La Asamblea General de la OEA abordará la crisis de Nicaragua pese al rechazo del régimen

La crisis de Nicaragua será nuevamente incluida en la agenda de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sesionará entre el 26 y 28 de junio en Asunción (Paraguay), pese a que el país abandonó dicho organismo en noviembre de 2023.

Dada la gravedad de la situación del país en materia de derechos humanos, desde la OEA se propondrá una resolución que demanda al dictador Daniel Ortega la restitución de las libertades, la liberación sin condiciones de los presos políticos, entre otras acciones necesarias para regresar al país a la democracia.

El proyecto de resolución patrocinado por Canadá con la adhesión de Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Uruguay, además de la liberación de los detenidos “por motivos políticos o religiosos”, exigen al dictador Daniel Ortega el cese de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

La propuesta de resolución urge el cese a la represión, la liberación de presos políticos, la anulación de la apatridia y la rendición de cuentas a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Además, pide que el Consejo Permanente de seguimiento a la situación de Nicaragua.

“Profundamente preocupados por el continuo deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua desde 2018, caracterizado por la persistencia de la impunidad de organismos estatales en casos que involucran al menos 355 muertos y 2.000 heridos, así como más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias por motivos políticos”, se lee en el proyecto redactado por Canadá y avalado también  por Antigua y Barbuda, Costa Rica, y República Dominicana.

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En el punto uno “urgen” al régimen que asegure el cese de toda violación a los derechos humanos y tomar medidas efectivas para la restauración de las instituciones democráticas, especialmente su obligación de observancia del Estado de Derecho y los derechos humanos.

Sobre la liberación de los presos por razones políticas o religiosas, demandan que no se les prive de su nacionalidad y del derecho de entrar y salir de Nicaragua una vez que sean liberados, esto en alusión al patrón utilizado por el régimen en los últimos años como ocurrió con los 222 excarcelados políticos desterrados hacia Estados Unidos en 2023, así como al grupo de sacerdotes enviados a Roma junto a monseñor Rolando Álvarez.

DEMANDAN FIN DE IMPUNIDAD

Otra de las demandas es el fin “inmediato” de la impunidad en las instituciones estatales y de actores que “cometen graves violaciones a los derechos humanos”.

También instan al régimen a respetar todas las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, entre ellas las emitidas el 25 de abril de 2024, otorgadas a 11 líderes religiosos de la organización evangélica “Puerta de la Montaña”, a quienes “mantiene encarcelados en instalaciones de máxima seguridad”.

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Llaman a Ortega a que permita la entrada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Mecanismo Especial de Seguimiento, así como de otros órganos internacionales competentes. Le piden que se comprometa constructivamente con el sistema interamericano de derechos humanos.

En la resolución también instruyen al Consejo Permanente de la OEA a que “mantenga su atención” sobre la situación de Nicaragua, que facilite y articule iniciativas de diálogo, negociación y visibilización para cumplir con los objetivos planteados.

BUSCAN DIÁLOGO CONSTRUCTIVO

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitan que continúe realizando un monitoreo y seguimiento cercano de la situación de derechos humanos en Nicaragua y que mantenga informados a los órganos pertinentes de la OEA.

En cuanto a los países miembros de la OEA, los instan a “redoblar sus esfuerzos” por facilitar, por medio de acciones individuales o colectivas, el cese de la violación a los derechos humanos, poner fin a la persecución ideológica ya sea política o religiosa, la recuperación de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en Nicaragua.

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Todo ello, “a través del diálogo constructivo para el cumplimiento por parte de Nicaragua de sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluida la rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado por falta de observancia de los derechos humanos, siempre dentro del marco del derecho internacional, con respeto al principio de no intervención en asuntos internos”.

A pesar de que Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023, el organismo regional ha dicho en reiteradas ocasiones que el régimen no está eximido de respetar los derechos humanos y cumplir las normas internacionales, por ello han mantenido un grupo de trabajo que documenta las violaciones y las lleva a las sesiones periódicas de los países miembros para ser discutidas.

De no haber ningún inconveniente, la nueva resolución será aprobada entre el 26 y 28 de junio en la capital paraguaya.