Nueva ley estadounidense promete castigar a la dictadura Ortega-Murillo

La ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua (s.1881) todavía está en proceso de formación, pero promete que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como sus cómplices, rindan cuentas por las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses que han cometido desde 2018.

Esta ley buscará reforzar medidas ya existentes, como la Nica Act de 2018 o la Renacer Act de 2021, pero todavía necesita ser aprobada por el Senado norteamericano y luego por el Congreso, para, finalmente, ser firmada por el presidente Joe Biden.

El proceso de aprobación podría alargarse, explica el analista y excarcelado político Francisco Aguirre Sacasa, debido a que este año es electoral en Estados Unidos y los políticos están concentrados en los asuntos internos, pero es importante que fue ideada por un republicano y un democráta y aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

Ello, según Aguirre Sacasa, indica que hay un "consenso" entre las dos grandes fuerzas políticas de Estados Unidos de que "las cosas en Nicaragua no andan bien".

Lea también: El Comité de Relaciones Exteriores de EE.UU. aprueba reautorización de la Nica Act y Renacer Act

CASTIGAR AL EJÉRCITO

De ser aprobada, la ley extendería la vigencia de la Nica Act (Nicaraguan Conditionality Act) hasta 2028  y le daría vida adicional a la ley Renacer (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua), explica el investigador de Diálogo Interamericano Manuel Orozco,  

La ley tendría nueve artículos y, en el caso de la Nica Act,  extienden las sanciones ya establecidas contra la dictadura nicaragüense, esta vez, debido a la persecución religiosa que han cometido los dictadures en los últimos dos años.

Además, buscan castigar al Ejército nicaragüense, a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).

También se mantienen algunos componentes importantes, como la colaboración con las Naciones Unidas en el tema de los derechos humanos y la sección 301 es vital porque abre la puerta para apoyar al movimiento cívico democrático, indica Oroazco.

Algo importante, señala Orozco, es que la ley busca también castigar al ejército nicaragüense, porque habla de sancionar a quienes apoyen la invasión ilegal de Rusia en Ucrania, ya sea con bienes, servicios o tecnología. "Eso pone una lupa de vigilancia en el ejército", dice el experto.

La nueva ley incluso contempla sancionar otros sectores económicos en Nicaragua, además del oro.

Lea también: El régimen le niega la Plaza la Fe al pastor Omar Duarte

PONE LA MIRADA SOBRE  LOS  FONDOS DEl BCIE

La nueva ley, de ser aprobada, establecerá un escrutinio sobre los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El analista Manuel Orzoco explica que Estados Unidos no es miembro del BCIE, pero puede ejercer presión de manera indiecta sobre las decisiones que puedan ir a favor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Esa presión, indica el economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro, podría ser por la vía diplomática sobre países que son socios extraregionales, como Argentina, Corea del Sur, España, México y Colombia.

La idea es es evitar la expansión y la reanudación de créditos adicionales que puedan favorecer económicamente a los dictadores Ortega y Murillo, o para que no utilicen los préstamos del BCIE, grega Chamorro.

El DR-Cafta

El título 2 del proyecto de ley también pretende revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-Cafta.

De acuerdo con el analista y excarcelado político Francisco Aguirre Sacasa, el fortalecimiento de la Ley Renacer le da la posibilidad a Estados Unidos de sacar a Nicaragua del DR-Cafta, lo cual sería catastrófico para todo el país, no solo para los dictadores.

Según Aguirre Sacasa, hasta ahora las sanciones aplicadas por Estados Unidos han sido poco efectivas, porque han estado dirigidas contra personas individuales, aunque allegadas a la dictadura. Pero, con la nueva ley, de ser aprobada, se puede "elevar la parada" y se elevaría el riesgo de que Nicaragua sea expulsada de ese tratado.

Sería fatal para Nicaragua, debido a que Estados Unidos es el principal socio comercial del país, dice Aguirre Sacasa.

El analista reconoce que la situación no apunta tanto a que Nicaragua salga del DR-Cafta, pero sí referencia a una ley, de 1974, con la que se le puede quitar privilegios al país.

Manuel Orozco no cree que, de aprobarse, la nueva ley signifique que el DR-Cafta esté en peligro para Nicaragua, pero sí puede haber consecuencias negativas.

"Primero, el Congreso (de Estados Unidos) autoriza que la Agencia de Comercio Exterior determine cualquier alteración o violación del Cafta. Esto tiene que ver con la voluntad política de la administración de reconocer violaciones al capítulo 16 y 17 del tratado y de otros componentes. La consecuencia es activar los mecanismos intrínsecos dentro del tratado referentes a violaciones. Esa penalización no significa suspender o sacar a Nicaragua del Cafta, pero significa reducir su ámbito de operación, multar al Estado. Lo importante es que el Congreso está definiendo que el comercio con Nicaragua no puede seguir bajo los mismos términos en medio de una dictadura", explica Orozco.

Por su parte, Juan Sebastián Chamorro añade que la nueva ley establecería un periodo de un año para que se haga un reporte de los beneficios que recibe la familia Ortega Murillo con ese tratado y se determine si Nicaragua ha violado alguna claúsula.