Régimen controlará a las alcaldías desde la PGR

El régimen Ortega-Murillo vigilará y controlará a los funcionarios de las 153 alcaldías de Nicaragua por medio de una reforma al Reglamento Orgánico de la Procuraduría General de la República (PGR), con la que absorberá a la Procuraduría para las municipalidades y la Procuraduría Nacional de la Familia.

La iniciativa de ley establece que la principal función de la recién creada Procuraduría para las Municipales será vigilar las acciones administrativas que realicen los funcionarios públicos en las alcaldías de todo el país, con el argumento de que se busca promover la transparencia.

El artículo 31 de la reforma a la Ley Orgánica de la Ley creadora de la PGR otorga seis funciones a las Procuradurías para las municipales. La primera actividad será la de "Supervisar que las municipalidades y sus funcionarios, cumplan estrictamente con las normas de probidad, integridad y transparencia, previstas en la Constitución Política y demás leyes de la materia".

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Asimismo, los procuradores serán los responsables de "Promover capacitaciones a los servidores públicos de las municipalidades en temas relacionados con la administración financiera, contrataciones municipales, Ética y Recursos Humanos y demás temas relacionados con el desarrollo de la gestión municipal".

No obstante, los procuradores funcionarán como fiscalizadores, usurpando las funciones de la Contraloría, ya que podrán "Requerir informes, expedientes y cualquier tipo de documentación e información a los servidores públicos para corroborar la correcta gestión municipal; los cuales deberán ser atendidos en los plazos fijados en dichos requerimientos".

Podrán de acusar penalmente a cualquier funcionario

Los procuradores municipales tendrán la facultad de acusar penalmente a cualquier funcionarios municipales, incluyendo al alcalde y vicealcalde, ya que actuará como el abogado del Estado, en representación de la Procuraduría General de la República, para garantizar el "cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las municipalidades", según el artículo 30 de la reforma.

Para cumplir con este cometido, los procuradores municipales serán los encargados de revisar cada uno de los procesos de contraciones administrativas, para detectar anomalías. Sin embargo, la medida está encaminada en vigilar a los funcionarios públicos más que detectar actos de corrupción.

Prueba de ello es que la Contraloría General de la República (CGR), encargada del control y fiscalización del uso de los bienes y recursos del Estado, nunca se ha interesado por abrir una investigación en la alcaldía de Managua, en la que investigaciones periodísticas ha demostrado tráfico de influencia, corrupción y uso indebido de los bienes del Estado de parte del Secretario General de la comuna, Fidel Moreno.

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Aunque la reforma propuesta por la bancada sandinista en la Asamblea Nacional no especifica el perfil de los funcionarios que ocuparán el cargo de procuradores municipales, lo cierto, es que el trabajo que realizarán será más de control político que administrativo.