Ortega crea “Consejo” para controlar la cadena de persecución del crimen organizado

El dictador Daniel Ortega ordenó al Parlamento crear un “consejo” que le otorga el control total de la cadena de persecución del crimen organizado en Nicaragua, con lo  que legalmente somete a su autoridad a todas las instituciones del Estado a las que compete la detección, investigación, persecución y judicialización de operaciones ilícitas.

La iniciativa de “Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio para la prevención, enfrentamiento y judicialización de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos conexos”, fuen enviada el pasado 21 de mayo a la primera Secretaría de la Asamblea y este jueves escaló a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para ser dictaminada. 

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En la exposición de motivos, el dictador alega que este Consejo es necesario para fortalecer la lucha contra el delito y la seguridad ciudadana.

“El Consejo tendrá dentro de sus funciones identificar y evaluar periódicamente los riesgos nacionales relacionados con delitos provenientes del crimen organizado, narcotráfico y otros delitos establecidos, así como coordinar la elaboración de propuestas de políticas públicas y estrategias nacionales”, las que -se deja en claro- deberán ser “presentadas al Presidente de la República para su aprobación”.

El Consejo estará integrado por los los titulares de las siguientes instituciones: 

1. Unidad de Análisis Financiero, quien lo coordina
2. Poder Judicial
3. Procuraduría General de la República
4. Banco Central de Nicaragua
5. Ministerio Público
6. Ministerio del Interior - Policía Nacional
7. Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
8. Dirección General de Ingresos
9. Dirección General de Servicios Aduanero

Ante Ortega, el papel de las instituciones será el de recabar, intercambiar y analizar información. Para ese fin se les manda a identificar y evaluar periódicamente los riesgos nacionales relacionados con delitos provenientes del crimen organizado, narcotráfico y otros delitos establecidos en la Ley 735, "Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados", y en la Ley 977, "Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva” y "tomar las medidas de mitigación que correspondan".

Además, será atribución del Consejo coordinar y cooperar con las autoridades competentes que conforman el Sistema Nacional Anti-Lavado de Activos.

Entre las 15 competencias que Ortega le asigna a la nueva estructura, está también la de “coordinar con las autoridades competentes los planes y acciones de cooperación e intercambio de información”, un ejercicio que, según la ley, estará enfocado en “agilizar los procesos de investigación y judicialización de los delitos relacionados” al crimen organizado. 

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Entre otras cosas, también se les asigna la tarea de contribuir al “desarrollo de capacidades operativas e investigativas” y al diseño de programas de capacitación para los funcionarios públicos.