La persecución del régimen se extiende dentro y fuera de Nicaragua, advierte el Grupo de Expertos de la ONU 

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU advirtió este martes que Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad, en particular el delito de persecución por motivos políticos dentro y fuera del país.  

En una breve presentación sobre el avance de sus investigaciones tras la ampliación del mandato en el mes de marzo, el presidente del Grupo, el alemán Jan-Michael Simon, explicó que la persecución a los opositores se ha recrudecido en el último medio año y que ésta se adapta de acuerdo al lugar donde la persona perseguida se encuentra, sea dentro o fuera del país. 

“Estamos también documentando los esfuerzos del gobierno para extender su control sobre los nicaragüenses que están fuera de su territorio”, detalló el experto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  

Según el Grupo, el ensañamiento del régimen con las personas que considera opositoras busca obligarlas a exiliarse, como ocurrió el pasado febrero con más 220 presos políticos a quienes despojó ilegalmente de su nacionalidad y expulsó del país.

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EL CIERRE DE LA UCA 

El Grupo de Expertos ha documentados casos que constituyen una privación del derecho a la educación y a la libertad académica.  “Hemos observado la privación intencional y grave de los derechos económicos y sociales, en particular el derecho a la educación y la libertad académica”, afirmó Jan-Michael Simon. 

“El sector universitario de Nicaragua en su conjunto ya no cuenta con instituciones independientes. Nicaragua está siendo despojada de su capital intelectual y sus voces críticas dejando en suspenso las perspectivas y el desarrollo del país”, continuó el experto alemán.  

Se ha cancelado 27 universidades y confiscado sus bienes, incluyendo a la Universidad Centroamericana de los jesuitas.  

“La gravedad de estas violaciones junto con los otros crímenes documentados hasta la fecha y perpetrados en razón de la identidad política del grupo atacado, nos llevan a concluir que estas constituyen prima facie el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos”, insistió. 

PIDEN MÁS PRESIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

En sus recomendaciones, los expertos piden a la comunidad internacional más sanciones contra personas identificadas e involucradas en violaciones de derechos humanos, en particular contra el sector universitario. 

También solicitan apoyo para los estudiantes exiliados y a los que los organismos educativos oficiales de Nicaragua les niegan toda documentación de los estudios cursados. 

Piden facilitar el acceso de los nicaragüenses sin nacionalidad a los procedimientos de identificación y que, en la medida de lo posible, les facilite la naturalización. 

DICTADURA RECHAZA INFORME 

En el turno de réplica, la delegación nicaragüense negó la misma legitimidad del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua, aprobado por “una resolución impuesta unilateralmente que no goza ni gozará de nuestra aceptación ni del consenso de la mayoría de los miembros de este Consejo”. 

“Forma parte de la estrategia y manipulación que pretenden algunos países imperialistas en su afán decadente de interferir en los asuntos de Estados soberanos dignos y libres como Nicaragua”, afirmó la delegación. 

El Consejo de Derechos Humanos, añadió, “no puede servir de caja de resonancia de políticas rancias intervencionistas de algunos miembros”.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua está compuesto por tres miembros y fue creado por el Consejo en marzo de 2022. Tiene como mandato llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril del año 2018.

Los expertos también tienen el mandato de establecer los hechos y circunstancias que rodean las presuntas violaciones y abusos; hacer recomendaciones con el objetivo de mejorar la situación de los derechos humanos; proporcionar orientación sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, según proceda; y de garantizar un enfoque centrado en las víctimas.