30 años de lucha por nuestros derechos

MANAGUA — Tenía 23 años en 1990 cuando las mujeres decidieron votar por la paz en Nicaragua y evitar que sus hijos fueran obligados a morir en la guerra, con la justificación de defender una revolución que ya no representaba a las mayorías. Para entonces, yo estaba embarazada de mi única hija y cuando ella nació, di gracias porque la guerra terminaba e iniciaba un nuevo ciclo de mi vida, como madre joven y en el proceso de transición hacia la democracia y la paz de Nicaragua.

Terminé mis estudios de Derecho y conseguí trabajo en una organización de mujeres, como abogada defensora de las víctimas de la violencia machista.  La lucha contra la violencia hacia las mujeres fue mi puerta de entrada al feminismo y la defensa de los derechos, mi trinchera de lucha.

Como abogada me sentía blindada porque las feministas de la Revolución habían logrado una Constitución Política que promulgaba la igualdad absoluta entre hombres y mujeres, una ley avanzada que reconocía iguales derechos sobre hijos e hijas, una ley de divorcio unilateral, que eliminó las causales y privilegiaba la voluntad de una de las partes. Sin embargo, estas normativas seguían resultandos insuficientes para el reconocimiento de los derechos, porque la cultura machista seguía intacta.

En 1992 fue un año histórico. Las feministas realizaron un gran encuentro, al que llamaron “Unidas en la diversidad” a partir del cual se reorganizaron los movimientos y redes, siendo el principal objetivo retomar la agenda de la igualdad de derechos y la exigibilidad ante el Estado. Ese mismo año se logró la aprobación de la Ley de alimentos para hijos e hijas, las primeras reformas al Código Penal para modificar los delitos de violencia sexual y se instaló en una delegación policial de Managua, la primera Comisaría de la Mujeres y Niñez, para la atención interinstitucional e interdisciplinaria de la violencia machista.

En 1994 el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, suscribió la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y fue la Red de Mujeres contra la Violencia quien retomó este compromiso para exigir cambios legislativos. Las campañas rindieron frutos y finalmente en 1996 fue aprobada una ley especial para prevenir y sancionar la violencia, conocida como Ley 230. Esta modificó el delito de lesiones y reconoció el daño psicológico, además de establecer las primeras medidas cautelares de protección a las mujeres. Esto implicó que se formaran y nombraran psicólogas forenses para diagnosticar este tipo de daños. Me tocó representar a la primera víctima que se atrevió a denunciar al marido y la sanción por el delito de lesiones psicológicas.

Desde 1995 al 2006 fue otra década de avances importantes para el reconocimiento de derechos. Cairo y Beijing son las ciudades donde la ONU promulgó las principales convenciones, declaraciones y programas para la igualdad de derechos y el avance contra la discriminación. Aunque hasta hoy la poca convicción de los Estados y gobiernos que aprobaron los instrumentos, no los aplican nacionalmente, por lo cual las mujeres siguen enfrentando las desigualdades y violencias.

Un 8 de marzo del año 2005 el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), del cual formo parte, advirtió públicamente sobre el peligro de la instauración de una dictadura a partir de los acuerdos de las cúpulas de los partidos Frente Sandinista (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quienes mediante una Ley Marco para la supuesta estabilidad del país y para quitar poderes al gobierno de Enrique Bolaños, se repartieron las instituciones públicas. Para las feministas eso significó las bases para todo el colapso institucional y por consiguiente, de los avances de los derechos de las mujeres.

También advertimos que lo peor que podía pasar era el retorno al gobierno de Daniel Ortega en 2007, porque era validar la impunidad, al estar denunciado por el delito de violación sexual. Como parte de su campaña de retorno al poder, logró acuerdos políticos con las jerarquías religiosas para abolir el aborto terapéutico, que había existido desde el siglo XIX aún en gobiernos conservadores. Advertimos también que Ortega iba a polarizar al país nuevamente por su nula vocación democrática.

Desde su llegada al Gobierno, Daniel Ortega marcó la ruta del retroceso, impuso su modelo de participación ciudadana entre sus mismos partidarios, subordinó a la Policía y al Ejército, eliminó a los partidos políticos que no se prestan al juego de los fraudes electorales, y modificó la Constitución para reelegirse las veces que quiera.

Declaró la guerra a todo el pensamiento crítico, entre el cual el de las feministas.  Nos acusaron a nueve feministas de abortistas y en el 2008 allanaron las oficinas del Movimiento Autónomo de Mujeres. Me acusaron junto con Sofía Montenegro de delitos de triangulación de fondos y desde entonces han mantenido una feroz persecución política, una campaña de odio, difamación y estigmatización contra las líderes feministas y las organizaciones de mujeres.

El único logro en esta última década fue en el 2012 con la aprobación de la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779). Para mí fue una bocanada de aire fresco en medio de tanto retroceso, pero la celebración nos duró menos del año, porque en 2013 mandó a reformarla.

Y para colmo de males, comenzaron de facto a desmantelar el Programa Nacional de las Comisarías hasta su cierre definitivo en 2015.  Ello ha significado echar a la basura toda la atención especializada, el sistema de protección y el acceso a la justicia de las víctimas, así como el despido de todo el funcionariado interdisciplinario de atención y la reubicación de personal policial en otras dependencias, dejando en total desprotección a las mujeres.

Llegamos al 2018 confrontadas con el poder dictatorial, en rebeldía y poniendo resistencia ante cada atropello. La rebelión de abril despertó la conciencia ciudadana, la valentía de la juventud demandó el cambio de régimen, pero también despertó la monstruosidad de la dictadura.  En lo personal, me llena de esperanza, el ver una nueva ola feminista sumándose a nuestras demandas, pero también me duele el alma porque el costo que están pagando es demasiado alto. Nunca pensé que 30 años después, volveríamos a tener el desafío histórico de cambiar el país, para restablecer las libertades. Ojalá esta vez como sociedad podamos cerrar el ciclo la violencia para vivir en paz.