Estados Unidos mantiene que la crisis de Nicaragua es una amenaza para su seguridad nacional

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que la crisis sociopolítica que vive Nicaragua continúa siendo una amenaza para la seguridad nacional de su país. A través de un aviso presidencial, el mandatario informó que mantendrá por un año más una orden ejecutiva de 2018 que su antecesor Donald Trump firmó para "hacer frente a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional" que representa la situación de Nicaragua.

La Casa Blanca argumenta que la respuesta violenta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a las protestas cívicas de 2018; el continuo desmantelamiento y socavamiento sistemático de las instituciones democráticas y el estado de Derecho; y el uso de la violencia indiscriminada y tácticas represivas contra civiles, así como la corrupción que conduce a la desestabilización de la economía de Nicaragua, "continúan planteando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos".

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Ante eso, agrega el comunicado de la Administración Biden, "la emergencia nacional declarada el 27 de noviembre de 2018 debe continuar vigente más allá del 27 de noviembre de 2023. La orden que declara a Nicaragua como un amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos se extenderá por un año más, es decir hasta noviembre de 2024. En Nicaragua, el régimen ha implantado estado policial de facto que ha cercenado las libertades públicas.

La decisión de Trump en 2018 vino acompañada de una autorización al Departamento del Tesoro para actuar en contra de los implicados en la represión de la dictadura. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la dictadura es responsable de 355 asesinatos en el contexto de las protestas cívicas de 2018.

Las represión orteguista dio paso a un cercenamiento total de la democracia y derivó en centenares de arrestos contra opositores. Ortega, pese a participar en dos intentos de diálogo nacional, se negó a una salida cívica a la crisis. Al contrario, fraguó un fraude en las elecciones generales de de 2021 y en las municipales de 2022, también aniquiló a la sociedad civil a través de la eliminación de miles de organizaciones no gubernamentales.

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En los últimos años, el régimen ha emprendido una persecución feroz contra opositores y la Iglesia católica, muestra de ello es que el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez está bajo prisión por supuestos delitos que atentan contra la "soberanía nacional". En febrero pasado, Ortega desterró hacia Estados Unidos a 222 presos políticos a quienes luego despojó de su nacionalidad.