Abril y los funcionarios públicos

“No pierdan la esperanza, pierdan el miedo”, fue el mensaje a los servidores públicos de Nicaragua del exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Arturo McFields tras haber denunciado en una sesión del Consejo Permanente los abusos del Gobierno al que representaba en ese foro y ser destituido poco después. 

Su partida levantó los ánimos de una oposición desbaratada, aunque no faltaron los que cuestionaron lo tardío de su renuncia, tras haber defendido los atropellos del Gobierno ante la comunidad internacional.

El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo parecen estar cada vez más aislados, abandonados por un número creciente de países y funcionarios, pero su Gobierno no parece estar cerca de una implosión interna. La ola de represión, dos intentos fallidos de diálogo, decenas de sanciones y una elección amañada están pasando factura a la pareja gobernante que logró aferrarse al poder a pesar del terremoto social que la hizo temblar en 2018. 

En el centro de este progresivo aislamiento están las deplorables condiciones en las que la pareja gobernante mantiene a decenas de presos políticos, detenidos el año pasado para evitar siquiera la mínima posibilidad de una derrota electoral. A medida que el costo político de mantenerlos detenidos aumenta, ha crecido también la intolerancia del Gobierno hacia cualquier forma de presión o crítica. 

Esto se ha traducido en la ilegalización de alrededor de 150 entre ONG, medios, partidos políticos y universidades, así como en el deterioro en las relaciones con países como España y Colombia. Particularmente preocupante es el rompimiento con la Santa Sede, cuyo representante había logrado mantener un bajo perfil para no cerrar los canales abiertos con el Gobierno y por lo que también había sido satanizado por la oposición. 

La creciente intransigencia del Gobierno no ha sido solamente dirigida hacia los opositores y los críticos internacionales. En efecto, hay crecientes reportes de restricciones y amenazas en contra de funcionarios públicos, quienes están obligados a repetir sin bemoles la retórica antimperialista oficial, que cataloga los eventos de 2018 como un fallido golpe de Estado gestado desde el exterior. Por ello, algunos funcionarios han incluso dejado el país, uniéndose a los más de 200,000 nicaragüenses que han salido hacia Costa Rica, Estados Unidos y Europa a raíz de la represión política y contracción económica que ha vivido el país en los últimos cuatro años. 

Sin embargo, la mayoría de simpatizantes y funcionarios de Gobierno, sea por apoyo incondicional o falta de alternativas, siguen firmes en sus puestos, mientras que algunas señales de recuperación económica y el acceso a ciertos recursos internacionales mantienen oxigenado al Gobierno.

En este contexto, las fuerzas de oposición no han podido reagruparse y aprovechar de esta creciente insatisfacción para profundizar las grietas en las redes de apoyo al Gobierno. Sin poder hacer proselitismo político en el país, divididas en docenas de grupos de diferentes tamaños y privadas de la mayoría de sus figuras más conocidas, quienes están exiliados o en la cárcel, las fuerzas de oposición no logran consensuar demandas y objetivos claros, más allá de la liberación de los presos políticos, ni una estrategia política para alcanzarlos.

Las sanciones y algunas defecciones en el sandinismo, por mucho que debiliten paulatinamente al Gobierno, no llevarán a un retorno a la democracia y el Estado de Derecho. La expulsión del Nuncio y del representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como el distanciamiento de McFields y el abogado Paul Reichler, quien representó a Nicaragua durante décadas en la Corte Internacional de Justicia, deberían ser aprovechados para construir un discurso más inclusivo, en lugar de radical. Idealmente, sectores de diversas ideologías presentarían un plan de nación que busque superar la profunda polarización y los rencores que atormentan la vida política y social del país desde hace décadas, y los nuevos que surgieron a raíz de los eventos de 2018, con el fin de impulsar un diálogo con el Gobierno para abrir espacios de participación política en las futuras elecciones y una general disminución de la polarización. 

El reciente anuncio de una reorganización de las fuerzas de oposición, dejando de lado las diferencias personales e ideológicas, es prometedor, pero necesitará ser constantemente alimentado para que no sea una plataforma más de las decenas ya existentes.

Mientras esto no ocurra, la acción de la comunidad internacional va a tener un impacto limitado o incluso contraproducente si sigue siendo intermitente y descoordinada.

Aunque es entendible que la crisis en Ucrania y su impacto global está absorbiendo mucha de la atención, es indispensable seguir presionando a Ortega y Murillo para que abran espacios de comunicación, aunque parezcan estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en su afán de aferrarse al poder, aun a sabiendas que mientras el aislamiento internacional crezca y la situación económica no mejore, su base de apoyo se seguirá erosionando. La decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de crear un grupo de expertos para investigar las violaciones en Nicaragua, que contó con el voto favorable de Argentina y México, es simbólicamente importante para seguir monitoreando la situación en el país y garantizar que los crímenes cometidos en el marco de esta crisis no queden totalmente impunes, pero difícilmente será una herramienta eficaz para abordar la crisis del país desde el punto de vista político. 

Si el objetivo final es una solución negociada que ponga fin a la crisis sociopolítica y ofrezca una ruta para pacificar al país, habrá que impulsar un discurso diferente al cambio de régimen y la cancelación del sandinismo. Este podría apelar al involucramiento de aquellos Gobiernos o figuras más cercanas a Ortega para que puedan persuadirlo a hacer algunas concesiones. 

*El autor es analista para Centroamérica de Crisis Group

.