Más de 200 nicaragüenses apátridas han recibido la nacionalidad española, destaca el presidente Pedro Sánchez 

El presidente de España Pedro Sánchez, recordó su compromiso con el derecho internacional a través de la concesión de la nacionalidad española a ciudadanos nicaragüenses declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En su participación en el Consejo Internacional de la Internacional Socialista, el presidente del Gobierno español destacó que ha cumplido con su promesa de respetar la democracia y los derechos humanos.

"Ante vosotros y vosotras me comprometí hace poco más de un año a que la Internacional Socialista se consolidara como plataforma para extender la democracia, el respeto a los derechos humanos y a impulsar la paz en los cinco continentes (...). Como en Nicaragua con la concesión por parte de España de la nacionalidad a las más de 200 personas que el régimen de Ortega ha retirado la nacionalidad nicaragüense", dijo en su participación del Consejo Internacional el pasado sábado 24 de febrero.

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Desde el despojo de la nacionalidad a más de 300 ciudadanos nicaragüenses y exreos políticos, el gobierno de España ofreció la concesión de la nacionalidad a estos apátridas. Hasta el momento a más de 200 apátridas se les ha otorgado la nacionalidad española.

En el último grupo de 13 ciudadanos declarados españoles destaca el excandidato a la presidencia Juan Sebastián Chamorro, la dirigente estudiantil Samantha Jirón y la periodista Berta Valle.

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Este 15 de febrero se cumplió un año desde que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo decretó ilegalmente la pérdida de la nacionalidad nicaragüense contra un grupo de 94 opositores exiliados a quienes se les declaró “traidores a la patria” y se les confiscó sus bienes.  

La decisión del régimen llegó una semana después de la liberación y destierro a Estados Unidos de 222 presos políticos, también declarados apátridas y confiscados.  

“Con su desfachatez habitual montaron una farsa aplicando leyes que no existían, falsificaron expedientes, dictaron sentencias sin juicios y aplicaron penas expresamente prohibidas. El colmo es que la “ley” de reforma constitucional que sirvió de base a la imposición de la pena de pérdida de nacionalidad entró en vigor hasta en enero del 2024, según el texto oficial recién publicado”, recordaron los desnacionalizados.

“Somos nicaragüenses porque no está en la facultad de un tirano arrebatar su nacionalidad a ningún nicaragüense. Menos un tirano vendepatria que no tiene empacho en postrarse ante potencias extranjeras, que mantiene hipotecado al país por cien años con el cuento chino del proyecto de canal interoceánico, y que además participa de redes transnacionales para la trata de personas y lavado de activos”, dijeron.