Hablemos del modelo Cosep, ¿qué viene después?
Daniel Ortega impuso un modelo económico que le permitió construir un gran capital económico con la gestión de una economía de libre mercado.
- abril 24, 2020
- 01:47 AM
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Daniel Ortega impuso un modelo económico que le permitió construir un gran capital económico con la gestión de una economía de libre mercado.
Apenas se escucha la frase “modelo de alianza, diálogo y consenso” o “modelo Cosep” nuestra mente rápidamente la asocia a la dictadura. Y es que muchos críticos han argumentado que este tipo de relaciones público – privadas abrieron camino para que, aunque en una economía en creciente, se destruyera la institucionalidad democrática y la autocracia se blindara de mecanismos para su reproducción en el tiempo.
Lo cierto es que hacen faltan muchas más preguntas para poder comprender a profundidad este tema que es de intereses de las ciencias sociales, pero también de la ciudadanía en general. Hacer las preguntas correctas – que siempre son sospechas – nos acercan a respuestas más certeras, sobre todo si queremos aproximarnos a las condiciones sociales, políticas e históricas que posibilitaron la construcción de mecanismos de representación de interés sectoriales con tendencia monopólica entre empresariado y gobierno.
Las siguientes preguntas orientarán el siguiente artículo: ¿Por qué el modelo de alianza, diálogo y consenso se dio hasta la llegada al poder de Daniel Ortega y no antes? ¿Por qué se llegó a dar una fuerte sinergia entre empresariado y Gobierno? ¿Por qué se vertebraron las estructuras de representación sectorial que suplantaron la labor legislativa de los partidos en la Asamblea Nacional?
Antes de profundizarnos en la temática es preciso aclarar que los procesos de corporatización, o tendencia monopólica u oligopólica de representaciones de intereses sectoriales no solo se dieron durante el gobierno de Daniel Ortega, luego de su llegada al poder en 2006. Anteriormente se habían configurado marcos en donde asociaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales trataban de construir consensos en pro de una mejor aplicación de la política pública. Tal fue el caso de la concertación económica y social del gobierno de Violeta Barrios, el Consejo Nacional de Planificación Económico y Social (CONPES) de Enrique Bolaños y luego el bautizado Modelo Cosep del Gobierno de Daniel Ortega.
PERCEPCIÓN DE AMENAZA
Había una fuerte percepción de amenaza por parte de la empresa privada organizada en torno a la victoria del FSLN en el año 2006, dada la manera en que dicho partido gobernó en los años de 1980. Esto impulsó a tal sector a organizarse y movilizar recursos, así como entablar relaciones con el Gobierno en pro del intercambio de información que les ofreciera certidumbre a los agentes económicos a favor de la inversión privada nacional e internacional, por tanto a favor del desarrollo de la economía.
Las relaciones de colaboración, dada la desconfianza entre las partes, es decir, entre el empresariado organizado del Cosep y el sector Gobierno, no empezaron de la mejor manera posible. El 12 de mayo de 2007, el COSEP denunció ante los medios de comunicación que sus representantes que, por ley, eran miembros de entidades autónomas del Gobierno, no estaban siendo convocadas a las reuniones de las juntas directivas de tales entidades.
CONCURRENCIA DE UNA CRISIS ECONÓMICA
En 2008, dos años después de que el FSLN llegara al poder, se produce la crisis en el sistema financiero internacional, lo cual abre un escenario en el que la economía de mercado tiende a ser gestionada de manera coordinada a través de la colaboración entre el empresariado organizado y el Gobierno. De esta forma, frente a la necesidad del capital de reproducir sus condiciones de existencia, se busca las maneras de hacer más manejable el desarrollo de la economía.
A diferencia de una intervención del Estado, se busca la gestión de una economía de libre mercado de forma coordinada, en las relaciones de las diferentes ramas empresariales y en su relación con el Estado y el Gobierno. De esta forma, haciendo referencia al avance del esquema de colaboración entre sector privado y gobierno, a través de la creación de gabinetes sectoriales que aproximaran más la relación de trabajo entre las diferentes instancias del Estado con las cámaras del Cosep, Daniel Ortega afirmaba lo siguiente:
(…) la idea de este encuentro es que establezcamos luego lo que serían Gabinetes Sectoriales con las diferentes Cámaras. Que cada Cámara pueda reunirse con la contraparte de Gobierno, que permita trabajar con mayor agilidad, que permita superar los problemas que se enfrentan, que es normal; hay que estar pendientes de los problemas que se enfrentan para superarlos.
RECAMBIO DE ÉLITES ESTATALES
A partir de llegada del FSLN al gobierno en 2006 hubo un recambio de elites estatales que generó incertidumbre al sector privado organizado. Durante los gobiernos previos al FSLN, los funcionarios públicos en las distintas instancias gubernamentales pertenecían y provenían de posiciones altas o medias en la estructura social y económica, lo cual permitía la interacción entre elites gubernamentales, estatales, políticas y económicas sin necesidad de la configuración de estructuras extraordinarias de representación de intereses. Sin embargo, una vez la victoria del FSLN y dándose los cambios de funcionarios públicos en las instancias institucionales del Estado, se genera un distanciamiento estructural entre elites estatales y empresariales. Por tanto, se abre la necesidad de que se configuren unas estructuras que aproximen de forma coordinada a estos tomadores de decisiones.
Por tanto, dos factores permitieron que no solo haya habido un acercamiento entre el sector privado y el sector público, sino una fuerte sinergia que, incluso, llega institucionalizarse en la llamada Ley de Cámaras en 2013. Por un lado, tanto Daniel Ortega como los Consejeros del COSEP compartían el común proyecto de ser dueños de grandes capitales. Por otro lado, dichos actores compartían una misma visión de desarrollo, y las políticas implementadas por parte del gobierno no chocaban con los intereses de los grandes capitales de Nicaragua.
Tal como afirmaba Daniel Ortega lo fundamental era crear las condiciones para el desarrollo de una economía de libre mercado, a diferencia de la política económica que abanderada su partido en 1980, es decir, de intervención del Estado en la economía.
De forma que, en la medida que la sinergia pública – privada se fue haciendo más fuerte, esta llegó a institucionalizarse. Carlos Pellas enuncia de manera elocuente y clara de que trata la institucionalización de la interacción positiva entre el empresariado y el gobierno.
REFLEXIONES FINALES
Esbozar el proceso de corporatización que se llevó a cabo durante los años de 2009 a 2018 es un paso fundamental, aunque todavía no suficientemente profundo, para la comprensión de los factores que posibilitan que se construyan este tipo de estructuras de representación de intereses sectoriales, que juegan un papel fundamental para el desarrollo y el futuro de la vida de los ciudadanos nicaragüenses.
De igual manera, nos da una visión de futuro sobre cuál podría ser el modelo a instaurarse en una escenario pos Ortega que, incapacitado y con temor de enunciarlo, creo tendrá tintes corporativos “ampliados”, en la medida que Nicaragua se mirará en una situación económica grave, de transición política y con un sistema de partidos totalmente colapsado e ilegitimado. Esto abrirá, por tanto, la posibilidad de que se construyan marcos de representaciones sectoriales en donde plurales actores, incluyendo claramente al sector privado, estrecharán vínculos directos con el Estado y el gobierno en pro de hacer más manejable el desarrollo de la economía, regular los conflictos de clase y ordenar racionalmente las demandas sociales de un sin número de grupos surgido de la insurrección de abril del 2018 y previamente.
Creo que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) podrán funcionar como instancias organizadas de representación de intereses diversos para poder entablar relaciones más ágiles y funcionales con el Estado y el Gobierno.