Ortega se dispone a "robar cualquier propiedad", alerta experto

Las recientes toma de propiedades que pertenecían a opositores demuestran la inseguridad jurídica que impera en Nicaragua y que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo puede robar cualquier bien cuando así lo desee, según el abogado Danny Ramírez Ayerdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh).

En los últimos días el régimen ha consumado la confiscación de tres propiedades a desterrados políticos e inauguró un hotel escuela en otra antes tomada. La más reciente confiscación ocurrió este lunes 27 de mayo cuando personal de la Procuraduría General de la República (OGR) y agentes de la Policía Orteguista se tomaron una casa del desterrado político Noel Vidaurre, en San Juan del Sur.

“Es un abuso de autoridad quitarnos propiedades que son bien habidas, sin que hayamos cometido ninguna estafa ningún fraude y mucho menos sean piñateadas”, se refirió Vidaurre al respecto. El viernes 24 de mayo, el régimen inauguró un hotel escuela en propiedades confiscadas a la madre del exmagistrado Rafael Solís y a la familia Chamorro Barrios, también en San Juan del Sur.

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Antes de esto, ordenaron el sábado 25 mayo, la toma de una propiedad del también desterrado político Juan Sebastián Chamorro, en las isletas de Granada. Hasta ahora, el también economista no ha brindado declaraciones al respecto. Otra de las desterradas confiscadas la semana pasada fue la exguerrillera Mónica Baltodano, a quien el régimen le arrebató el hostal “Pájaro Azul” en la laguna de Apoyo, Masaya. “Es una acción represiva por lo que expresé”, sostuvo la opositora.

Baltodano se refiere a un artículo de opinión que publicó recientemente en el medio de comunicación Confidencial sobre el secuestro policial del general en retiro Humberto Ortega, el hermano del dictador. La opositora considera que el ataque a su propiedad fue la respuesta de la dictadura. 

RÉGIMEN “PUEDE ROBAR CUALQUIER PROPIEDAD”

Para el abogado Danny Ramírez-Ayerdiz, con estas confiscaciones Ortega quiere “aparentar” que tiene un brazo fuerte y que todavía “no puede ser doblegado”. Coincide con que esto se desprende de las “declaraciones que dio su hermano (Humberto Ortega) y de algunas cosas que ha dicho últimamente el Departamento de Estado de Estados Unidos”.

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“Quiere demostrar que todavía puede hacer lo que quiere… Procede contra estas personas porque quiere mandar un mensaje claro que él puede robar cualquier propiedad, sea de gente con este tipo de proyección pública o contra cualquier persona”, sostiene el abogado.

En cuanto a si existe algún tipo de fundamentación legal de estas confiscaciones, Ramírez-Ayerdiz sostiene que no hay ninguna que las avale y que no es más que “una forma de castigo” contra los 222 desterrados en febrero de 2023 y los otros 94 nicaragüenses a los que el régimen les arrebató la nacionalidad ese mismo año mediante “una resolución judicial extralimitada”.

“La sustentación de la toma de estas propiedades no es legal, no hay ningún fundamento constitucional ni jurídico que permita el arrebato de la propiedad de nadie. El régimen está actuando al margen de la legalidad como lo viene haciendo incluso desde antes de 2018, porque la Constitución es clara, en Nicaragua no hay confiscación”, explica el secretario ejecutivo de Calidh.

Agrega que las recientes confiscaciones son “una forma de meter en miedo a la población nicaragüense” para que no hagan ninguna crítica, en el que considera “un estado de terror absoluto”. “Es un mensaje contra todos los nicaragüenses porque confiscar a personas con la proyección política y pública como los recientemente confiscados causa un sobresalto en la gente que no tiene tanto dinero", concluyó.