La Asamblea Nacional de Nicaragua opera con toda su junta directiva sancionada por Estados Unidos

Los siete diputados orteguistas que integran la junta directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua está oficialmente sancionados por Estados Unidos por socavar los procesos democráticos, las instituciones y por abusos de corrupción.

Ninguno de los siete diputados puede ingresar a Estados Unidos y si tenían visas, les fueron revocadas. Los primeros en ser sancionados fueron el presidente de la junta directiva Gustavo Porras en el año 2019; después fue sancionada la tercera vicepresidente María Haydée Ozuna, presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el tránsfuga político Wilfredo Navarro, actual segundo secretario.

Estos fueron sancionados en marzo del año pasado “por darle al régimen las herramientas para llevar a cabo su descarado asalto a la democracia al llenar el Consejo Supremo Electoral con miembros del FSLN leales a Ortega”.  

Después, el pasado 19 de julio fueron incluidos en esa lista de sancionados la parlamentaria orteguista Arling Patricia Alonso Gómez, primera vicepresidenta; Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta; Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria y Alejandro Mejía Ferreti, tercer secretario y miembro del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), considerado uno de los partidos satélites del Frente Sandinista.

Todos son señalados de socavar procesos o instituciones democráticas al participar en la represalia coordinada del gobierno para quitar la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega y Murillo.

Junto a los cuatro diputados también fueron sancionados otros nueve funcionarios del régimen. Para la exguerrillera Dora María Téllez significa que son cómplices y articuladores de la represión.

“Tiene un impacto muy importante al señalarle al mundo que las cabezas de esa Asamblea Nacional Orteguista están completamente comprometidas con la represión, coerción y persecución de opositores”, comenta Téllez.

SANCIONES NO AFECTAN, DE MOMENTO, EL TRABAJO LEGISLATIVO

El analista político Pedro Fonseca es del criterio que las sanciones a los siete miembros de la junta directiva no afectan el trabajo del Parlamento, que trabaja en función de las necesidades de la pareja presidencial y no del pueblo nicaragüense.

Las sanciones afectan los intereses personales y los estilos de vida de los señalados. El analista político plantea que el trabajo legislativo de Nicaragua es objeto de estudio, ya que no existe la división de poderes y el Parlamento está subordinado y obedece ordenes de la dictadura.

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Tras la sanción a Gustavo Porras en el año 2019, el régimen reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para quitarle al presidente de ese Poder del Estado la facultad de firmar leyes, decretos, resoluciones, declaraciones y las actas de sesiones. Gustavo Porras pasó a ser un presidente decorativo.

Pero ¿qué imagen proyecta un Parlamento con toda su junta directiva sancionada?

“Se proyecta la imagen de un sistema dictatorial, de un régimen autoritario con matices totalitarios, familiares, dinásticos que no da indicios de transformación y que se encuentra sancionada internacionalmente por estar vinculada al crimen y por desarrollar crímenes institucionales desde el Estado”, anota Fonseca.

DOS REFORMAS EXPRÉS A LA CONSTITUCIÓN EN CINCO MESES

Los parlamentarios afines al régimen han aprobado con carácter de urgencia en cinco meses dos reformas a la Constitución Política. A pesar de no estar vigentes, ya que necesitan ser ratificadas en segunda legislatura, la dictadura ya las está aplicando.

El pasado nueve de febrero, horas después de que 222 presos políticos fueran enviados a Estados Unidos, la Asamblea Nacional aprobó de manera exprés una reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua que se refiere a la nacionalidad nicaragüense y acto seguido aprobaron una Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense.

Con esas reformas se trató de legitimar el despojo de la nacionalidad nicaragüense a todos los que han sido condenados por "traición a la patria".

Cinco meses después, el 5 de julio, Ortega ordenó otra reforma a la Constitución para eliminar el carácter apolítico, apartidista, obediente y no deliberante de la Policía y además aprobó cambios en la Ley de la Policía que castiga con cárcel la deserción de oficiales y el no obedecer órdenes.

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Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos recientemente manifestó que los nicaragüenses que tratan de ejercer las libertades básicas están expuestos a ser víctimas de la represión, prisión y destierro.

“Este hecho hace que los argumentos de prosperidad y paz del gobierno suenen vacíos”, concluyó el funcionario del Gobierno estadounidense que no descarta nuevas sanciones.