Ortega ordena confiscar los bienes de los 222 pesos desterrados a EEUU

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la confiscación de todos los bienes de los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos, el pasado 9 de febrero del presente año.

En un oficio que giró la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua a la procuradora General de la República, Wendy Morales, señala que los bienes que estaban inscritos en los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, ya sea en su carácter personal o de persona jurídica, se inmovilicen y decomisen a favor del Estado de Nicaragua al igual que todas las acciones y sociedades mercantiles que los condenados tengan.

“Se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua, de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos a su favor en los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, ya sea en su carácter personal o de persona jurídica”, dice parte de la resolución de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua que le remitió a la procuradora General de la República, Wendy Morales con fecha 19 de mayo de este año.

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La medida se conoce cuando este nueve de junio se cumplen cuatro meses de la excarcelación y destierro de los 222 presos políticos.

"NOS HAN ROBADO AÑOS DE TRABAJO", DICE MIGUEL MENDOZA

El cronista deportivo Miguel Mendoza, uno de los 222 presos políticos declarados traidores a la patria y despojado de la nacionalidad, dijo que a cuatro meses de su excarcelación “la dictadura criminal, asesina, ladrona ordena la confiscación de los bienes de los 222 excarcelados políticos”.

“Nos han robado años de trabajo y sacrificio. Solo Dios sabe cómo, personas como yo, obtuvimos lo que poco que teníamos, ahora vienen estos piñateros, abusivos se llevan nuestro patrimonio”, denunció Mendoza.

La dictadura hasta ahora solo había confiscado los bienes a 94 personas que despojó de la nacionalidad. También ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspendiera a todos los abogados que estaban en la lista de declarados traidores a la patria.

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La disposición, justifican, que es “para responder por los delitos cometidos y con el propósito de garantizar la paz social, la independencia, la soberanía, la autodeterminación del Estado de Nicaragua y en especial, para garantizar la protección de la sociedad nicaragüense”.

El organismo Raza e Igualdad condenó “la ilegal e inconstitucional confiscación de los bienes inmuebles” de los 222 presos políticos excarcelados el pasado 9 de febrero.