Carta abierta al Ministerio Público

Señora fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas, Ministerio Público de la República de Nicaragua:

Soy Javier Iván Olivares Bonilla, periodista profesional con 32 años de experiencia. En dos ocasiones, los días viernes 16 de julio y jueves 22 de julio, fui citado a comparecer a su oficina para declarar en la investigación por el presunto delito de ‘Lavado de dinero, bienes y activos’, en contra de Cristiana Chamorro Barrios, Marco Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva.

Durante las entrevistas, que fueron conducidas por el fiscal Manuel Rugama, fui interrogado sobre mi actividad profesional, y la forma cómo hago periodismo --tutelado por los artículos 30, 66 y 67 de la Constitución Política de la República-- con preguntas e insinuaciones que me parecen ajenas al tema de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.

En ambas citas, noté que de forma sistemática el fiscal Rugama, representante del Estado, pretendió inmiscuirse en el fuero interno de mi actividad profesional, que se rige por altos principios de ética periodística, cobijados por las libertades de información y de expresión, y en última instancia por la libertad de conciencia. Además, en varias ocasiones intentó tergiversar mis palabras e incluso alterar mis declaraciones para que coincidieran con la narrativa oficial del Estado que busca estigmatizar y criminalizar la promoción y el ejercicio del periodismo independiente en Nicaragua.

El fiscal Rugama también me advirtió que el ejercicio de mi labor periodística -que practico en estricto apego a la verdad, aun en medio de las restricciones que enfrenta la prensa independiente por la falta de acceso a la información pública- estaría reñida con el texto de la Ley 1042 o Ley Especial de Ciberdelitos. Para intensificar el tono amenazante de esta premisa, el señor fiscal me presentó e intentó deslegitimar, notas periodísticas de mi autoría que fueron publicadas antes que dicha ley estuviese en vigencia, y que además se apegan a los más altos estándares de mi profesión y no representan violación de norma o ley alguna bajo el marco de las libertades de prensa y expresión.

Dado que durante los dos interrogatorios, el fiscal Rugama intentó tergiversar mis declaraciones y criminalizar mi labor como periodista, presento ante usted y hago pública esta declaración, como una Carta Abierta ante el Ministerio Público, para rechazar la tergiversación que se pretendió aplicar a mi declaración firmada previamente, y reiterar, más allá de toda duda, cuáles fueron mis respuestas ante determinadas preguntas.

Tomando en cuenta lo antes expuesto y los temas específicos alrededor de los cuales se concentraron los esfuerzos de intimidación y tergiversación del fiscal, declaro:

Primero: Los periodistas profesionales recabamos noticias e información, y las difundimos a nuestras audiencias (lectores, cibernautas, televidentes o radioescuchas), basados en nuestro criterio, experiencia y estándares profesionales. En el caso específico de los reportajes con los que concursé por las becas de producción periodística de la Fundación Violeta Barrios, declaro que aunque la Fundación Violeta Barrios aprueba los temas que los periodistas presentamos a sus concursos de becas, en ningún momento dicta cómo elegir los temas, ejecutar la labor reporteril, y menos aún cómo escribir los textos, más allá de cumplir con la obligación moral y profesional de ser ético, veraz y equilibrado al presentar la información, y buscar permanentemente la excelencia basada en el desarrollo y ejercicio profesional del periodismo.

Segundo: Durante los interrogatorios expresé que es una política de Confidencial, como institución y medio de comunicación, no participar de los proyectos de la Fundación Violeta Barrios ni recibir financiamiento de la misma, extendiendo esta política para los periodistas del medio, con relación a no participar de las becas de producción periodística auspiciadas por la Fundación Violeta Barrios. 

Entre 2019 y 2020, yo participé en dos becas a título personal, siendo que desde que fue asaltada y confiscada la redacción de Confidencial en diciembre 2018, desarrollo mi trabajo como periodista freelance, y tengo la libertad de publicar mis textos en cualquier medio de comunicación que esté interesado.

Tercero: En dos ocasiones, en las actas elaboradas por el fiscal Rugama, tuve que rechazar contundentemente que incluyeran y me atribuyeran la frase “la Fundación (Violeta Barrios) financia a Confidencial”, o “es probable que la Fundación (Violeta Barrios) haya financiado a Confidencial”, o cualquier alusión similar. Incluso, eso casi llevó a que expulsaran del interrogatorio a la abogada que me acompañaba.

Reitero, a través de este escrito, que nunca he dicho ante el Ministerio Público que la Fundación Violeta Barrios financia a Confidencial. Por el contrario, reafirmo que los fondos por los que concursé a título personal y que recibí de parte de la Fundación Violeta Barrios, que rondan los cien mil córdobas, fueron destinados exclusivamente para cubrir los costos de producción de los reportajes propuestos y acordados.

Cuarto: La actitud del fiscal Manuel Rugama que pretende criminalizar el ejercicio del periodismo, las presiones contra mi persona en los interrogatorios, la tergiversación de mis declaraciones, y la falta de respeto al debido proceso, generan un clima de inseguridad contra mi persona, que me impide poder seguir ejerciendo el periodismo en Nicaragua.

Quinto: Por las razones anteriores, y para poder seguir ejerciendo el periodismo en libertad, y en estricto apego a mi libertad de conciencia, a los valores profesionales y éticos que forman parte de mi compromiso con las audiencias nicaragüenses, he decidido poner en resguardo mi seguridad fuera del país, para seguir haciendo periodismo al servicio de la verdad.

*El autor es periodista de Confidencial.