El Tesorero General de la República está preso en El Chipote investigado por lavado de dinero

El Tesorero General de la República, Juan José Montoya Pérez, pieza clave del Frente Sandinista dentro del Ministerio de Hacienda, se encuentra detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”, en Managua, confirman a DESPACHO 505 fuentes policiales.  

El funcionario orteguista, que ha sido destituido de facto de su cargo, es investigado por presunto lavado de dinero y corrupción.  

Su detención se ejecutó a finales del mes de abril, pero no ha sido confirmada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la Policía tampoco ha dicho nada.

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Juan José Montoya Pérez había estado en el cargo de Tesorero General de la República desde marzo de 2007, con la llegada al poder de Daniel Ortega. Por él pasaban las principales transacciones y compras del Estado. 

Detenciones en el Mefcca

Las fuentes policiales también confirman la detención de José Benito Aragón Juárez, exviceministro del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Asociativa (Mefcca). 

100% Noticias informó que la esposa del viceministro defenestrado también está presa. Ella era funcionaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adonde también han llegado las detenciones por presunta corrupción.  

El ministro de Hacienda, Iván Acosta, hasta hace poco uno de los cuadros más importante del régimen en materia económica ha sido declarado “en fuga” por la dictadura.  

La caída de Acosta, el poderoso operador económico del régimen, hombre cercano a Ortega, se atribuye a Rosario Murillo. La noticia del allanamiento a su residencia familiar en Veracruz, Managua, la reveló la noche de este martes 100% Noticias y a esta hora ha sido confirmada por diversas fuentes. 

A DESPACHO 505, un cuadro policial, le ha filtrado que "es un hombre en fuga" y que el caso estaría vinculado a una millonaria operación de desvío de fondos.

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Las detenciones a altos funcionarios del régimen evidencian la corrupción que impera a todos los niveles del Estado y el presunto enriquecimiento ilícito de quienes ostentan puestos de mando.  

En los últimos meses ha habido barridas en instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Policía y alcaldías del Frente Sandinista.