La Asamblea General de la OEA sesionará por primera vez sin Nicaragua

Han pasado 76 años desde que Nicaragua formó parte del grupo de países fundadores de la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde entonces, con la de esta semana en Asunción, Paraguay, se han realizado 54 Asambleas Generales en las que por primera vez Nicaragua no estará oficialmente. 

El dictador Daniel Ortega inició el proceso de retiro de Nicaragua de la OEA en 2021 y luego de dos años, el 19 de noviembre de 2023, se hizo oficial.  

La decisión llegó tras el desconocimiento a los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021 cuando Ortega y Murillo se reeligieron con sus principales contendientes en prisión.  

Sin embargo, la dictadura no se ha librado de las críticas y cuestionamientos de los demás miembros de la organización, que se han mantenido firmes en las condenas a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. 

MÁS NOTICIAS | La amistad de Ortega con los talibanes amenaza la seguridad hemisférica y lo expone a sanciones más duras de EEUU

“Por primera vez la representación de la dictadura va a estar ausente en esta Asamblea General de la OEA; sin embargo, ese asiento no va a estar vacío, va a estar lleno de una forma virtual y más representativa de lo que quiere Nicaragua, por la sociedad civil y la oposición”, expone el analista político y exdiplomático nicaragüense José Dávila Membreño. 

“La situación en Nicaragua” fue incluido en el proyecto de temario del quincuagésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General a solicitud de las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica y Estados Unidos. 

En esta Asamblea General se espera una “fuerte” resolución sobre Nicaragua cuyo borrador fue aprobado sin objeciones en las comisiones preparatorias de la Asamblea.  

Esperan más presión bilateral

La posición espera que después de esta resolución, cada país tome medidas de presión diplomática, aunque ya Nicaragua no sea parte del organismo. 

“No puede ser que Ortega se salga con la suya. El tema de Nicaragua va a estar muy presente y ojalá sea una fuerte condena y exigencia porque él no puede escapar con impunidad después de todo lo que ha venido haciendo”, apunta Dávila Membreño. 

El embajador de Estados Unidos en la OEA, Francisco Mora, adelantó que el proyecto de resolución que se presentará en la Asamblea General tiene “un lenguaje fuerte” que reflejará “el disgusto que sentimos muchos sobre lo que está pasando en el país”. 

“Existe el mismo compromiso que en relaciones anteriores, ya sea del Consejo Permanente o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No va a ignorar ni a actuar con negligencia en cuanto a lo que está pasando en el país, ni va a abandonar al pueblo de Nicaragua”, dijo Mora. 

En medio de la brutal represión estatal en 2018, el Consejo Permanente de la OEA creó un Grupo de Trabajo sobre Nicaragua que mantenía a los miembros de la organización al tanto de lo que ocurría en el país, pero tuvo que ser disuelto en abril de este 2024. 

A pesar de la disolución de ese grupo de trabajo, a causa de la salida de Nicaragua de la OEA, el Consejo Permanente creó un “grupo voluntario” para continuar dando seguimiento a la situación en el país. 

Amnistía Internacional pide revertir deterioro de derechos humanos 

La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional advirtió este lunes sobre el crítico deterioro de las libertades cívicas en Latinoamérica y urgió a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se esfuerce para proteger la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la participación en los asuntos públicos, entre otros derechos fundamentales.

En un comunicado difundido este lunes, la organización subrayó que esta reducción del espacio cívico afecta y amenaza especialmente a los defensores derechos humanos, incluidos colectivos y organizaciones de base, a los periodistas y a las personas percibidas como opositoras políticas.

Pusieron como ejemplo estados como El Salvador, Nicaragua y Venezuela cuyos "gobiernos implementan medidas legales e institucionales para reprimir a grupos de la sociedad civil y así silenciar las críticas, intensificando la amenaza existente sobre el derecho a la libertad de expresión".