Cinco países de América piden incluir la crisis de Nicaragua en la agenda de la Asamblea General de la OEA

Las representaciones de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica y Estados Unidos solicitaron que la crisis que vive Nicaragua desde abril del 2018 sea incluida en el proyecto de agenda del quincuagésimo tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebrarán en junio próximo en Washington.

La petición la planteó Canadá en representación de todos los países el pasado 4 de mayo ante la presidencia de la comisión preparatoria. “Las Américas no olvida a Nicaragua y su clamor de libertad”, explicó Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA.

El exdipliomático nicaragüense dijo que es importante continuar denunciando que nada está normal en Nicaragua, que hay una persecución contra la Iglesia católica, y que continúan dándose los arrestos arbitrarios y las violaciones a los derechos humanos.

“Tenemos dos opciones quedarnos de brazos cruzados o hacer algo y seguir en esta lucha, la cual no es una lucha de velocidad sino de resistencia, es un maratón y eso es parte de este maratón por la libertad”, manifestó el exdiplomático.

McFields indicó que cobra importancia la inclusión de la crisis de Nicaragua en la Asamblea General de la OEA, cuando en América Latina se da un avance de la izquierda que ha llegado a algunos gobiernos de la región.

“Yo creo que pesa más una condena de la izquierda porque te dice que aunque sean de izquierda no comparten lo que está haciendo el dictador en Nicaragua”, agregó McFields.

ORTEGA IGNORA LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Nicaragua dejó de asistir a las sesiones de la Asamblea General y del Consejo Permanente de la OEA, ya que el18 de noviembre del 2021, la dictadura de Daniel Ortega denunció la Carta de la OEA e inició su proceso de salida del organismo. El proceso concluirá en noviembre de este año.

La dictadura no esperó su salida y el 24 de abril del 2022 ordenó el cierre de las oficinas de la OEA en Managua, le retiró las credenciales a sus representantes y además confiscó sus instalaciones.

Desde el 2018, la crisis de Nicaragua ha estado en la agenda de la Asamblea General. Ese año, este órgano de la OEA condenó y exigió el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenaza contra el pueblo de Nicaragua.

La declaración aprobada en junio del 2018, creó el Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI), y expusieron la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas del país y desplegar una misión de observación de las elecciones de noviembre del 2021.

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El GIEI llegó a Managua en julio del 2018, pero fue expulsado por la dictadura en diciembre del mismo año, un día antes de presentar su informe. Un año más tarde, en junio del 2019, la Asamblea General de la OEA sesionó en Colombia. En otra declaración reiteró su preocupación “por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua” y expresó su apoyo a buscar una salida pacífica a la crisis.  

DESTIERRO, CÁRCEL Y PERSECUCIÓN, LAS RESPUESTAS DE ORTEGA

En octubre del 2020, Nicaragua otra vez ocupó la agenda. En la declaración se reiteró su preocupación por las violaciones a los derechos humanos y solicitó que, en noviembre del 2021, se realizarán unas elecciones libres y justas “en cumplimiento de sus compromisos y deberes fundamentales articulados en la Carta Democrática Interamericana”.

De nuevo Ortega no acató la resolución y en noviembre se reeligió para un nuevo periodo, con los principales contrincantes presos y con la cancelación de tres partidos políticos y una parte de la oposición detenida y acusada de traición a la patria.

Del 10 al 12 noviembre del 2021, en Guatemala, los países que integran la Asamblea General declararon que las elecciones del 7 de noviembre del 2021 no fueron ni libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática.

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El 7 de octubre del 2022, en Lima, Perú, la Asamblea General de la OEA, aprobó otra resolución donde demandó la liberación de los presos políticos y el cese de la represión contra los opositores y la iglesia Católica.  

Ortega tampoco acató la resolución y en febrero de este 2023, excarceló y desterró a 222 presos políticos, condenó a 26 años de prisión a monseñor Rolando Álvarez, desnacionalizó a 94 ciudadanos, recrudeció sus ataques a la Iglesia católica y ha puesto en marcha las redadas nocturnas para intimidar a la ciudadanía.