EE.UU. va por más sanciones y control financiero a la dictadura por ataques a la libertad religiosa

Una entidad federal recomienda mantener a Nicaragua como país de “especial preocupación” por violaciones graves de la libertad religiosa.

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Despacho 505
  • Managua, Nicaragua
  • julio 01, 2024
  • 01:05 PM

La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) pidió a la Administración Biden imponer nuevas sanciones a funcionarios e instituciones del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua por sus graves violaciones a la libertad religiosa.

En una actualización sobre los ataques a las congregaciones católicas y evangélicas piden volver a designar a Nicaragua como "país especialmente preocupante" por cometer “violaciones sistemáticas, continuas y atroces” de la libertad religiosa, según la definición de la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA, por sus siglas en inglés). 

La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional es una entidad gubernamental federal bipartidista e independiente establecida por el Congreso de Estados Unidos para monitorear, analizar e informar sobre la libertad religiosa en el extranjero. 

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USCIRF hace recomendaciones de política exterior al presidente, al secretario de Estado y al Congreso con la intención de disuadir la persecución religiosa y promover la libertad de religión y creencias. 

En ese sentido, solicitan a la Administración Biden imponer sanciones selectivas a organismos y funcionarios del régimen nicaragüense responsables de violaciones especialmente graves de la libertad religiosa, congelando los activos de esas personas y/o prohibiendo su entrada en Estados Unidos. 

Al Congreso estadounidense le piden apoyar la legislación, como la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2024, que amplía los fundamentos jurídicos de las sanciones contra los violadores de la libertad religiosa y ordena que el gobierno estadounidense se oponga a que las instituciones financieras internacionales amplíen la ayuda a Nicaragua a menos que la ayuda aborde necesidades humanas básicas o promueva la democracia. 

Los ataques de la dictadura contra las iglesias 

La crisis social y política de Nicaragua, que comenzó en abril de 2018 con la violenta represión de protestas pacíficas por parte del gobierno, ha tenido ramificaciones devastadoras para católicos y protestantes, según el informe. 

Inicialmente, el régimen apuntó a la Iglesia católica porque brindaba refugio a los manifestantes y el clero expresó su oposición a los abusos de los derechos humanos por parte del gobierno. Mas recientemente, las acciones del gobierno han conducido al cierre total de las actividades de la Iglesia, a encarcelamientos masivos y a ataques contra muchos otros grupos religiosos  

El régimen Ortega-Murillo ha emprendido acciones cada vez más represivas contra las comunidades protestantes en su intento por reforzar su control del poder.  

Ha amenazado a miembros de la Iglesia evangélica y de la iglesia Morava, ha prohibido o supervisado visiblemente sus ceremonias religiosas y lugares de culto, y “ha destrozado sus lugares religiosos”. 

En diciembre de 2023, la Policía Orteguista arrestó a 11 pastores afiliados al Ministerio Puerta de la Montña. También intentaron arrestar a tres ciudadanos estadounidenses afiliados al ministerio.  

El Ministerio del Interior canceló la personería juridica del Ministerio Puerta de la Montaña “alegando falsamente que los pastores arrestados se dedicaban al lavado de dinero”. 

En marzo pasado, los 11 pastores arrestados fueron declarados culpables de lavado de dinero y cada uno fue sentenciado a cualquiera de los dos delitos a penas de 12 o 15 años de prisión y una multa de 80 millones de dólares. 

Las violaciones de la libertad religiosa por parte del régimen Ortega-Murillo han seguido aumentando dramáticamente desde las protestas de abril de 2018, destaca el informe. 

El régimen Ortega-Murillo también acosa e intimida a los fieles. A pesar de la presión del gobierno de Estados Unidos, la ONU y la OEA, el régimen Ortega-Murillo no ha mostrado signos de frenar su restricción de la libertad de religión o de creencias.

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