Los magistrados del Poder Judicial cumplen cuatro años con sus cargos vencidos

La convocatoria para la elección del fiscal general de la República y fiscal general adjunto realizada este martes por la Asamblea Nacional podría ser el inicio de la renovación de altos funcionarios del régimen con cargos vencidos, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia donde quedan por cubrir ocho vacantes.  

Los cambios no necesariamente significan que habrá un giro en el proceder de las instituciones, dicen analistas consultados por DESPACHO 505. 

“Podrán cambiar de nombres, pero las lealtades seguirán fuertes hacia el régimen”, señala el abogado Uriel Pineda.  

La fiscal general Ana Julia Guido, por ejemplo, tiene el cargo vencido desde abril de 2019, pero siguió operando en medio de la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018. Ha sido una pieza clave en el entramado de represión y criminalización de cientos de presos políticos.  

La Fiscalía además se ha negado a investigar los crímenes de la dictadura, asesinatos, confiscaciones, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y sexuales, así como las denuncias de otras violaciones de derechos humanos.

LEA TAMBIÉN | La Asamblea Nacional de Nicaragua opera con toda su junta directiva sancionada por Estados Unidos  

El exdiputado Eliseo Núñez cree que Ortega no cambiará a Ana Julia Guido en el puesto de fiscal general, pero sí puede haber ordenado la convocatoria para buscar a un nuevo fiscal general adjunto porque tiene la necesidad de ratificar a Guido en su puesto. 

Uriel Pineda coincide con Eliseo Núñez en ese aspecto y agrega que el control sobre estas instituciones se va a mantener, así como las lealtades, “porque el régimen los necesita para mantenerse en el poder”. 

MAGISTRADOS DE FACTO 

En octubre del año pasado, “renunció” la magistrada Ileana Pérez en la Corte Suprema de Justicia, aunque también tenía su cargo vencido desde el año 2019. 

Ese poder del Estado opera desde entonces con ocho vacantes para magistrados: cuatro renunciados, dos fallecidos y dos que ya no pueden ser reelectos por encontrarse en edad de jubilación. 

Aun habiendo atravesado el Poder Judicial una de sus peores crisis internas, la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, descartó convocar a elecciones.  

La Comisión creada este martes, cuya vigencia se extenderá hasta diciembre, podrá ser utilizada para la presentación de ternas a nuevos magistrados del Poder Judicial. 

La elección de magistrados independientes debería ser el primer paso para el restablecimiento de la democracia en el país, pero en este contexto se descarta.  

La anulación de la independencia judicial ha sido la piedra angular sobre la que se edifica el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, explica el abogado Uriel Pineda. La primera víctima de la separación de poderes en cualquier proyecto autoritario es el Poder Judicial porque debería ser el freno del abuso de poder. 

En 2010, el orteguismo no tenía los votos para extender el mandato de los magistrados y lo hizo a través de decreto pasando por encima de la Constitución. 

Luego, en 2014 fueron designados por la Asamblea Nacional para un periodo de cinco años que expiró en abril de 2019 en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.  

Desde entonces operan con sus cargos vencidos y han sido claves en las condenas a centenares de presos políticos, así como la aplicación del destierro y confiscaciones de centenares de opositores a la dictadura.   

“Es ingenuo pensar que habrá algún cambio en este sentido. Cambiarán nombres, pero las lealtades seguirán muy fuertes hacia el régimen, tan fuertes que son un ejemplo probatorio en la comisión de crímenes de lesa humanidad”, afirma Pineda. 

El exdiputado y analista político Eliseo Núñez considera que si finalmente Daniel Ortega decida no renovar el mandato de la fiscal general Ana Julia Guido, podría ser nominada como una de las nuevas magistradas del Poder Judicial. 

“Esa es otra jugada que puede abrir, pero por el momento, lo que miro es simplemente una ratificación”, explica Núñez. 

UNA CORTE CON 10 MAGISTRADOS  

Con la renuncia de la magistrada Ileana Pérez, la Corte Suprema quedó con 10 magistrados en funciones, de 16 que fueron electos en abril de 2014. 

Los que hacen falta son dos magistrados que fallecieron: Antonio Alemán Lacayo y Francisco Rosales Argüello. Cuatro han renunciado: Rafael Solís, Carlos Aguerri Hurtado e Ileana Pérez. El último magistrado que falta es José Adán Guerra Pastora, quien cumplió su periodo de cinco años y ya no quiso seguir porque no quería estar en el cargo de facto, sin haber sido reelecto. 

Quedarían en funciones: Alba Luz Ramos, Marvin Aguilar, Juana Méndez Pérez, Armengol Cuadra López, Yadira Centeno González, Gerardo Arce Castaño, Armando Juárez López y Ellen Joy Lewis Down, todos del partido Frente Sandinista (FSLN), así como los liberales Manuel Martínez Sevilla y Virgilio Gurdián Castellón. 

De esos 10 magistrados, dos ya no podrán ser reelectos porque ya se les pasó la edad de jubilación: la orteguista Yadira Centeno y el liberal Manuel Martínez. 

El Poder Judicial está dividido en cuatro salas: Penal, Constitucional, Civil y de Contencioso Administrativo. Cada una de ellas está conformada por seis magistrados. 

Sin embargo, en la actualidad cada sala solo tiene a cuatro magistrados en vez de seis. Y algunos de ellos están integrados hasta en tres salas, cuando lo normal es que estén solo en dos. La Ley Orgánica del Poder Judicial indica que las sentencias son válidas con cuatro de las seis firmas de los miembros de las salas, por lo tanto, cada sala está trabajando con el mínimo de magistrados.