La cancelación masiva de oenegés es una “aberración jurídica", dicen analistas

La decisión del régimen de Daniel Ortega de cancelar 1.500  organizaciones no gubernamentales esta semana constituye una “aberración” que forma parte de su ofensiva contra las instituciones que no se someten a su ambiciones dinásticas. 

José Dávila Membreño, analista político y exdiplomático nicaragüense, señala que la dictadura quiere eliminar todo vestigio de organización de los ciudadanos. "Se les está negamndo el derecho de reclamar algo, de buscar ayuda nacional o internacional para satisfacer sus necesidades básicas, lo quieren eliminar de una vez como un borrón y cuenta nueva, pero un borrón totalmente inconcebible" apunta Dávila.

Entre las organizaciones canceladas este lunes por el Ministerio del Interior se encuentran dos vinculadas al partido político Yatama, el aliado del sandinismo que fue aniquilado en octubre de 2023, tras la suspensión de su personería jurídica y la detención de su líder Brooklyn Rivera Bryan y su diputada suplente y presidenta regional del partido, Elizabeth Henríquez James.

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La lista la engrosan otras seis organizaciones de excombatientes de “contrarrevolución”, 15 vinculadas a retirados del Ejército Nacional y la Policía Ortegista, y unas 27 asociaciones de excombatientes sandinistas, entre ellas:

• Asociación de Excombatientes Nicaragüenses
• Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos de Granada Carlos Fonseca Amador
• Asociación de Cumplidores del Servicio Militar Patriótico del Departamento de León
• Asociación de Madres de Héroes y Mártires de Estelí

El mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, explica que las organizaciones canceladas no están “ligadas” directa y oficialmente al Ejército y la Policía y que por tanto, “no hay ninguna repercusión a lo interno” de estas instituciones, pero agrega que en algún punto las apoyaron en su funcionamiento e incluso, en su creación.

“Resentimientos” entre los excombatientes

El cierre de estas organizaciones podría generar inconformidades y “resentimiento” dentro de las filas del sandinismo, según el economista y exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro.

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“Es obviamente un golpe político bastante importante el hecho de que son organizaciones sandinistas de excombatientes muchos de ellos paramilitares, seguramente los que estuvieron en el 2018 y 2019. Esto también va a generar un enorme resentimiento en estas personas. Muchas de estas organizaciones, las hicieron en búsqueda de necesidades puntuales como son pensiones, atención médica, gente que quedó lisiada, etcétera, y ahora la dictadura les está dando la espalda por la vía indirecta”, expone Chamorro.

Y aunque estas organizaciones no tienen una relación directa con las dos instituciones de la seguridad nacional, Chamorro señala que a través de su cancelación, el régimen está enviando un mensaje a los oficiales activos del Ejército y la Policía “al decirles que cuando tengan un retiro ni piensen en organizarse en oenegés porque esa no va a ser una posibilidad”.

Murillo moviendo las fichas

En cuanto a si la “compactación” o “barrida” de despidos en el Estado, anunciada por Rosario Murillo, llegará al Ejército y la Policía, los analistas difieren en sus posturas.

Por un lado, Samcam dice que “no afecta al Ejército, pues no funciona como una dependencia del gobierno” como los ministerios. Además de que los altos mandos de esa institución “han demostrado una fidelidad al régimen, la cual ha sido cimentada en base a la cooptación económica” a la que le sacan provecho con el “enriquecimiento ilícito”.

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Sin embargo, es consciente de que Rosario Murillo, la número dos al mando del régimen, podría realizar los cambios necesarios “para garantizar fidelidad” y esto a su vez, causaría “algún malestar” si se produjeran “cambios numerosos y violentos”.

Por su parte, Juan Sebastián Chamorro no descarta que la compactación llegue hasta el Ejército y la Policía, pero dice que al ser las dos fuerzas que “aseguran el mantenimiento del régimen” van a ser las últimas en ser tocadas.

Ambos analistas coinciden en que tanto la “compactación” en las instituciones estatales como el cierre masivo de oenegés, son una manera desesperada del régimen ante la falta de dinero para mantener un “estado grande, pesado e ineficiente”.

“Ya no es posible seguir manteniéndole el empleo a militantes sin capacidad ni preparación profesional, solo por haber estado a la par del gobierno durante la Crisis de Abril”, agrega Samcam.