El régimen legaliza la represión transnacional con reforma penal draconiana y recaudatoria

Las reformas al Código Penal que está promoviendo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo son "descabelladas", “absurdas”, “draconianas” y tienen múltiples consecuencias negativas para la ciudadanía y de retroceso en los avances que se habían logrado en materia penal en el país, indican opositores y defensores de derechos humanos

Principalmente, añaden, con esos cambios en la legislación penal el régimen busca endurecer la represión y extenderla hacia fuera de Nicaragua, juzgar en ausencia a quienes sean considerados enemigos, evitar que se sigan solicitando más sanciones o bloqueos económicos a nivel internacional por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido y apropiarse de los bienes de los perseguidos políticos.

Uno de los aspectos más dañinos de esta reforma al Código Penal, contenido en la Ley 641, es el referido en el artículo 16, en el que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo extienden la persecución penal a nicaragüenses o extranjeros que de manera discrecional sean señalados de haber cometido delitos fuera del país, entre ellos menoscabo a la integridad nacional o traición a la patria. También incorporan otras figuras a perseguir como lavado de dinero, terrorismo, financiamiento al terrorismo, ciberdelitos, delitos contra el Estado y sus instituciones, entre otros.

El jurista Uriel Pineda considera que el hecho de incluir como sujetos de sanción a “extranjeros” pudiera deberse a que la dictadura desnacionalizó a más de 300 opositores y activistas de derechos humanos y buscarían ponerlos nuevamente bajo el alcance de su brazo represor.

Evitar la gestión de más sanciones

El que ahora los dictadores pretendan juzgar hechos que se cometan, según ellos delictivos, fuera del país, se trataría de una estrategia represiva más amplia y peligrosa, advierte el opositor Félix Maradiaga.

“Esta reforma parece diseñada para aumentar la capacidad del régimen de ejercer una represión transnacional, es decir, acciones represivas que cruzan las fronteras de Nicaragua. Ya no le basta encarcelar y expulsar a los disidentes más incómodos; ahora, el régimen pretende juzgar y confiscar los bienes de aquellos opositores que se encuentran en el exterior”, afirma Maradiaga.

Las reformas también tratan de castigar a todo opositor que realice campañas para que la comunidad internacional aplique sanciones o bloqueos económicos al régimen y sus adeptos, debido a que han cometido crímenes de lesa humanidad desde 2018.

En el artículo 410, referido al delito de menoscabo a la integridad nacional, la dictadura añade que también serán culpables de esta infracción quienes promuevan, soliciten o gestiones sanciones o bloqueos económicos, comerciales y financieros en contra de las instituciones o funcionarios públicos. También, aumentan el castigo que hasta ahora era un máximo de 15 años de cárcel, pero la dictadura pretende que sean 30 años de cárcel lo máximo.

Maradiaga señala que a los Ortega Murillo les duele “profundamente” que las sanciones no les permitan a ellos, sus familiares y sus allegados, moverse libremente por el mundo y que “la fortuna que han robado a los nicaragüenses tampoco puede ser sacada de Nicaragua”.

Persecución política “disfrazada”

Para justificar estas reformas a la legislación penal, Ortega plasmó en la exposición de motivos que lo hace para continuar con la modernización de las leyes penales nicaragüenses iniciada ya hace casi 20 años, y de esa forma robustecer el sistema jurídico del país, lo cual es muy necesario porque han aparecido nuevas formas de cometer delitos que impactan en la vida cotidiana de la sociedad nicaragüense.

Ortega hizo hincapié en que sus propuestas de reformas penales abarcan desde delitos comunes, como el “carterismo” y las estafas piramidales, hasta algunos más complejos como ciberdelitos y el uso de criptomonedas para el lavado de dinero.

Sin embargo, el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, señala que después de leer la propuesta de reformas de Ortega le queda claro que con ello lo que realmente pretende el dictador es “intensificar la persecución política más allá de las fronteras” y que incluir delitos comunes en dichos cambios solo se trata de un “disfraz”.

“(Las reformas) se ubican en un contexto de más de seis años de represión sistemática en Nicaragua y con la comisión de crímenes de lesa humanidad (por la dictadura) en total impunidad. En el cuento de persecución de la delincuencia común, como el narcotráfico, trata de personas, que en todas partes del mundo hay preocupación por eso, la delincuencia transnacional, ahí mete, ahí va el disfraz de la parte esencial, que es que aumenta, intensifica la persecución política más allá de las fronteras nicaragüenses”, especificó Carrión.

