La Corte IDH ordena a Nicaragua liberar a Víctor Ticay, Olesia Muñoz y otros 23 presos políticos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó este martes al Estado de Nicaragua liberar a 25 presos políticos, que incluye al periodista Víctor Ticay y la dos veces encarcelada opositora Olesia Muñoz. Además, pide a las autoridades informar del paradero de otras dos personas que se encuentran “desaparecidas” tras haber sido detenidas. 

En una resolución de medidas provisionales, la Corte IDH requirió a Nicaragua que “proceda a la liberación inmediata” de estas personas “por su participación en actividades percibidas como actos de oposición al actual gobierno de Nicaragua, o se trata de personas con un rol de liderazgo en las comunidades religiosas a las que pertenecen”. 

“A la luz de lo indicado, la Corte constata que las condiciones de detención en que se encuentran los propuestos beneficiarios son de extrema gravedad y que se requiere la adopción de medidas urgentes para evitar que se consumen daños irreparables a sus derechos”, indica la resolución. 

Los beneficiarios de las medidas de la Corte IDH, cuyas decisiones son vinculantes, son Kevin Emilio Castillo Prado, Víctor Jobelni Ticay Ruiz, Sergio Catarino Castiblanco Hernández, Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera, Jonathan Euliecer Cruz Wuaguiz, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Anielka Lucía García Zapata, Melba Damaris Hernández, Freddy Antonio Quezada, Abdul Montoya Vivas, Eddy Antonio Castillo Muñoz; Nelly Griselda López García.

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Además, Juan Carlos Baquedano, Carlos Alberto Bojorge Martínez, Walner Omier Blandón Ochoa, José Luis Orozco Urrutia, Álvaro Daniel Escobar Caldera, Juan Carlos Chavarría Zapata, Marcos Sergio Hernández Jirón, Juan Luis Moncada, Orvin Alexis Moncada Castellano, Harry Lening Ríos Bravo, Manuel De Jesús Ríos Flores, Cesar Facundo Burgalín Miranda y Marisela de Fátima Mejía Ruiz. 

El periodista Víctor Ticay, entonces corresponsal de Canal 10 en del departamento de Granada, fue condenado a ocho años de cárcel por transmitir una procesión prohibida en la Semana Santa del año pasado.

En esta lista figuran periodistas, docentes, artistas, empresarios, activistas, exmilitares, exmilitantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, estudiantes, misioneros y pastores evangélicos. 

La dictadura en desacato permanente 

En noviembre del 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Nicaragua en desacato, luego de que el régimen de Daniel Ortega no respondiera a una serie de resoluciones en las que el tribunal exigía la liberación de presos políticos y la protección de activistas, disidentes y defensores de derechos humanos que han sido detenidos a partir del 2018 cuando comenzaron una serie de protestas. 

En los últimos años Nicaragua no ha respondido a resoluciones y órdenes de la Corte y se ha ausentado de audiencias a las que le ha convocado el tribunal, la última de ellas el pasado 3 de julio cuando los jueces conocieron un caso de femicidio de Dina Carrión que no fue investigado adecuadamente por las autoridades nicaragüenses. 

Las resoluciones emitidas han sido solicitadas a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

La Corte IDH también requirió al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias y adecuadas para determinar e informar el paradero de Freddy Antonio Quezada y Carlos Alberto Bojorge Martínez, quienes se encontrarían desaparecidos”. 

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El tribunal internacional ordenó a Nicaragua que proteja el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal, a la salud y a la alimentación adecuada para las personas beneficiarias de las medidas provisionales, así como que les garantice el acceso de los abogados de confianza y que se abstenga de enjuiciar y ejercer represalias en contra de sus familiares y representantes. 

Danny Ramírez-Ayerdiz del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), destaca de esta resolución la orden de liberación del catedrático Freddy Antonio Quezada (65 años), el preso político de mayor edad.  

“Los adultos mayores por su condición hace que se vayan deteriorando poco a poco y se ordena que se revele dónde está”, señala el defensor de derechos humanos.