La dictadura alista ofensiva contra las sanciones de la mano de Rusia

Nicaragua y Rusia tienen entre manos un supuesto mecanismo para hacer frente a las sanciones que pesan sobre ambos países, reveló este viernes en Moscú la procuradora general, Wendy Carolina Morales Urbina, en una entrevista concedida a la agencia rusa Sputnik. 

Morales Urbina es parte de la comitiva nicaragüense que viajó al país polar para participar en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo y que es encabezada por Laureano Ortega Murillo, el hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo que tiene el cargo de asesor de inversiones y es señalado de ser el elegido para heredar el poder en Nicaragua.

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"Tenemos un borrador de un acuerdo, en el cual estamos trabajando en un esfuerzo muy significativo y considerable, para evitar esos abusos de algunas entidades, de algunos países o Estados que quieran apropiarse o que quieran hacer indebidamente uso de algunas normas para lesionar los intereses de los ciudadanos o servidores públicos de ambos países", anunció la procuradora Morales Urbina, sin ofrecer detalles del plan que forma parte de una nueva alianza entre ambos países.

La funcionaria orteguista aseguró, sí, que el mecanismo ideado por Managua y Moscú les permitirá "frenar” el efecto de las sanciones que les han sido impuestas, las cuales calificó de “arbitrariedades unilaterales” y llegó a decir que afectan el desarrollo de ambos países cuando, en el caso de Nicaragua, las sanciones han sido dirigidas a individuos, entidades o empresas encontradas responsables de graves casos de violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Sanción a centro de espionaje y adiestramiento ruso en Managua

Las más recientes sanciones de Estados Unidos afectan las operaciones rusas en Nicaragua, específicamente el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua, que ha sido identificado como una base de espionaje y adietramiento militar que da asistencia al fortaleciemiento de la capacidad represiva del régimen Ortega-Murillo.

Consutada sobre la designación de la base rusa en Managua, la procuradora general dijo que es un ejemplo de las "medidas coercitivas unilaterales occidentales van dirigidas contra los pueblos".

"Son sanciones para el pueblo nicaragüense en este caso. El más perjudicado, indudablemente, es el pueblo nicaragüense. Y en ese sentido, la hemos rechazado con total y contundente presencia en todos los foros en los que hemos participado. Hemos dicho que estas sanciones solo abonan a las directrices de una entidad, de un país en particular. Estamos claros y seguros de que estos procesos tienden a querer frenarnos, pero estamos firmes en nuestra dirección, nuestra posición y nuestra línea en función de continuar con todos los proyectos que tenemos. En ese sentido, nosotros, además de este rechazo, consideramos que debemos seguir adelante y que esto no puede detenernos de ninguna manera", enfatizó la funcionaria.

Las sanciones al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior, basado en Nicaragua desde 2017,  fueron anunciadas el 15 de mayo de 2024 por ser "un actor clave en la represión de la sociedad civil por parte del régimen nicaragüense y en la detención y encarcelamiento injustos de personas por expresar disidencia o ejercer pacíficamente sus derechos humanos y libertades fundamentales", informó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos (OFAC).

Estados Unidos determinó que esa base miliata ha "ayudado, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios" a la Policía Orteguista, el principal brazo represor del régimen y sobre la que ya pensan sanciones de Estados Unidos.