La dictadura ha confiscado US$250 millones en propiedades privadas desde 2018

El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, creado por Hagamos Democracia, estima que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado ilegalmente 250 millones de dólares en propiedades que pertenecía a opositores. El dato, que podría ser mayor, es parte de una investigación hecha por el organismo en la que se destaca que solo un reducido número de afectados decidió brindar información. 

Los perjudicados tienen temor de que, si hablan, la dictadura pueda afectarles otros bienes o, en el peor de los casos, que la emprendan contra sus familiares. Aún así, el resultado del estudio aterra porque, con información de apenas 135 propiedades confiscadas, es un número que los investigadores calificaron solo como "la punta del iceberg" de todo lo confiscado por Ortega y Murillo desde 2018.  Dicho monto, según el Observatorio, pasará a ser una deuda pública que se cargaría a la población nicaragüense en el futuro. 

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Similar a la "piñata" de 1990

El estudio también indica que, en cuanto a generación de deuda pública, las nuevas confiscaciones se podrían asemejar a las que realizó el primer gobierno de Daniel Ortega en los años ochenta, cuando en 1979 los sandinistas decomisaron propiedades a la familia Somoza y también a sus allegados, para luego, en 1990, repartirlas entre los altos mandos sandinistas y su círculo cercano, en lo que se conoció como "La Piñata" sandinista.

La deuda pública total de "la piñata" sandinista fue de 2,000 millones de dólares y todavía se está pagando. Debió terminarse de pagar en el 2023, pero la dictadura no ha informado si la misma ya está cancelada o no.

Están prohibidas constitucionalmente

Las confiscaciones están expresamente prohibidas por el artículo 44 de la Constitución Política, pero, tras las protestas de 2018, Ortega y Murillo comenzaron a despojar de sus propiedades a quienes ellos consideraron como artífices de un supuesto golpe de Estado, que en realidad fueron protestas pacíficas autoconvocadas que se oponía a una lesiva reforma a la Seguridad Social del país.

Entre los primeros confiscados estuvieron medios de comunicación como el canal 100% Noticias, cuyo dueño, Miguel Mora, dice que lo afectaron por un monto de cinco millones de dólares, más 900 mil dólares por el costo del edificio confiscado. Además, el medio digital Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro. 

También fue afectado el periodista Aníbal Toruño, quien estima en 1,086,148.24 dólares el valor de radio Darío y otras dos emisoras que le confiscaron en León. El edificio del diario La Prensa, confiscado en 2022, tiene un valor superior a los 20 millones de dólares.

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Otra forma de represión

Las confiscaciones ilegales son otra forma de los Ortega Murillo de reprimir, indica el estudio, y así lo hicieron con los 222 excarcelados políticos que fueron desterrados a Washington, así como con las 94 personas que  desnacionalizadas posteriormente. Entre los casos están el del exmagistrado Rafael Solís y algunos miembros de la familia Chamorro.

De estos últimos, solo se tiene información de 78 propidades confiscadas, entre las que están viviendas, edificios que alquilaban a organismos no gubernamentales, casas para ir de vacaciones, así como locales de negocios. Todo suma un valor por 18 millones de dólares.

Muchas de estas propiedades han ido a parar a manos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Instituto Tecnológico Nacional (Inatec) y el Instituto de Promoción de la Competencia (Procompetencia).

A todas las oenegés que la dictadura ha cancelado, que según el estudio suman 3,494, les han confiscado un gran número de propiedades, pero solo se pudo conocer datos de 41, que pertenecen a 30 organismos. Estas 41 propiedades confiscadas están valoradas en 8.4 millones de dólares.

Los empresarios también han sido confiscados, aunque la mayoría de ellos no brindaron información o, en el caso de las 35 cámaras clausuradas por la dictadura, dijeron algo que a los investiagadores les llamó la atención, que todavía estaban cuantificando el valor de lo confiscado.

La Asociación Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) reportó que les confiscaron tres propiedades, valoradas todas en 1.1 millones de dólares. Y a Expica la despojaron de un terreno que cuesta 928,647 dólares. La misma sede del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) cuesta 500,000 dólares.

La dictadura también la emprendió contra empresarios independientes, como Piero Coen, a quien le confiscaron varias propiedades, una de ellas valoradoa en 100,000,000 de dólares.

En total, lo reportado como confiscado por los empresarios asciende a 163.millones de dólares.El régimen también confiscó a 21 universidades que fueron clausuradas, de las cuales la principal es la Universidad Centroamericana (UCA), pero no se obtuvo datos sobre la misma. El edificio confiscado del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) está valorada en 30 millones de dólares.

A las universidades, en total, les confiscaron propiedades por el orden de los 30.6 millones de dólares. La iglesia Católica también ha sido sumamente perjudicada, pero las autoridades eclesiales nicaragüenses no quisieron brindar información.

"No tengo idea si hay una estimación, pero la cantidad debe ser enorme, pues no solo han congelado las cuentas de la Conferencia Episcopal y de las parroquias, sino que se han apoderado de propiedades e instituciones de la iglesia y de cuentas bancarias de algunos sacerdotes. Los obispos que están en Nicaragua lamentablemente guardan silencio y minimizan estos hechos", dijo a los investigadores una fuente ligada a la alta jerarquía católica.

No se escapan ni las sedes diplomáticas, pues fueron confiscadas la embajada de Taiwán y la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).