La consolidación del modelo totalitario en Nicaragua

El anuncio de la reforma constitucional en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo representa un nuevo hito en la consolidación de un modelo totalitario que atenta despiadadamente contra la democracia y los derechos fundamentales.

Este cambio, presentado como una reestructuración constitucional, es en realidad una formalización de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la institucionalización de un Estado controlado por una sola familia.

La reforma no solo refleja la paranoia e inseguridad de la dictadura sandinista, sino que también codifica un sistema que no tiene precedentes exactos en Latinoamérica, asemejándose peligrosamente al modelo de Corea del Norte.

Una dictadura en crisis: paranoia e inseguridad

Aunque las reformas pretenden proyectar control y estabilidad, revelan una profunda inseguridad. Un régimen verdaderamente sólido no necesita recurrir a cambios tan drásticos para perpetuar su poder. Ortega y Murillo han recurrido a esta reforma no desde una posición de fortaleza, sino desde el temor: el temor de no poder asegurar una transición definitiva del poder dentro de su propia familia.

Entre líneas, se puede leer la inquietud del régimen sobre cómo transferir efectivamente el poder a Laureano Ortega, quien ha sido perfilado como el heredero de esta dictadura dinástica.

Desde el año 2014, organizaciones como el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) ya habían advertido sobre un cambio profundo en el modelo de Estado. En su libro Novena reforma constitucional 2014: el cambio de las reglas del juego democrático en Nicaragua, el IEEPP explicaba cómo las reformas emprendidas por Ortega apuntaban a desmontar el sistema democrático, sentando las bases para un control total del poder.

Estas alertas se han cumplido con creces: desde 2007, el gobierno de Ortega ha enmendado la Constitución en doce ocasiones, afectando más de 100 artículos, incluida una reforma que le permitió la reelección indefinida.

La reforma de 2024 es una muestra de esta inseguridad estructural. Más que consolidar una transición estable, estas modificaciones reflejan un intento desesperado por blindar a la familia Ortega-Murillo frente a cualquier eventualidad. Al elevar la figura de Rosario Murillo a la categoría de "copresidenta", se intenta asegurar una continuidad inmediata en caso de ausencia de Ortega, formalizando en papel lo que ya es una realidad: un modelo estatal matrimonial que concentra el poder en manos de la pareja dictatorial, eliminando cualquier vestigio de alternancia democrática.

Los cambios constitucionales: la aberración jurídica

La reforma incluye disposiciones que centralizan el poder en la Presidencia de la República y eliminan la independencia de los poderes del Estado. El artículo 132 establece que la Presidencia coordina los órganos legislativo, judicial, electoral y regional, concentrando toda autoridad en el Ejecutivo. Con ello, desaparecen tanto la autonomía municipal como la regional, especialmente en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe (RACCS y RACCN), que pierden su capacidad de autogobierno.

El artículo 181 degrada los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, sustituyendo la garantía constitucional de la propiedad comunal por un mero usufructo de los recursos naturales. Esto no solo viola los derechos históricos de estas comunidades, sino que también pone en riesgo su seguridad alimentaria, cultural y territorial. La reforma destruye derechos fundamentales y deja a estas comunidades a merced de las decisiones centralizadas del Ejecutivo.

Además, la reforma afectará más de 100 artículos de la Constitución actual, un documento ya altamente manipulado por Ortega en los últimos 17 años. Desde la reelección indefinida hasta la subordinación de las instituciones al Ejecutivo, cada enmienda ha sido un paso más hacia la consolidación de un modelo totalitario.

Un modelo único de control totalitario

El sistema que Ortega y Murillo están consolidando no es idéntico al de Cuba o China. Se asemeja más al de Corea del Norte, donde el poder es hereditario y absoluto. La reforma establece una relación directa entre el Ejecutivo y todos los órganos del Estado, eliminando cualquier vestigio de autonomía. Este modelo no solo centraliza el poder, sino que también refuerza un culto a la personalidad hacia la pareja dictatorial.

Un ejemplo indignante de esto es la elevación de la bandera rojinegra del Frente Sandinista al mismo nivel que la bandera nacional. Esta decisión, más allá de su significado simbólico, es una afrenta directa a la identidad del pueblo nicaragüense y un recordatorio constante del control absoluto del régimen.

Un atentado contra la democracia

La reforma no solo pretende consolidar un modelo de control absoluto, sino también sofocar cualquier forma de disidencia.

La criminalización de la oposición bajo el concepto de "traición a la patria" y la supresión de derechos constitucionales a discreción del Ejecutivo refuerzan un Estado policial al servicio de la dictadura. Además, la reforma reafirma la alineación del régimen con autocracias como China, Rusia, Irán y Corea del Norte, posicionando a Nicaragua como un adversario de las democracias occidentales.

Además, establece la capacidad del Ejecutivo de suspender derechos constitucionales y elimina cualquier barrera legal que pudiera limitar el poder del régimen. Con cada cambio, se construye un marco jurídico que busca perpetuar el autoritarismo en su versión más extrema.

Resistencia y esperanza

A pesar de la magnitud de estas reformas, ningún régimen autoritario es eterno. La historia ha demostrado que los sistemas totalitarios eventualmente caen, impulsados por la lucha incesante de sus pueblos. La dictadura de Ortega-Murillo no será la excepción. Nicaragua ha resistido en el pasado, y esa resistencia sigue viva en la memoria y las acciones del pueblo.

La comunidad internacional debe redoblar la presión diplomática y apoyar nuestra búsqueda de libertad. La nación nicaragüense merece un futuro donde el azul y blanco de nuestra bandera ondee nuevamente con dignidad y justicia, libre de la opresión de un régimen que ha institucionalizado la injusticia y el control absoluto. La lucha por la democracia en Nicaragua continúa.