“Operación limpieza” en Carazo, “una huella imborrable” en la historia de Nicaragua

La madrugada del domingo 8 de julio de 2018, unos tres mil paramilitares y policías fuertemente armados con fusiles de guerra atacaron sorpresivamente a los autoconvocados que se encontraban en los tranques de Jinotepe, Diriamba y Dolores. Una de las brutales arremetidas ordenadas por Daniel Ortega, como parte de la represión estatal, que dejó un saldo de 38 nicaragüenses asesinados, entre ellos manifestantes y policías.

Hace exactamente seis años, que los atacantes llegaron a bordo de camionetas Hilux 4X4 con armas de alto calibre: RPG 7, PKM, AK 47 y hasta granadas, armamentos que es exclusivo del Ejército. El ataque que fue minuciosamente planificado, tomó por sorpresa a los autoconvocados de Carazo, porque fueron acorralados, dentro de la estrategia del régimen Ortega-Murillo de “vamos con todo”.

Ese día comenzó la denominada “operación limpieza” en Carazo con la que el régimen desmanteló los tranques, las trincheras en las que se refugiaban los autoconvocados y que paralizaron las vías más importantes del país con la finalidad de asfixiar a la dictadura y lograr que Daniel Ortega dimitiera, tras haber arremetido brutalmente contra los manifestantes desde el 18 de abril de 2018.

El objetivo del dictador Daniel Ortega era “silenciar la protesta y la manifestación pública de inconformidad del pueblo nicaragüense”, recuerda Pulo Abrao, quien fue parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI) creado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recopilar información y documentar sobre las violaciones a derechos humanos en el país.

Ataque despiadado

“Las campanadas de los templos fueron la señal de alerta. Al amanecer del domingo 8 de julio, caravanas de policías y paramilitares llegaban por todos los puntos cardinales a Diriamba y Jinotepe con licencia para matar. Fue un ataque despiadado contra manifestantes opositores a Daniel Ortega que dejó una estela de muerte, llanto y rabia”, recoge el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en un documento publicado en su sitio web.

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El abogado Salvador Marenco, miembro del Colectivo, rememora que la operación limpieza en Carazo es “una huella imborrable” ante el sentimiento de impotencia, injusticia e impunidad con la que actuaron las fuerzas paraestatales y policiales. “A mansalva masacraron a todo un pueblo”, recuerda.

Los más de 3 mil policías y paramilitares tenían la orden de disparar a matar a los autoconvocados que solo contaban con piedras, morteros, bombas artesanales y posteriormente algunas armas de fuego para defenderse.

Desde las 5:30 de la madrugada los policías y paramilitares se desplegaron por el departamento de Carazo. Diriamba fue ocupada después de cuatro horas de una intensa lluvia de balas, pero el ataque en Jinotepe fue el más sangriento, duró casi 12 horas. Durante la masacre también hubo participación de francotiradores, de parte del régimen.

Al menos 38 muertos, según el Cenidh

Los sangrientos ataques de ese fin de semana “habría dejado alrededor de 20 personas fallecidas, de ese total al menos dos policías, y decenas de heridos”, relataron en un comunicado conjunto la CIDH y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); sin embargo, organismos nacionales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) contabilizaron al menos 38 muertes.

“No solo se cobró vidas y tuvo un impacto en la democracia y economía de Nicaragua, sino también fue el inicio del autoritarismo a través del terrorismo de Estado en el país”, agrega Paulo Abrao.

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La dictadura Ortega-Murillo planificó muy bien la “Operación limpieza”, horas antes de iniciar el ataque cortó el servicio de energía eléctrica en Carazo con el objetivo de que “las personas se mantuvieran incomunicadas”, relata el abogado Salvador Marenco, quien en ese entonces era parte del CENIDH y fue uno de los defensores que recibió llamadas telefónicas de los caraceños denunciado la barbarie cometida por los verdugos del régimen.

“Narraban los horrores de cómo se escuchaban los disparos desde las seis de la mañana, cinco de la mañana, hasta en horas de la tarde. Cómo se seguían escuchando los disparos. Básicamente fue una operación en donde la gente trató de resistir como pudo por su sueño de libertad, por sueños de justicia; sin embargo, estos sueños de justicia fueron aniquilados con balas”, recuerda Marenco.

Ortega confrontativo

La “Operación limpieza” se extendió por todo el país, luego que Daniel Ortega pronunciara un discurso diciendo que habría elecciones cuando la ley lo mandase en 2021 y no en 2019 como se lo demandaba la Organización de Estados Americanos (OEA), la Iglesia y la oposición nicaragüense.

“Aquí las reglas las pone la Constitución de la República a través del pueblo, las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas”, señaló el dictador.

El sangriento operativo dejó un saldo de aproximadamente 200 asesinatos, de los más de 350, entre ellos niños y adolescentes, ocurridos durante las protestas de 2018, además de otro número significativo de personas heridas, torturadas y centenares presos, de acuerdo a la CIDH.

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“El Estado de Nicaragua debe ofrecer el listado de todas las personas fallecidas y heridas en estos operativos y realizar de forma inmediata, expedita y debida una investigación de los responsables por estos hechos”, urgió la Comisión en su momento; sin embargo, los nicaragüenses siguen clamando por una justicia que ha tardado mucho tiempo en llegar.

¿Cuándo habrá Justicia?

Los nicaragüenses siguen demandando justicia, pero Paulo Abrao es realista, no ve perspectiva de la justicia en el ámbito nacional, al menos por ahora, a pesar de que al régimen se le ha acusado de cometer crímenes de lesa humanidad y se constató la coordinación entre fuerzas paraestatales (grupos de choque) con la Policía, pero afirma que en la justicia internacional ya se han dado pasos significativos.

“La justicia ya está siendo construida en ámbito internacional. Ya fueron inúmeras las medidas cautelares aprobadas por la CIDH. Algunos casos igualmente ya tramitaron que brevemente van a condenar el Estado nicaragüense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La jurisdicción universal fue iniciada en Argentina. Lo de Raynea tramita en Brasil. Hemos estado estudiando acceder a otras instancias internacionales”, expone el experto.

El defensor de derechos humanos, Salvador Marenco, alienta a los nicaragüenses a seguir denunciando los atropellos cometidos por la dictadura, pues aseguró que habrá un momento en que haya justicia y que los culpables paguen por todo lo cometido.

“Tendrá que haber justicia, porque o la justicia transicional o cuando caiga la dictadura, evidentemente se tendrán que establecer distintos mecanismos para que las personas puedan ver justicia. Porque no puede haber verdad sin justicia. No solo bastaría con que un informe se reconozca lo que pasó, sino que también se tendría
que complementar con el juzgamiento de estas personas”, concluye Marenco.