Ortega manoseó al Poder Judicial para mantenerse en el poder, dice investigación

Podría resultar una fecha lejana en el calendario, pero el 19 de octubre de 2009 está marcado en la reciente historia de Nicaragua como el día en el que Daniel Ortega dio el primer paso para convertise en el sanguinario dictador que es hoy, porque fue cuando utilizó al Poder Judicial para burlar la Constitución Política que le prohibía la reelección.

Una sentencia de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sirvió para que el Consejo Supremo Electoral (CSE) admitiera la candidatura de Ortega para las elecciones de 2011, a pesar de que el artículo 147 de la Constitución prohibía la reelección continúa, es decir, que el presidente en el ejercicio, como lo era Ortega en ese momento, no podía ser candidato presidencial.

Este jueves, el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) del organismo Hagamos Democracia, presentó un estudio sobre la corrupción judicial en Nicaragua y presentó a esa sentencia de la Sala Constitucional como uno de los puntos principales, en la "ruta jurídica" que construyó Ortega para el retroceso de la independencia del Poder Judicial.

La investigación expone que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue perdiendo paulatinamente su autonomía e independencia como poder del Estado, hasta convertirse en un "instrumento necesario para asegurar el poder y el autoritarismo del régimen Ortega-Murillo".

Igualmente, le ha servido al dictador para favorecer con impunidad a sus allegados, funcionarios y fieles simpatizantes y, por otro lado, perseguir, criminalizar y condenar a sus oponentes y a cualquier persona que amenace con cuestionar sus políticas.

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Tráfico de influencias

Según la investigación de OPTA, el manoseo de la CSJ favoreció para que en el país hubiera impunidad, y como ejemplo, se pueden mencionar los casos del boxeador Ricardo Mayorga, confeso simpatizante del dictador, quien estuvo acusado de violación y también después fue captado in franganti robando un teléfono celular, pero nunca ha sido castigado por la justicia.

Igualmente, el caso del hermano del boxeador Román "Chocolate" González, Mitton González, quien fue capturado con cocaína, pero después de realizar un segundo peritaje, la Policía del dictador lo salvó diciendo que se trataba de "talco", liberó al sospechoso y quemó la sustancia para que desaparecieran las evidencias.

A Byron Jerez, un examigo del expresidente Arnoldo Alemán, ambos acusados de corrupción, Ortega lo tiene como diputado, luego de que Jerez se hizo vasallo suyo.

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Arma política

En los casos en los que Ortega ha utilizado el Poder Judicial para sus intereses políticos, resalta el caso de Eduardo Montealegre, un potable candidato presidencial al que la justicia orteguista acusó en el juicio de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), mediante los cuales, tras las quiebras de bancos como el Banco Mercantil (Bamer), Banco del Café (Bancafé) y Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), se habría defraudado al Estado por unos 492 millones de dólares.

En realidad, explica la investigación, la acusación era para sacar del escenario político a Montealegre, quien, según las encuestas, era una fuerte opción entre los electores nicaragüenses, y un eventual derrotador de Ortega en las urnas.

El juez orteguista Julio César Arias no realizó ninguna audiencia en este caso, pero sirvió para que Montealegre se alejara, hasta hoy, de la política nicaragüense.

 Tras la crisis socio-política y económica iniciada en abril de 2018, Ortega también ha utilizado al poder judicial para criminalizar a cuantos él considera opositores. Lo usó, por ejemplo, contra unos jóvenes que llevaban agua a las madres, de jóvenes muertos en las protestas, que realizaban una huelga de hambre en Masaya, en el caso conocido como los Aguadores.

Además, en el año 2021, Ortega mandó a encarcelar a todos los candidatos presidenciales opositores, porque sabía que corría peligro con ellos. Medardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz Sequeira y Miguel Mora fueron encarcelados junto a otros líderes opositores y miembros de la sociedad civil.

Por otra parte, Ortega permitió el nepotismo entre sus fichas dentro de la CSJ. Casi todos los magistrados de la Corte, especialmente Alba Luz Ramos, tenían a sus familiares con altos cargos en ese poder del Estado.

El mayor desprestigio

En la actualidad, indica el estudio, en el más "desprestigiado" poder del Estado continúan las prácticas del tráfico de influencia, el soborno y el nepotismo.

En una transición democrática, cuando por fin se logre el cambio de ruta del país, será un reto y una prioridad de los nuevos actores políticos, las autoridades que forman parte del sector justicia, la sociedad y los nuevos funcionarios, recuperar la institucionalidad, la independencia del Poder Judicial y la confianza de la ciudadanía en sus actuaciones", finaliza diciendo la investigación.