Los números que retratan la venganza de la dictadura contra quienes protestaron en 2018

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo no se conformaron con reprimir las protestas de 2018, con paramilitares y armas de guerra, que dejaron un saldo de 355 personas asesinadas. Desde ese año también han cometido decenas de violaciones a los derechos humanos profundizando el dolor de los nicaragüenses. 

Así lo demuestran las estadísticas presentadas por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más mediante un documento publicado a propósito del sexto aniversario de las protestas que iniciaron el 18 de abril de 2018. "Seis años después de aquel 18 de abril, continúa la sistemática represión, expresión de venganza contra miles de nicaragüenses que protestaron legítimamente en reclamo por una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura Ortega Murillo", reza el escrito.

Lea también: Nicaragua, seis abriles después: la rebelión que se niega a morir

Torturas y destierro

El Colectivo ha identificado más de 40 métodos de torturas de la dictadura, como violencia sexual, así como también se han documentado cárceles clandestinas y se ha distinguido a 169 torturadores. También, se han constatado desapariciones forzadas, tanto temporales como permanentes.

El estado de excepción de facto que ha impuesto la dictadura ha provocado que 741,691 personas se hayan ido del país por persecución política o por motivos económicos.

Durante estos últimos seis años, la Asamblea Nacional, en la que todos los diputados son fieles a los dictadura, han aprobado 15 leyes que violentan los derechos humanos de los nicaragüenses.

Medios de comunicación y organismos cerrados

Además, 56 medios de comunicación han sido cerrados y confiscados, como La Prensa, Radio Darío, Confidencial o 100 % Noticias, así como también el régimen ha obligado a más de 250 periodistas a exiliarse.

Igualmente, el régimen ha clausurado 3,697 orgnizaciones de la sociedad civil, incluidos partidos políticos. La dictadura cerró 31 universidades, entre ellas la Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).

Lea también: Nueva ley estadounidense promete castigar a la dictadura Ortega-Murillo

Desnacionalización y presos políticos

En los últimos dos años, más de 318 personas han sido desnacionalizadas, 145 nicaragüenses han sido impedidos de entrar al país y 30 sacerdotes han sido desterrados, entre ellos monseñor Rolando Álvarez.

La dictadura ha venido malversando los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y ya lleva al menos 11 años de saqueo en sus arcas del INSS. Según el Colectivo, para este año 2024 tendrá un déficit de 4,500 millones de córdobas.

Por ultimo, basándose sobre la información recopilada por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta este mes de abril se contabilizan 138 presos políticos, de los 23 son mujeres y 115 varones, y el Colectivo también ha documentado 1,200 casos en los que se evidencian crímenes de lesa humanidad.