El asilo a Martinelli tensiona las relaciones entre Nicaragua y Panamá

Las relaciones Nicaragua y Panamá han escalado un delicado punto de tensión. La decisión de Daniel Ortega de salvar de la cárcel al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) con la concesión de asilo político es un choque diplomático serio, coinciden analistas consultados por DESPACHO 505.

Martinelli lleva ya seis días atrincherado en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá. El pasado 7 de febrero, después de que Ortega le diera la protección del asilo, se atrincheró en la sede diplomática a donde llegó como un torbellino: trasladó muebles, acondicionó las instalaciones, comenzó a recibir visitas y hasta mandó a traer a su mascota, un perro al que llama Bruno.

Desde el primer día, Martinelli reclama a Panamá un salvoconducto que le permita abandonar el país para instalarse en Managua. El expresidente y uno de los principales candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 5 de mayo, evadiría así una condena por blanqueo de capitales que incluye una sentencia a diez años de prisión.

El Gobierno de Panamá ha rechazado la petición de un salvoconducto para Martilli escalada por Nicaragua y ha advertido de las "consecuencias diplomáticas" que pueden tener las declaraciones que emita el expresidente desde la sede diplomática nicaragüense. Todo lo que diga y “repercuta en la política doméstica de Panamá, será considerada una injerencia en los asuntos internos” del país, avisó por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el pasado 9 de febrero.

“Más allá del diferendo jurídico, la situación creada evidentemente tensiona las relaciones entre ambos países e impacta también al ya zarandeado e inoperante Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)”, dice un experto en relaciones internacionales consultado por DESPACHO 505 y que pidió el anonimato por razones de seguridad.

La fuente explica que el problema podría “agravarse si el asilo diplomático comienza a ser usado por Martinelli con fines políticos, de cara a la campaña electoral y las elecciones generales”, lo cual ya ha avanzado que hará, pues insiste en continuar con su campaña política.

El politólogo y presidente de la Fundación Libertad, Félix Maradiaga, también cree que las aspiraciones electorales de Martinelli podrían acerrear problemas para Nicaragua, ya que la Constitución Política de Panamá, prohíbe que cualquier persona sentenciada a una pena de prisión de cinco años o más pueda ser presidente del país. 

Si expresidente panameño continúa su campaña electoral desde la embajada de Nicaragua “sería una clara violación de la ley panameña y un menoscabo al sistema de justicia del país. Cualquier acción o declaración que Martinelli realice desde la embajada nicaragüense y que afecte la política doméstica de Panamá constituiría una interferencia en asuntos internos, según el derecho internacional, lo cual debería tener consecuencias diplomáticas”, agrega Maradiaga. 

NICARAGUA Y MARTINELLI, LOS PERDEDORES

El catedrático costarricense Carlos Murillo explica que Panamá negó el salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli porque tiene una sentencia firme y si el Ejecutivo panameño lo deja salir del país estaría violando la decisión de una instancia judicial. 

Martinelli fue condenado a 10 años de prisión y a una multa de 19,2 millones de dólares por blanqueo de capitales, condena que quedó firme luego que la Corte Suprema de Justicia no admitiera un recurso de casación que agota la vía legal.

“No hay violación a la Convención sobre el asilo, porque Martinelli no es un perseguido político, lo juzgaron por corrupción no por asuntos de situación política”, dice Murillo rebetiendo el argumento de Nicaragua al solicitar a Panamá el permiso de salida del país del expresidente.

Frente a este escenario, dice Murillo, "Martinelli y Nicaragua llevan más posibilidades de perder mientras Panamá se mantenga firme en la decisión de no darle el salvoconducto”.

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El Gobierno del país canalero, fundamentó el rechazo al pedido invocando el artículo 1 de la Convención sobre el Asilo de 1928 -un acuerdo internacional ratificado por Nicaragua y Panamá- que establece que los países no pueden conceder asilo a personas que hayan sido procesadas por delitos comunes.

Tanto la Convención sobre asilo de La Habana de 1928 como la Convención de Montevideo de 1933, que la reforma, son claras en establecer que el asilo diplomático "no es aplicable a delincuentes comunes", añade el especialista en relaciones internacionales.

EL FUTURO DE MARTINELLI

El expresidente panameño podría pasar meses o quizas años en la sede diplomática de Nicaragua en Panamá, tal y como ocurrió con Julian Assange, el fundador de WikiLeaks que permaneció asilado en la embajada de Ecuador en el Reino Unido por casi siete años y que, finalmente, se entregó a las autoridades de ese país.

Murillo considera que Martinelli puede optar por seguir refugiado en la embajada de Nicaragua, aunque “pensaría que por su estilo no va a soportar mucho tiempo”. El catedrático costarricense cree que la apuesta del expresidente es resistir hasta las elecciones en Panamá, programadas para el próximo 5 de mayo, “y esperar que gane el que era candidato a vicepresidente José Raúl Mulino, y una vez que asuma la Presidencia le otorgue un indulto y salga y no necesite el viajar a Nicaragua”.

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Por su parte, el exembajador José Dávila ve dos salidas para Martinelli: permanecer todo el tiempo que quiera en la embajada de Nicaragua o enfrentar a la justicia. 

“Pero lo que no puede el gobierno de Nicaragua es estar alegando violaciones a las convenciones sobre asilo político, eso es un cinismo”, dice Dávila. Es exembajador nicaragüense señala a Daniel Ortega y Rosario Murillo de convertir a Nicaragua en un “Estado nido de corruptos internacionales”, ya que ha acogido a tres expresidentes acusados de actos de corrupción. 

Para Dávila, la negativa de Panamá a otorgarle el salvoconducto a Martinelli es una decisión acertada. Dávila coincide en que Martinelli no califica como beneficiario de asilo político ya que está condenado y con sentencia ratificada por actos de corrupción.