La dictadura encarcela al párroco Leonel Balmaceda de La Trinidad, Estelí

El padre Leonel Balmaceda de la parroquia Jesús de Caridad del municipio de La Trinidad, Estelí, ha sido detenido este sábado, confirmaron a DESPACHO 505 fuentes eclesiásticas.  

La dictadura continúa la persecución contra sacerdotes y laicos en el Norte de Nicaragua sin explicar a qué se debe, cuáles son los delitos cometidos ni el paradero de los detenidos.  

Esta nueva detención ocurre dos días después de confirmarse el destierro a Roma de siete sacerdotes detenidos este mes de agosto pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa, a cardo del obispo desterrado Rolando Álvarez.  

En las últimas tres semanas la dictadura ha encarcelado a 14 sacerdotes, de los cuales siete han sido desterrados y siete seguirían detenidos, incluyendo al padre Leonel Balmaceda, detenido este sábado.

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Fuentes eclesiásticas también confirman la detención de Carmen Sáenz, colaboradora de la Curia Episcopal de Matagalpa, como ha ocurrido con otros laicos de esta Diócesis.  

Los siete desterrados  

Los sacerdotes expulsados por la dictadura son: monseñor Ulises René Vega Matamoros, monseñor Edgar Sacasa Sierra; el padre Jairo Pravia; Víctor Godoy; Marlon Velázquez, Raúl Francisco Villegas; fray Silvio Romero y el padre Harvin Torres. 

En la lista de los expulsados no figura el padre Frutos Valle, Administrador de la diócesis de Estelí, quien seguiría recluido en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima en Managua. 

Este es el cuarto grupo de sacerdotes expulsados de Nicaragua por órdenes de la dictadura Ortega-Murillo y el segundo de este año. La primera ocasión fue en octubre del 2022, la segunda fue en febrero del 2023, cuando un grupo de seis colaboradores de monseñor Rolando Álvarez fueron expulsados de Nicaragua hacia los Estados Unidos en el grupo de 222 presos políticos.  

Un tercer destierro ocurrió el 15 de enero de este año, cuando el régimen envió a Roma a los obispos Rolando Álvarez de Matagalpa, Isidoro Mora de Siuna y varios sacerdotes. La mayoría de los curas desterrados pertenecían al gobierno eclesiástico de la Arquidiócesis de Managua.