Retroceso en la legislación penal

El defensor de derechos humanos añade que se trata de una “actualización” de la represión y que las reformas de Ortega al Código Penal no tienen nada que ver con “derechos y garantías” de la ciudadanía, sino que se trata de algo “draconiano” y que hace retroceder una ley moderna hacia un sistema anterior que era “inquisitivo”, en el que no se observaba debidamente la legalidad y la presunción de inocencia.

El actual Código Penal nicaragüense, vigente desde 2007, estableció prácticas modernas como la oralidad en los juicios, que los mismos fueran públicos, garantizar el derecho a la defensa de los procesados, que nadie debe ser juzgado en ausencia, entre otras prácticas sanas, y repuso al antiguo Código de Instrucción Criminal (In), que se utilizaba desde inicios de los años 1900 y ya estaba obsoleto y violentaba los derechos de los procesados.

La jurista Yonarqui Martínez, también defensora de derechos humanos, no se explica cómo las autoridades legislativas y judiciales del régimen pueden avalar una reforma a la ley penal como la que propone Ortega, sino es por el hecho de que realmente tiene un “trasfondo político” y, entre otros objetivos, busca amedrentar a activistas y defensores que “no hemos dejado de documentar las violaciones a los derechos humanos” que comete la dictadura contra la población nicaragüense.

Martínez considera que se trata de un “retroceso en el sistema jurídico” porque, por ejemplo, no se puede juzgar a alguien en ausencia, a como pretenden las reformas de Ortega, y que en materia penal se estaría retrocediendo a “la edad de piedra”.

“Es esencial decir que no es para que el pueblo se beneficie”, refiere la abogada.

Reforma penal “recaudatoria”

Gonzalo Carrión resalta que la reforma penal también está inserta en una intención de recaudar recursos económicos, pues en la propuesta de Ortega se insiste en aplicar multas y realizar incautaciones y decomisos como castigo a quienes la dictadura considere sus “enemigos”.

“En el tema de multas, incautaciones y decomisos, en la práctica son confiscaciones. Quieren hacer más dinero. No hallan de dónde sacar más dinero. Quieren quedarse con los bienes de la gente a la brava”, expresa Carrión.

En la propuesta de Ortega, las reformas a los artículos 16, 49, 64 y 112, el régimen habla de que, entre las penas con que se castigarán los delitos, se deben incluir multas, decomisos, intervenciones judiciales de bienes. En la reforma al artículo 112, se menciona incluso que deben ser incautados recursos monetarios virtuales, así como cheques, acciones, valores y bonos.

Al respecto, Félix Maradiaga comenta que a los dictadores “no les bastó con encarcelar y expulsar a los disidentes más incómodos, sino que ahora el régimen pretende juzgar y confiscar los bienes de aquellos opositores que se encuentran en el exterior”.

Yonarqui Martínez, por su parte, expone que las confiscaciones se han venido dando desde 2018, y ahora con la participación de la Procuraduría General de la República (PGR), que usurpa funciones del poder judicial porque maneja los registros públicos, algo que ha sido propio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sin embargo, con estas reformas penales propuestas por Ortega, solo se estaría “legalizando lo ilegal en cuanto a las confiscaciones”.

Revanchismo

Por último, el jurista Uriel Pineda asocia estas reformas penales a una reacción de la dictadura a la persecución penal que los Ortega Murillo están sufriendo en Argentina, gracias a lo que se conoce como “jurisdicción universal”.

No obstante, opina Pineda, los dictadores se estarían burlando de una petición que existe para que se ordene la captura de ambos a nivel internacional, y con las reformas estarían diciendo que los únicos que persiguen son ellos.

Igual comenta el opositor Juan Sebastián Chamorro, quien considera que las reformas al Código Penal es "revanchismo" por el juicio que se lleva contra los Ortega Murillo en Argentina.

"Actúan con el hígado y con sed de venganza", expresa Chamorro.

Maradiaga recordó que recientemente los Ortega Murillo sufrieron un revés en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), donde no lograron consenso para que su candidato Valdrack Jaentschke fuera nombrado secretario general de ese organismo.