Los “delitos” de Yatama según el CSE: Promover injerencia, pedir sanciones e intentar desestabilizar el país 

El Consejo Supremo Electoral (CSE) describe al partido indígena Yatama, hasta hace muy poco aliado del FSLN, como parte de una célula de conspiración para menoscabar la integridad del país. En la resolución de cancelación de su personalidad jurídica lo acusa de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, de pedir sanciones contra el Estado de Nicaragua y de ser parte de una campaña que “tergiversa y falsea” para desestabilizar el país.

El órgano electoral se basa en esas acusaciones para dejar caer sobre el partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama) todo el peso de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, Ley 1055, que es parte del marco legal represivo que ha construido el orteguismo para criminalizar todo tipo de disidencia.

La cancelación de la personería jurídica de Yatama ocurre cinco meses antes de las elecciones regionales, previstas para marzo del 2024. Este es el cuarto partido político que el régimen de Nicaragua ilegaliza en los últimos tres años. En el 2021 canceló al Partido Conservador, Ciudadanos por la Libertad y Partido de Restauración Democrática.

En la resolución se indica que el 2 de octubre de 2023 la Dirección General de Atención a Partidos Políticos del CSE informó a los magistrados orteguistas que el “comportamiento” de Yatama “riñe y contraviene de manera directa con el ordenamiento jurídico aplicable a las organizaciones políticas”.

“Yatama ha actuado en flagrante violación a la Ley N° 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (...) en relación a su representante legal, ciudadano Brooklyn Rivera Bryan y demás personeros directivos, han estado manifestando públicamente un discurso que tergiversa y falsea la realidad del país”, dice parte del texto de la resolución con fecha del 3 de octubre.

Según se lee, el CSE concluye que el comportamiento de Yatama es “antisoberano" y lo acusa de expresar de manera pública y reiterada esas supuestas actitudes que atentan contra el país. Esos señalamientos, dice, "deja en evidencia la existencia de una campaña orquestada por el partido político Yatama, que tergiversa y falsea la verdad, instando a la desestabilización de las comunidades de nuestro país”.

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Yatama y sus dirigentes son acusados también de violar la Ley 919, Ley de Seguridad Soberana de Nicaragua y el artículo 47 de la Ley Electoral, este último referido a los deberes de los partidos políticos. 

CSE MOLESTO POR COMUNICADO DE YATAMA

El CSE también mostró su inconformidad por el comunicado de Yatama del pasado 30 de septiembre demandando la liberación del diputado Brooklyn Rivera Brayan, en el que la organización política cuestionaba la medida calificándola de ilegal y arbitraria.

Además, Yatama llamó a la comunidad internacional y a los gobiernos del mundo que intercedan ante la situación que enfrentan “y continuar condenando las violaciones sistemáticas de los derechos de los pueblos indígenas y sus líderes”.

Según Yatama, la detención de Rivera fue una “acción anticipada” de una estrategia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, “para sacarle ventaja electoral” a los comicios regionales previstos a realizarse en marzo del 2024, “en el cual Yatama es la única fuerza política regional competente y de masa”.

OACNUDH CONDENA CANCELACIÓN DE YATAMA

En su resolución de cancelación de la personería jurídica, el CSE justifica el exterminio de Yatama como parte del cumplimiento de sus funciones, recordando que “está obligado a cumplir las disposiciones constitucionales y legales del país" y que por eso da "seguimiento a todo comportamiento reñido con dichas disposiciones por parte de todo ciudadano o ciudadana, partidos políticos y/o representantes legales de partidos políticos".

"En tal sentido, toda persona o partido político indefectiblemente debe cumplir las disposiciones y requisitos establecidos en la Constitución Política y las demás Leyes de la República”.

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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) mostró su rechazo por la cancelación de la personería jurídica de Yatama.

“Restringir aún más el derecho a la participación política ahonda la crisis de derechos humanos y aleja las soluciones: no hay democracia sin pluralismo político”, señaló la instancia de Naciones Unidas. 

La Policía Orteguista secuestró el pasado 29 de septiembre al diputado Rivera Brayan y dos días después el 1 de octubre detuvo a su diputada suplente Nancy Elizabeth Henríquez James.

Hasta el momento la Policía no ha informado a los familiares dónde se encuentran recluidos ambos parlamentarios.