Murillo acusa a EEUU, la iglesia Católica y a los empresarios de ser los responsables de las protestas de 2018
La segunda al mando del régimen ha despotricado este jueves contra los líderes de la Iglesia y en un lapsus ha reconocido que la dictadura aplacó las protestas cívicas a “sangre y fuego”.
- Managua
- abril 18, 2024
- 03:10 PM
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La vocera de la dictadura, Rosario Murillo, ha lanzado una verborrea ácida en el día que Nicaragua conmemora el sexto aniversario de la Rebelión de Abril. En su discurso de este jueves, Murillo ha acusado a la Embajada de Estados Unidos en Managua, a la iglesia Católica y a los empresarios de ser los responsables de las manifestaciones cívicas que paralizaron el país, primero, en contra de una injusta reforma a la Seguridad Social. Las protestas, reprimidas a sangre y fuego, derivaron posteriormente en un clamor de libertad, justicia y democracia.
El discurso de odio de Murillo contrasta con el mensaje oficial de “amor y paz” que desde el aparato de propaganda intentan impregnar al 18 de abril. La mujer de Ortega se ha conectado telefónicamente con el oficialista Canal 4 para apuntar a todos flancos opositores, pero ha dedicado más tiempo a criticar a la iglesia Católica de Nicaragua por apoyar las manifestaciones ciudadanas y auxiliar a miles de personas heridas producto de la represión de fuerzas policiales y parapoliciales.
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“Hace seis años de combate y triunfo contra las tinieblas, contra el fuego del infierno, contra las tempestades del odio, contra los sembradores de muerte y dolor, la cizaña que pretendían penetrarnos por órdenes expresas de la embajada americana, y otras comparsas y sectores de la iglesia Católica y empresarios que presagiaban muerte y destrucción”, dijo Murillo en una retahíla a la que le siguió una clara alusión al apoyo expreso de la Iglesia a las manifestaciones opositoras. Sin embargo, fue el propio Daniel Ortega el que acudió a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) para que mediaran en la crisis que puso contra las cuerdas a su régimen en los días más álgidos de las protestas.
“Hace seis años iniciaba el asedio, el acoso, con campanas que no sonaban a fiesta, sino a asesinatos a barbarie, campanas que convocaban a matar, que no tenían nada de cristiana o de credo religioso alguno, campanas que reproducían el escenario de los bombardeos somocistas en sus últimos días de decadencia”, agregó la número dos del régimen. Murillo ha recurrido al calificativos de vampiros para referirse a los líderes de la Iglesia. Los párrocos de decenas de parroquias del país hicieron sonar las campañas de los templos para advertir a la población de las masacres perpetradas por fuerzas afines a la dictadura.
Contrario a lo que asegura Murillo, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas señaló en febrero pasado que el Gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas. Y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ortega es responsable del asesinato de 355 personas en el contexto de las manifestaciones de 2018.
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Murillo no escatimó en calificativos este 18 de abril: “Discípulos de satanás, hipócritas”, dijo. También en un lapsus ha reconocido que el régimen aplacó las protestas cívicas a “sangre y fuego”. “Les dimos su lección, y se fueron y se siguen yendo, los puchos decrépitos que por ahí suenan”, añadió la funcionaria que a la vez acuñó a los opositores los delitos de lesa humanidad de los que se acusan al Ejecutivo y mandos policiales y militares: “Vimos la flagrante violación de todos nuestros derechos a manos de torturadores”, expresó Murillo en tono victimizante.
Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, la persecución por parte del régimen de personas opositoras reales o percibidas como tales se ha vuelto más sutil. “Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social”, dicen los expertos.