Piden a la comunidad internacional juzgar al Estado de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), juzgar al Estado de Nicaragua por las graves violaciones a derechos humanos que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejecutado desde abril de 2018. 

Los ataques contra la población civil que el Estado ha perpetrado, calificados como crímenes de lesa humanidad por diversos organismos internacionales, según Calidh, hacen que la crisis de Nicaragua sea “la más grave del hemisferio occidental”.  

Las acciones de justicia están centradas en el futuro transicional respecto de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Los organismos de derechos humanos no han dejado de proponer y de pensar cómo y bajo qué modalidad serán juzgados. No obstante, el Estado también debe ser juzgado, destacó el organismo en un informe publicado este jueves en el sexto aniversario del inicio de la Rebelión de Abril. 

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“Los crímenes de lesa humanidad son también perpetrados por el Estado. Este tiene una responsabilidad concreta cuando fallan los mecanismos que deberían proteger y garantizar los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos que están bajo su jurisdicción. En este sentido, el Estado de Nicaragua actualmente está sometido a diversas instancias para determinar su responsabilidad, sobre todo mediante casos individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, continúa. 

OPCIONES PARA JUZGAR AL ESTADO 

Hay distintas opciones para juzgar al Estado por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra del pueblo nicaragüense. 

Calidh insta a la comunidad internacional a presentar una demanda de un Estado contra el Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.  

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Esto se podría hacer bajo el amparo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). Todos ratificados por el Estado de Nicaragua.