La Asamblea Orteguista ratifica el sometimiento de la Policía al régimen

La Asamblea Orteguista ratificó por unanimidad, en segunda legislatura, la reforma al artículo 97 y 165 de la Constitución Política de Nicaragua.  

Las ratificaciones de ambos artículos se realizaron de manera exprés la mañana de este martes sin discusiones por parte de los parlamentarios. La reforma al artículo 97 de la Constitución Política se realizó el pasado 5 de julio de 2023 y sirvió  para quitarle el carácter profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante a la Policía y castigar a los desertores. 

Desde el 2018, la Policía es señalada de ser el brazo represor de la dictadura y junto con parapoliciales ejecutó la llamada Operación Limpieza para desmontar las protestas sociales. Producto de la represión estatal, aproximadamente 355 nicaragüenses fueron asesinado, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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En la exposición de motivos para la ratificación de dicho artículo, los parlamentarios orteguistas señalan que es deber del Estado proteger a las personas dentro del país y que la modificación al artículo constitucional “tiene como finalidad adecuar y reformar la base constitucional que rige el actuar de la Policía Nacional frente a las nuevas modalidades del crimen organizado”.

También fue aprobado por unanimidad, la reforma al artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua pasando a la Procuraduría General de la República el control de los registros del país. A pesar de que las reformas no estaban vigentes, la dictadura de Daniel Ortega ya venía aplicándola por lo que expertos consideran que la ratificación es un mero trámite. 

TRES ARTÍCULOS PENDIENTE DE RATIFICAR

Queda pendiente por ratificar en segunda legislatura la reforma al artículo 21 a la Constitución Política aprobada el 9 de febrero cuyo fin es de legitimar la desnaturalización de los 222 presos políticos quie fueron desterrados a Estados Unidos.  

Así como la modificación al artículo 159 de la Carta Magna de Nicaragua para quitar la asignación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 4% del Presupuesto General de la República de Nicaragua (PGR). 

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Y la reforma parcial al artículo 138 de la Constitución Política de Nicaragua que le quitó al Poder Legislativo la facultad de elegir al Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos, traspasándolo a la Procuraduría General de la República.