La PGR dice que las confiscaciones a oenegés y opositores son por narcotráfico

La Procuraduría General de la República (PGR), justificó las confiscaciones contra organizaciones de la sociedad civil y opositores al régimen desterrados asegurando que son producto de procesos de narcotráfico, lavado de dinero o delitos contra la seguridad ciudadana.

La PGR sostiene que los bienes obtenidos a merced de leyes represivas han sido en “estricto cumplimiento” al "respeto" de la propiedad privada. Sin embargo, gran parte de estas confiscaciones han sido contra medios de comunicación independientes y personas que han sido encarceladas y posteriormente desterradas por oponerse al régimen.

Las acusaciones penales contra estas personas naturales y jurídicas han sido producto de la instrumentalización de las instituciones que han armado casos de narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero o "traición a la patria" siguiendo órdenes de la dictadura.

Las confiscaciones de propiedades desde 2018 tendrían un valor de al menos 250 millones de dólares que los nicaragüenses tendrán que pagar en el futuro. Estos datos fueron revelados recientemente por un estudio del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.

EN DETALLE | La dictadura ha confiscado US$250 millones en propiedades privadas desde 2018

Además, el régimen ha confiscado un gran número de propiedades que pertenecían a las 3 mil 494 organizaciones no gubernamentales que han sido canceladas por el ahora Ministerio del Interior (antes Gobernación).

Entre las personas confiscadas hay exaspirantes presidenciales, periodistas, defensores de derechos humanos, escritores y empresarios.

EL USO DE LAS PROPIEDADES ROBADAS

La PGR argumenta que estas confiscaciones han sido derivadas de “procesos penales” por narcotráfico, lavado de dinero y delitos contra la seguridad ciudadana, soberana, la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses; así como de resoluciones emitidas por las instituciones como el Ministerio del Interior, todos bajo el control de la dictadura.

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Para justificar estas confiscaciones, alegan que estas propiedades han sido destinadas para “beneficio de la población” en distintos programas de salud, educación, proyectos de vivienda e instalaciones deportivas.

“El Estado de Nicaragua, restituyó los bienes anteriores a favor del pueblo nicaragüense, por ser los más afectados por las acciones delictivas y de incumplimiento de algunas personas naturales o jurídicas, que transgredieron las normas internas del país”, dijo la PGR en un comunicado.