemento subjetivo, y ese es el estado permanente de terror. “Una dictadura se sostiene generalmente sobre un estado que lo considera todo delito y la finalidad es que la gente sienta miedo generalizado”, añade.

LEA: El MEM entrega otra concesión minera a Xinxin Linze, en San Juan de Limay

El abogado agrega que “cualquier actividad sospechosa de gente que reciba dinero del exterior o que lo consideren sospechoso, van a ser juzgados y condenados” por parte del régimen. Algo en lo que también coincide Félix Maradiaga, pero especifica que la mayor preocupación del régimen no son las pequeñas remesas enviadas con fines familiares, “sino aquellas que puedan estar vinculadas a la resistencia cívica”.

“La implementación de estas reformas puede generar temor entre los nicaragüenses que dependen de las remesas para mantener a sus familias, especialmente si temen ser acusados injustamente de delitos graves. No obstante, es crucial manejar la información con responsabilidad. El pánico innecesario podría golpear desproporcionadamente a las personas más pobres y vulnerables, que son los mayores receptores de remesas”, apunta el politólogo.

Maradiaga enfatizó que las personas que no están involucradas en ningún proceso de resistencia cívica, de oposición o disidencia, “no deberían sentirse intimidadas por estas reformas”, y que en lo que hay que enfocarse es “en denunciar y visibilizar cómo estas leyes podrían ser utilizadas de manera antojadiza contra opositores y disidentes”.

LEA: Piden presión internacional para que la dictadura libere a presos políticos en desaparición forzada

El régimen no atacará “desmedidamente” las remesas

El politólogo no cree que el régimen “ataque desmedidamente todas las remesas, ya que sabe que son una de las principales fuentes de ingreso del país”.

Y es que en los últimos años las remesas han dinamizado la economía del país, principalmente el comercio. En el primer semestre de este año, el Banco Central de Nicaragua (BCN) reportó el ingreso de 2.477 millones de dólares, lo que podría llevar a que al final de 2024 se alcance por primera vez los  5.000 millones de dólares.

En 2023, los ingresos por remesas fueron de 4.660,1 millones de dólares, que representaron el 26,1% del PIB de Nicaragua y el dato de 2022 representó un 23%.  Este dinero es enviado por cerca del 20% del total de la población nicaragüense, calculada en 6.85 millones, que vive en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica.