Acceso a la Información Pública, 13 años de cuarentena en Nicaragua

Hace 13 años se aprobó la ley de Acceso a la Información Pública, pero seguimos desnudos en transparencia, ni siquiera estamos en pañales, el régimen no ha tenido la voluntad política ni de aparentar un remedo y su aplicación es nula.

En julio del año 2005 un conjunto de organizaciones civiles, estatales y universitarias se aglutinaron alrededor de un interés común, promover la divulgación, redacción participativa, consulta y mejora de la iniciativa de ley de Acceso a la Información Pública.

Así se constituyó el Grupo Promotor del Acceso a la Información Pública (GPAIP), el cual fue organizado y promovido por la Fundación0 Violeta Chamorro. Después de casi 2 años de intenso trabajo, el cual incluyó, capacitación a funcionarios públicos, talleres informativos a diversos actores sociales y acciones de cabildeo con los diputados de la época.

Siendo que el año 2006 era un año electoral, lo que favoreció grandemente el cabildeo con las diferentes bancadas y grupos parlamentarios; en ese sentido el Grupo Promotor logró la firma y el respaldo para la aprobación de la Ley de la mayoría de diputados, incluyendo los del FSLN, que en ese momento junto con los liberales del PLC eran acérrimos opositores al Gobierno de Bolaños.

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El 16 de mayo del 2007, con amplia mayoría de votos fue aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 621. De esta manera Nicaragua se sumaba a los países que contaban con normativas específicas y adecuadas a los estándares internacionales para el efectivo acceso a los datos e información que se genera en la administración pública.

"SEGUIMOS DESNUDOS"

Trece años después, nos vemos en el espejo de la transparencia y estamos al desnudo, ni siquiera estamos en pañales, el gobierno no ha tenido la voluntad política ni de aparentar un remedo de implementación efectiva de dicha norma, 13 años después los resultados de su aplicación son casi nulos. Hablo de Gobierno, porque en Nicaragua desde el 2007, no existe separación de poderes; por lo tanto los otros poderes del Estado (Electoral, Judicial y Legislativo) Gobiernos Regionales de la Costa Caribe, incluyendo las alcaldías gobernadas por el partido de Gobierno, solo reciben orientaciones del Poder Ejecutivo.

Las pocas Oficinas de Acceso a la Información Pública, (OAIP) que todavía sobreviven en algunos ministerios son disfuncionales, o en su defecto han perdido la naturaleza de su creación convirtiéndose únicamente en Oficinas de Relaciones Públicas; y en algunas instituciones hasta les llaman “Oficinas del Poder Ciudadano”, realizando funciones completamente diferentes a lo que mandata la Ley.

Han pasado 13 años de su publicación en la Gaceta 118 del 22 de junio del 2007 y todavía en ningún poder del Estado, Gobierno Regional y Gobiernos Municipales se han creado las Oficinas de Coordinación de Acceso a la Información Pública (OCAIP), las que según la Ley funcionarán como instancias de apelación ante posibles denegatorias de información pública, ya ni hablemos de la Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública (CNAIP) que tiene como mandato la promoción y el cumplimiento de la Ley.

Durante estos años de espera en su implementación, algunas organizaciones han desistido en su demanda; en cambio otras como la Fundación Violeta Chamorro mantienen, con acciones concretas, el compromiso inquebrantable de romper el cerco de la censura estatal.

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En el año 2015 la FVBCH gestó el sitio web https://derechoapreguntar.org/ primera web en Nicaragua y la segunda en Centroamérica que te facilita y ayuda a los ciudadanos y ciudadanas a solicitar y demandar información pública a las entidades sujetas al imperio de la Ley.

OAIP EN DATOS

En una investigación realizada por la Fundación Violeta Chamorro en el mes de marzo del presente año, se documentó que de 65 instituciones analizadas, solamente 57 tienen un sitio web, de ese total de instituciones que tienen un portal web, solamente 26 de ellas cuentan con un link de la OAIP, un dato curioso encontrado en la investigación es que instituciones como la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el siempre cuestionado Consejo Supremo Electoral, no cuentan con un sitio web, no se sabe nada sobre su gestión, pareciera que solo existen para succionar la formidable asignación presupuestaria.

Otro hallazgo encontrado en la investigación es que de los 153 municipios del país, solamente 12 alcaldías tienen un sitio web, 109 de ellas utilizan la red social Facebook para informar y 32 no tienen ninguna forma visible de comunicación con sus electores. Un dato más devastador es que en ninguna de las 153 alcaldías, existe una Oficina de Acceso a la Información Pública, aquí no se diferencia el color político que preside el Gobierno Municipal, en todas prevalece el incumplimiento.

A pesar que la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 621, según su marco jurídico es una de las más completas de Centroamérica, en la práctica estamos en un marcado rezago en comparación con los otros países de la región. Datos como los anteriores confirman que el régimen de Ortega nunca ha estado interesado en que los ciudadanos nos informemos y generemos opinión sobre su fracasada gestión pública. La información pública tiene una importancia social, política y económica, el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública es la llave para ejercer otros derechos fundamentales.

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Si en Nicaragua se respetara el estado de derecho y se impusieran sanciones administrativas a los funcionarios que deniegan información pública sin causa justa, ya todas las erosionadas instituciones estatales, estuvieran acéfalas, solo estaría en pie la infraestructura sostenidas en los pilares de la corrupción.

La información pública mejora las condiciones de vida de los ciudadanos, porque un ciudadano informado toma mejores decisiones; en cambio un pueblo desinformado, es un pueblo engañado. Los derechos se defienden ejerciéndolos, no solo invocándolos.

Es por ello, que es responsabilidad de todos los ciudadanos trabajar articuladamente para vencer la epidemia de la cultura del secreto estatal, y terminar de una vez por todas con los 13 años de cuarentena en que Ortega ha tenido sometido al derecho humano de estar informado.